Masificación y descontrol: la gestión de la narcosala del Raval se tambalea

La gestión de la narcosala del Raval vuelve a estar en entredicho. El Centro de Atención y Seguimiento de las Drogodependencias (CAS) Baluard es, desde hace años, uno de los focos de conflicto del antiguo barrio barcelonés. Este equipamiento sociosanitario ha sido apodado por un segmento del vecindario como el "tumor maligno" de la zona por "atraer suciedad e inseguridad".

La narcosala fue desplegada en 2005 por Imma Mayol, la histórica dirigente de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). En ella trabaja un equipo de educadores sociales que fue ampliado notablemente  –ante la creciente demanda– en el año 2018, de 10 a 21 personas, y atiende a una media de 800 personas al mes, de las cuales 500 hacen uso de las salas de consumo supervisado. 

A pesar de que en los últimos meses ha habido una "calma encubierta" por el frío y otros factores, que propiciaron que disminuyesen un 20% los usuarios, el edificio situado en la avenida de Drassanes vuelve a dar problemas, según comentan fuentes vecinales a Metrópoli Abierta.

Un grupo de toxicómanos frente a la narcosala Baluard / HUGO FERNÁNDEZ

SUCIEDAD E INSEGURIDAD

Los vecinos relatan que durante el invierno la situación ha estado más tranquila, pero que con el buen tiempo vuelve a haber trajín de usuarios. Estos defecan y orinan en los portales, no dejan descansar a los vecinos y acampan en las inmediaciones. Incluso "han llegado a intentar okupar el descampado de Peracamps, pero ha sido impedido por la presión ciudadana", explican. La impunidad con la que actúan y la suciedad que generan no es la única preocupación del vecindario. La inseguridad también juega un papel importante. 

Óscar, uno de los residentes más insistentes en la lucha contra la gestión de la narcosala asegura a Metrópoli que el riesgo es constante: "Ayer un hombre de unos 40 años se vino hacia mí diciéndome que me iba a pegar una paliza. Se fue hacia la narcosala y a los cinco minutos volvía a increparme", relata. 

Durante los meses de verano, cuando más candente estaba el ambiente, el consistorio instaló una patrulla fija de la Guardia Urbana para evitar enfrentamientos y consumo en la vía pública. A día de hoy, no hay presencia policial estática en las inmediaciones de la sala de venopunción delimitada por las calles de l'Arc del Teatre, de Peracamps y del Cid. 

"MALA GESTIÓN"

Los residentes también cargan contra la supuesta mala gestión sanitaria del equipamiento: "Dan demasiadas jeringuillas a los drogodependientes". Explican que "distribuyen la droga a los niños de la cola" y que consumen en la calle sin supervisión de los educadores sociales. "El otro día un vecino contabilizó a ocho personas pinchándose en la calle", aseguran. Tras el "chute", los elementos de consumo inyectable son abandonados en la vía pública, suponiendo un "peligro público para las familias con niños y mascotas que viven por la zona". 

Tal y como se puede ver en las fotografías a las que ha tenido acceso este medio, las inmediaciones del CAS Baluard están plagadas de jeringuillas usadas. Según pudo saber Metrópoli el pasado verano, tan solo de 7.00 a 11.00 horas de la mañana un trabajador municipal recogía ni más ni menos que 120 jeringuillas en el parque en el que se encuentra situado el equipamiento sociosanitario. Una cifra escalofriante, teniendo en cuenta que la sala de venopunción tiene un horario de 7.00 a 22.00 horas durante los 365 días al año. 

Jeringuillas usadas por usuarios de la narcosala / CEDIDA

PETICIÓN A COLAU

Otro de los aspectos que inquieta a la población del Raval es la transmisión del covid-19 en los alrededores de la narcosala. Los consumidores se concentran en grandes grupos sin distancia de seguridad ni mascarillas. El libre albedrío sanitario se agrava ante la cercanía de la sala de consumo y el Centro de Asistencia Primaria (CAP) de Drassanes. Ambos equipamientos se encuentran a 65 metros de distancia. 

La desesperación vecinal ha llegado a promover recogidas de firmas y reuniones con las administraciones y las fuerzas policiales para mejorar la situación del espacio afectado. Este jueves, 8 de abril, un colectivo vecinal de 700 integrantes ha enviado una carta dirigida a Ada Colau, con el fin de hacer saber a la alcaldesa cuál es la "lamentable situación" a la que se enfrentan a diario. En la misiva, el conjunto vecinal invita a la primera edil del consistorio a visitar los alrededores del CAS Baluard y a conocer de primera mano la realidad del mismo. El escrito describe, una a una, las problemáticas que se producen en la zona e implora que se descarte la posibilidad de ampliar la narcosala. Argumentan que, de tomarse la decisión, solo provocaría un "aumento de las consecuencias". 

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS

Precisamente esa es una de las opciones que tantea la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). El organismo municipal es conocedor de los contratiempos que se producen alrededor del CAS Baluard y "comparte la preocupación del vecindario por las situaciones puntuales que se puedan generar", según explican portavoces de la administración. 

La ASPB asegura que "el Ayuntamiento de Barcelona trabaja para reducir el impacto que la concentración de personas con drogodependencias puede tener sobre el espacio público y una parte del vecindario". Por ello tiene como intención "ampliar la atención de los CAS y en ningún caso cerrar ninguno". 

OPINIÓN EXPERTA

Xavier Ferrer Pérez, Director del Máster en Drogodependencias de la Universitat de Barcelona (UB), también ha querido valorar el estado actual de la sala de consumo supervisado. El experto argumenta que "el mercado de la droga siempre ha existido en el casco antiguo de la ciudad", por ello rechaza el efecto llamada del que hablan algunos vecinos. Ferrer confirma que los centros de venopunción de sustancias estupefacientes "funcionan y hacen un servicio público", pero incide en que es "importante que los lleven profesionales y organizaciones especializadas y con formación".

Ferrer justifica que los toxicómanos son "una población muy conflictiva, muy difícilmente manejable y con una enfermedad mental asociada". Asegura que "si no existiese la sala, también habría consumo fuera, pero que se daría en portales o en las calles donde está la venta" –situación que habitualmente se produce en los portales de los edificios–. 

El experto argumenta que el Ayuntamiento de Barcelona y el equipamiento sociosanitario podrían mejorarlo y evitar el consumo sin supervisión incidiendo en el control y la guardia del exterior de la sala. Por ello tilda de "ignorante" la propuesta vecinal del traslado de la narcosala y valora que "el hacer limpieza, ampliar la sala o tener espacios se ha complicado con el covid". Culmina diciendo que Barcelona es el único municipio de España que tiene diversas salas de venopunción y que ninguna de ellas "actúa como factor de concentración".

Toxicómano inyectándose heroína ante la supervisión de un educador social fuera de la narcosala del Raval / CEDIDA

PROBLEMÁTICA ENQUISTADA

Los estragos que acarrea la narcosala del Raval son un quebradero de cabeza que lleva persiguiendo a los vecinos desde 2016. A pesar de las continuas quejas y los incidentes que durante años se han ido produciendo, las administraciones todavía no han dado con una solución efectiva que permita llevar a cabo la finalidad sociosanitaria del centro sin damnificar al vecindario.

La escasa efectividad de los equipamientos se reproduce en otras zonas de la ciudad, como el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, donde se da un panorama similar. 

OTRA NARCOSALA PROBLEMÁTICA

Natalie (nombre ficticio por temor a represalias), una vecina de la narcosala ubicada en el CAP de la calle Rec Comtal, explica que, a diario, se realiza "la fiesta de la heroína" en las cercanías del equipamiento. La afectada relata a este medio que los usuarios de la sala de consumo supervisado "defecan en la calle y en los portales; se pelean drogados y hasta copulan en la vía pública". 

"Recibimos amenazas de los usuarios. En los dos últimos años se ha vuelto un barrio inseguro", añade Jorge, propietario del bar Torres, uno de los negocios afectados. 

Morralla y jeringuillas en el exterior de la narcosala del CAP Rec Comtal / CEDIDA