Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge

Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge SIMÓN SÁNCHEZ BARCELONA

Economía

Som Habitatge propone elevar a 100 viviendas el umbral del gran tenedor: “Con 15 pisos no influyes en los precios”

La asociación pide no criminalizar al propietario por la crisis residencial y presenta un plan de 15 medidas para ampliar la oferta con seguridad jurídica

Entrevista: Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge: “La confianza con las administraciones se ha roto”

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El crecimiento demográfico, sumado a la reducción de las unidades familiares, ha disparado la demanda de vivienda en un mercado donde la oferta escasea más que nunca. A esta situación se suman unos precios por las nubes, el encarecimiento de los costes de construcción y la falta de suelo disponible para levantar nuevos pisos.

Ante este desolador escenario, Som Habitatge –la asociación que defiende los intereses de los propietarios en Barcelona– señala que garantizar el acceso a la vivienda es responsabilidad de la Administración, “no del propietario privado por la vía de la regulación”.

“Cuando la norma hace recaer la función social sobre el propietario –limitando rentas, alargando la recuperación del inmueble o imponiendo obligaciones de carácter asistencial–, el resultado es previsible: la oferta desaparece y el problema se agrava”, apunta Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge.

Frente a esta situación, la asociación ha presentado un plan de 15 medidas para ampliar el mercado residencial y la oferta asequible, con seguridad jurídica y un equilibrio entre derechos y deberes.

Plan de 15 medidas

La propuesta, presentada por Puigdevall junto a Eduard Soler, miembro de la junta, plantea actuaciones que engloban desde la ampliación de la oferta y la rehabilitación y movilización del parque residencial existente hasta el reequilibrio de los derechos de propietarios e inquilinos y la garantía del acceso a la propiedad.

Cuatro bloques con los que Som Habitatge pone sobre la mesa la necesidad imperante de “revisar las políticas actuales” y volver a situar en primer plano “el acceso a la propiedad”. “La política de vivienda la ha dejado en segundo plano porque se ha concentrado en los últimos años en el alquiler. No se debe renunciar ni penalizar la propiedad”, señala Puigdevall, que destaca que “es la principal vía de ahorro y de seguridad patrimonial de las familias”.

Un hombre observa precios de vivienda de compra y alquiler en una inmobiliaria

Un hombre observa precios de vivienda de compra y alquiler en una inmobiliaria EFE

Desde la asociación destacan, entre las actuaciones más urgentes, la eliminación del sistema actual de limitación de rentas. Según sostienen, esta regulación ha encarecido las viviendas menos atractivas del mercado hasta situarlas al precio de referencia, mientras que aquellas con mejores condiciones, que deberían ser más asequibles, han desaparecido para destinarse a la venta.

Redefinir al gran tenedor

Para dejar de criminalizar al propietario, desde la junta directiva remarcan la necesidad de reivindicar la presunción de buena fe de los caseros y superar el clima de confrontación que, según Som Habitatge, “ha distorsionado la imagen pública del sector”. Por eso, Puigdevall y Soler proponen redefinir el concepto de gran tenedor y adaptarlo al modelo europeo.

Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge

Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge SIMÓN SÁNCHEZ

“Un gran tenedor debe ser aquel que tiene capacidad para influir en los precios del mercado”, sostiene la directora general. “Una persona con 5 –cantidad fijada en Catalunya–, 10 o 15 inmuebles no la tiene y, por lo tanto, no debe ser considerada gran tenedora”, añade. Según la misma, esta figura debería replantearse y reservarse para quienes dispongan de “como mínimo, 100 viviendas”.

Agilizar los desahucios

Entre sus principales demandas, también reclaman una reforma legislativa que agilice los desahucios por impago del alquiler. Desde Som Habitatge defienden que, en estos casos, el arrendador pueda recuperar su inmueble “en un máximo de dos meses”. Si se trata de una okupación ilegal, piden que la posesión se restituya en un plazo de 48 horas. Actualmente, denuncia la asociación, estos procedimientos se prolongan hasta dos años.

Por otro lado, Puigdevall también exige un mecanismo público de garantía o un seguro de cobro que proteja al casero en caso de impago. “En situaciones de vulnerabilidad, el alojamiento alternativo o la protección del inquilino debe correr a cargo de la Administración”, concluye.