Ada Colau y Eloi Badia, acusados por el sector funerario / METRÓPOLI ABIERTA

Ada Colau y Eloi Badia, acusados por el sector funerario / METRÓPOLI ABIERTA

Economía

El sector funerario carga contra Badia y la Generalitat

PANASEF niega que los operadores hayan subido precios con la pandemia del coronavirus

28 marzo, 2020 19:20

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El sector funerario se siente maltratado tras el decreto de la Generalitat sobre la intervención de precios en el sector funerario que propuso Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica. PANASEF (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Funerarios) ha expresado este sábado su rechazo a una resolución que exige un sacrificio a los operadores privados, mientras Cementiris de Barcelona, la empresa municipal que preside Badia, mantiene sus precios por los entierros e incineraciones.

COMUNICADO DEL SECTOR FUNERARIO

PANASEF ha emitido un comunicado en el que ha querido hacer público su total desacuerdo con la intervención de precios. La asociación asegura que se ha apuntado innecesariamente a las empresas funerarias, acusándolas de que incrementarán sus precios cuando esto es "absolutamente incierto". Los servicios funerarios ratifican que "Los precios siguen siendo los mismos antes y durante esta pandemia, públicos y conocidos por la Autoridad competente". 

Como consecuencia de las diferentes órdenes para preservar la Salud Pública, PANASEF aplaude que fueron los primeros en solicitar importantes servicios funerarios como las salas de vela, ceremonias y otros artículos complementarios, que se ha dejado de prestar y de facturar). La asociación ha querido recordar en el comunicado que "el porcentaje de aseguramiento de los servicios de este sector es altísimo (con tasas medias superiores al 60% y en algunas localidades de hasta el 80%) estando cubiertos las defunciones por coronavirus, al igual que sucede con otras enfermedades contagiosas, según las condiciones de las pólizas contratadas". 

QUIEREN QUE SE EVITE CUALQUIER SUSPICACIA

Por su parte, los Servicios Funerarios defienden que "antes de la contratación de un servicio funerario se disponga de un presupuesto por escrito, donde las partes estén de acuerdo y se evite cualquier suspicacia sobre los servicios contratados y el precio de los mismos", alegando la principal medida de transparencia. En el comunicado también se ha recalcado que el esfuerzo de los profesionales funerarios y sus empresas durante estos tristes días "está siendo ejemplar". PANASEF ha especificado que estos están "trabajando incesantemente durante 24 horas al día, exponiendo su salud personal y ofreciendo a la sociedad un servicio imprescindible".

Por último, el sector funerario ha querido honrar la solidaridad y colaboración entre distintas empresas nacionales para ayudar a zonas especialmente afectadas. También ha especificado que por la excepcionalidad y riesgo de la situación en la que se encuentra España, los esfuerzos de las administraciones deberían centrarse en atender a la sociedad "y no en tener que dedicar tiempo a recurrir medidas no fundamentadas, intervencionistas y rara vez vistas en el periodo democrático".

BADIA TAPA SUS FRACASOS

Badia aprovecha el decreto de la Generalitat para tapar su fracaso como máximo responsable de Cementiris de Barcelona. La empresa municipal se ha visto completamente desbordada por el aumento de fallecimientos en la capital catalana la misma semana que el Ayuntamiento ha cobrado las tasas de mantenimiento de los nichos a los barceloneses. El precio de las tasas de 2020, curiosamente, se ha duplicado en un año.

En la última década, Cementiris de Barcelona ha tenido uno beneficio aproximado de 20 millones de euros. Es decir, unos dos millones de euros anuales. A pesar de ello, solo el 2% de sus servicios funerarios son bonificados o gratuitos, según cifras de la misma empresa municipal.

La buena salud económica de Cementiris contrasta también con las graves deficiencias detectadas en el mantenimiento de sus instalaciones y que vivió su capítulo más bochornoso el 15 de septiembre de 2017. Ese día se derrumbaron 144 nichos y la empresa municipal cometió muchas irregularidades. Hizo caso omiso a las grietas detectadas dos días antes, no avisó a los bomberos tras el hundimiento y se mezclaron restos de cadáveres en las horas siguientes al derrumbe.