El director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, y el alcalde de Viladecans, el socialista Carles Ruíz, han firmado este viernes el protocolo para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética. El objetivo del protocolo es fijar el procedimiento para garantizar el suministro de agua a quienes no lo pueden pagar por falta de recursos económicos, en aplicación de la Ley 24/2015.
El protocolo se suma a las medidas puestas en marcha unilateralmente desde hace cinco años por Aigües de Barcelona para no cortar el agua a nadie que no la pueda pagar. Desde 2012, además de garantizar el agua, la compañía dispone de un Fondo de Solidaridad para ayudar a pagar el consumo de agua a las familias con dificultades.
Este fondo, que se gestiona en coordinación los servicios sociales de los municipios del área metropolitana servidos por Aigües de Barcelona, ya ha bonificado la factura de más de 17.800 familias en situación de vulnerabilidad con una inversión superior a los 6,8 millones de euros. En Viladecans, se han otorgado ayudas a 652 familias, a las cuales se han destinado más de 319.000 euros.
LEY DE POBREZA ENERGÉTICA
De acuerdo con la Ley 24/2015, el protocolo establece el procedimiento que hay que seguir para garantizar el agua a todo el mundo que lo necesita. Según este documento, Aigües de Barcelona tendrá que solicitar un informe de valoración de la situación de exclusión residencial a los servicios sociales del ayuntamiento.
En el caso de que los servicios sociales indiquen que se trata de una persona o de una unidad familiar vulnerable, la compañía garantizará el suministro. El protocolo ya ha sido firmado por los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs, Begues, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Climent, el Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Montcada i Reixac y Castelldefels, y pone de manifiesto el compromiso de la compañía con la ciudadanía y, en este caso concreto, con las familias en situación de vulnerabilidad.
