Una decena de geriátricos de Barcelona, investigados por negarse a dar información

El fiscal de Barcelona encargado del control de residencias de ancianos ha enviado a la vía penal a una decena de geriátricos que no han contestado sus requerimientos de información sobre su gestión de la pandemia, para que se les abra una investigación en caso de apreciarse indicios de delito.

Según han informado fuentes del ministerio público a Efe, desde el inicio de la pandemia, a raíz de la orden de la Fiscalía General del Estado de extremar la vigilancia sobre las residencias de ancianos, se abrieron 255 diligencias preprocesales a geriátricos del partido judicial de Barcelona, el grueso de las cuales acabaron archivadas tras recabarse información de los centros.

Personal atendiendo a la gente mayor de una de las residencias de ancianos de Barcelona / EFE

VISITAS A CENTROS DE ANCIANOS

Antes de la pandemia, la sección de Discapacidad y Atención a Mayores del ministerio público ya tenía entre sus funciones hacer visitas periódicas a los centros de ancianos, un promedio de media docena al mes en el caso Barcelona. El objetivo de estas es detectar si en los centros se ha internado a personas en contra de su voluntad, si se respetan los derechos en la medidas de vigilancia y control -como en las cámaras de seguridad o en las contenciones-, y si se está ejerciendo correctamente la tutela en el caso de las personas incapacitadas.

Con la llegada del covid, esa labor de control se centró en la gestión de los centros ante la propagación del coronavirus, pero el riesgo de contagio obligó a suspender las visitas de los fiscales a los geriátricos, que no se han reanudado todavía aunque está previsto que se haga en verano.

INFORMES 

Según ha explicado a la agencia Antoni Torres, fiscal coordinador del área de discapacidades de la Fiscalía de Barcelona, ante la imposibilidad de acudir presencialmente a los centros se optó por requerirles informes sobre su actuación la pandemia. En esos requerimientos, que se completaban con información de la Generalitat, se preguntaba a los centros por el número de residentes enfermos o fallecidos por coronavirus, las medidas que se estaban adoptando para evitar contagios y de qué forma se garantizaban los derechos de comunicación de los internos con sus familiares.

En más de un 90% de los casos las residencias dieron a la Fiscalía explicaciones "razonables" sobre su actuación frente al coronavirus, teniendo en cuenta las "circunstancias y el contexto" del inicio de la pandemia, cuando escaseaba al material sanitario y la sanidad llegó al colapso por el elevado número de infecciones y hospitalizaciones.

Por ese motivo, se han acabado archivando el grueso de diligencias preprocesales abiertas a residencias, aunque se han remitido al área penal de la Fiscalía para que investigue si ve indicios de delito una decena de casos de residencias que no contestaron los requerimientos o no respondieron a lo que se les preguntaba.

Una residencia de ancianos durante la pandemia del Covid-19 / EFE