'Casa Órsola': El Sindicat de Llogateres sale en defensa de Tono Hernández

La Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample y el Sindicat de Llogateres exigen a la propiedad de la Casa Orsola, Lioness Inversiones, que abra vías de negociación directas con los vecinos porque avisan de que no se marcharán. Lo han explicado representantes de ambas entidades a las puertas de la Ciutat de la Justicia, donde este miércoles se celebra un segundo juicio contra uno de los inquilinos que no ha dejado el piso al finalizar el contrato de alquiler.

Se trata de Tono Hernández Bladé, un conocido ejecutivo  productor ejecutivo de programas de éxito como Eufòria o Persona Infiltrada, al que el contrato se le acabó en julio pero se resiste a ir y sigue viviendo en el piso. Desde la Xarxa, Albert Freixa no dio "ninguna validez" al juicio y criticó que el propietario se está "enrocando" no queriendo negociar la renovación de los contratos. Tono es el segundo inquilino que llega a juicio denunciado por la finalización del contrato. El primer desahucio de un vecino de la Casa Orsola estaba previsto para este 14 de febrero, pero el juzgado le suspendió hasta nueva fecha. Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona se ha ofrecido para mediar entre ambas partes y también existe sobre la mesa la posibilidad de comprar el edificio (aunque el Ayuntamiento desestimó la opción de tanteo que tuvo en un inicio antes de que Lioness Inversiones comprara el inmueble).

SUBIDA DEL PRECIO

Desde las entidades por la vivienda afirman que el objetivo es reformar las viviendas y realizar alquileres de temporada a precios de lujo. De hecho, el portavoz del Sindicat, Enric Aragonès, asegura que ya se ha producido un primer alquiler de estas características de uno de los pisos que está vacío y se ha realizado a un precio de 2.400 euros: "El alquiler de temporada está siendo una rendija por la especulación", ha dicho a las puertas de la Ciutat de la Justicia.

Por todo ello, reclaman vías de negociación individual para renovar los contratos de alquiler. Freixa ha explicado que en el único intento de negociación real que se produjo hace unos meses sufrieron "coacciones" y terminaron levantándose de la mesa. Desde entonces, afirmó que no se produjo "ni una sola voluntad de negociación" y sólo se encontraron con querellas contra los vecinos que decidieron continuar en sus pisos. Por ello, lamentó que, por ahora, la negociación está en "vía muerta". "Piden que se abran vías de negociación o el conflicto se enquistará porque no pensamos marcharnos del edificio", ha alertado Freixa.

VERSIÓN DE LA PROPIEDAD

Una versión que no tiene nada que ver con la de la propiedad. Según manifestó María José Tarancón, representante legal de la propiedad de Casa Orsola, ésta siempre ha estado abierta "a entablar conversaciones con los inquilinos a los que les ha finalizado el contrato". "Ya lo hemos hecho cuando hemos podido acceder a los inquilinos sin la intromisión del Sindicat de Llogateres, y dispuestos a hacerlo también con sus representantes legales siempre y cuando se identifiquen y acrediten dicha representación”.

Según Tarancón, la propiedad verificó la situación de los contratos de arrendamiento existentes “con la intención de renovar el edificio que tenía infinidad de carencias estructurales, reformar y arrendar algunas viviendas cuyos contratos finalizaban en el corto plazo, respetando escrupulosamente el resto los contratos indefinidos y a término existentes”.

Según la abogada, el conflicto comienza cuando cuatro inquilinos con contratos finalizados se niegan a desalojar sus viviendas, una vez que la propiedad les comunica la resolución de estos: “Contratos que finalizaban en el corto plazo, respetando escrupulosamente el resto los contratos indefinidos y a término existentes”, afirma Tarancón.

La propiedad considera que el Sindicat de Llogateres pretende convertir en un problema colectivo inexistente la finalización de cuatro contratos en el corto plazo “y sin que hayan identificado a qué vecinos representan”.

 “Por otro lado, hay que indicar que hemos sufrido la okupación de dos pisos de la finca en una acción promovida por esta plataforma y por determinados vecinos de esta. Obviamente, de momento no se dan las condiciones para poder entablar conversación alguna”, asegura la defensa.

l Sindicat de Llogateres había apuntado a la vulnerabilidad de algunos de los inquilinos para defender una negociación colectiva y alquileres asumibles para estos, extremo que la propiedad desmiente rotundamente.

“No se ha acreditado que en ninguna de estas 4 viviendas con contratos finalizados hayan acreditado su vulnerabilidad. Es más, se les ha interpuesto las correspondientes demandas judiciales, por expiración contractual del plazo sin entrega de la vivienda, y tampoco lo han acreditado en sede judicial", aseguran.

INQUILINOS

Desde la propiedad insiste en que se mantiene la postura abierta al diálogo. Como ejemplo, la abogada apunta el caso de la renovación del contrato a una inquilina de edad avanzada residente en la finca “a la que la compañía le renovó el contrato después de contactar con ella”.

Para ello, la propiedad considera necesario que se mantenga un estricto respeto a la legalidad, así como “el cese de las acciones de asedio y difamación de la compañía y de sus representantes”. “A partir de ahí, dispuestos, como siempre hemos dicho y hecho, a tratar cada caso individualmente y a ofrecer propuestas de solución dentro del marco legal vigente y adaptadas a mercado”.

PAPEL DE COLAU

Para María José Tarancón, uno de los elementos que ha enturbiado las conversaciones con los arrendatarios afectados ha sido la carta que, en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, les remitió la alcaldesa Ada Colau, para interceder en la renovación de los contratos de alquiler que llegaban a término: “Consideramos que se trata de una grave injerencia del máximo responsable del consistorio en un asunto que es estrictamente privado entre una empresa que actúa siempre dentro de la más estricta legalidad, defendiendo sus legítimos intereses, y tan solo unos pocos inquilinos sin título en vigor”.

Para la abogada, “como toda institución pública, el consistorio debe respetar los procedimientos judiciales y no interferir en los mismos. Además, el Ayuntamiento desistió y no ejerció su derecho de tanteo cuando le fue comunicada la operación de compra de la finca”.

En estos momentos, la propiedad está estudiando los posibles ilícitos cometidos, y el perjuicio económico derivados de los mismo, para interponer los correspondientes procedimientos judiciales si fuera el caso.