Multas irregulares en Badalona: la grúa municipal sanciona a vehículos de manera ilegal

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 14 de Badalona ha dado la razón a un ciudadano del municipio que denunció el llamado procedimiento "fotogrúa" o "fotomulta". El hombre, al que la grúa municipal le llevó el coche el pasado 9 de junio de 2021, presentó el recurso tras detectar una serie de irregularidades.

Según el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debe ser un agente de la autoridad el que sancione y avise a los operarios de la grúa para retirar un vehículo mal estacionado en la vía pública. Sin embargo, en este caso no intervino ningún policía. Fueron los propios operarios de la la empresa municipal Ens Gestió Urbanística S.A. (ENGESTUR, SA) quienes realizaron la fotografía y, bajo su criterio, se llevaron el coche. Una manera de proceder que un juez ha calificado como ilegal y ante la que el Ayuntamiento todavía no ha respondido, un año y medio después del episodio y tras una odisea administrativa que parece no tener final.

UN AGENTE INEXISTENTE

Los hechos denunciados tuvieron lugar el 9 de junio de 2021, en la calle Bernat Metge de Badalona. El denunciante acudió a las puertas del colegio Mare de Déu de la Salut con el coche para recoger a su hija, que salía de la escuela a las 17:00 horas. "Todos los padres aparcamos un momento en la calle, que tiene dos carriles de un único sentido. No son más de 10 minutos y tampoco se obstaculiza la circulación", explica a Metrópoli el afectado que, cuando regresó al vehículo con la pequeña, vio que la grúa ya se lo había llevado.

El primer detalle de la multa que llamó la atención del ciudadano fue el número de TIP del agente de la Guardia Urbana que supuestamente lo sancionó. En el papel, emitido por Engestur, aparece que el supuesto guardia es el 00877. Un número que no pertenece a ningún policía, tal y como ha podido saber este medio. "A partir del 800, son gruístas", apuntan las fuentes policiales consultadas para este artículo. Lo que significa que, en el momento de la multa, no hubo ningún agente de la autoridad presente, como indica la ley.

La calle Bernat Metge de Badalona donde la grúa se llevó el coche / GOOGLE MAPS

DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA

En el acuerdo de incoación emitido días después por el Ayuntamiento, hubo un cambio sustancial: quien sancionó el coche pasó de ser un agente a un vigilante. Una imprecisión que hizo que el afectado presentase un primer recurso de alegaciones el 1 de julio de 2021. Sin embargo, la jefa de la Oficina de Multes, Mònica Martínez, lo desestimó al poco. "No responden a nada de lo solicitado en el escrito de alegaciones y tampoco se identifica al instructor del procedimiento sancionador. Es una respuesta-plantilla", explica el denunciante.

Lejos de darse por vencido, el 17 de julio presentó un segundo recurso y también contactó con el Defensor de la Ciutadania de Badalona, un organismo que defiende las libertades públicas de los ciudadanos ante la administración municipal. Dos acciones realizadas en vano: en noviembre de 2021, el consistorio desestimó el segundo recurso y desde el Defensor de la Ciutadania le vendieron humo. "Me reúno con ellos y me informan que solicitarán a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe técnico de la viabilidad jurídica del procedimiento sancionador". Un documento que el ciudadano ya había solicitado días antes al consistorio, pero que nunca le facilitaron.

Un parking de Engestur en Badalona / ENGESTUR

El informe, finalmente, llegó al organismo a finales de diciembre. En él, le daban la razón al afectado en, prácticamente, la totalidad de los puntos de su reclamación. Sin embargo, el Ayuntamiento desestimó también la recomendación del organismo y mantuvo su resolución. El Defensor de la Ciutadania de Badalona tampoco le facilitó al ciudadano el informe y concluyó que la única vía restante era la del contencioso administrativo.

"DE AGENTES A VIGILANTES Y TESTIGOS"

Otra contradicción relevante la detectó el ciudadano en una carta que le llegó al buzón de su casa en diciembre del mismo año en la que se le notificaba la desestimación de la devolución del importe de la tasa de la grúa. "Yo no había hecho ningún recurso específico contra la tasa de la grúa, pero ya de oficio me lo desestiman. Otro indicio de un proceder por inercia y de plantilla", explica el ciudadano

En el documento, por una parte se hacía referencia a “agentes de la autoridad”, para seguidamente hablar de “vigilantes”. Posteriormente son “testigos de los que no se tiene por qué dudar de su veracidad". Finaliza, de nuevo, con "agentes de la autoridad".

DEMANDA JUDICIAL

Seis meses después de que se iniciase esta odisea, el 21 de enero de 2022, y ante la inacción municipal y los defectos detectados en todo el proceso, el vecino de Badalona recurrió a una demanda judicial. "Después de un arduo trabajo para localizar un abogado y procurador que me represente, finalmente contrató los servicios de un bufete de Barcelona. Se trata de la traba más importante y con la que cuenta el Ayuntamiento: los honorarios del abogado y procurador suelen ser más elevados que la propia sanción administrativa y las tasas de la retirada del vehículo, y por ello el ciudadano no suele pasar de este punto y acaba pagando una sanción no ajustada a derecho", justifica el afectado.

Con todo, un mes después, a pesar de que las diligencias penales ya se habían incoado y había un procedimiento abierto, el Ayuntamiento de Badalona le embargó la cuenta bancaria.

FALLO A FAVOR

La respuesta se hace esperar, pero el Juzgado Contencioso Administrativo número 14 estima íntegramente el recurso del afectado el 4 de abril. La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, acredita que no se ha demostrado que el denunciante sea agente de la autoridad y que, por tanto, no tiene la presunción de veracidad que el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sí que otorga a los agentes de la autoridad.

Por lo tanto, se deja claro que el procedimiento fotomulta no se ajusta a derecho. ¿Cuáles son las compensaciones? El Ayuntamiento le debe devolver al denunciante la cantidad embargada y la tasa de la grúa que pagó más intereses. Un dinero que, a día de hoy, el hombre todavía no ha percibido en su totalidad. De hecho, en enero de este 2023, su abogado interpuso una nueva demanda judicial para exigir el cumplimiento de la sentencia.

Una grúa se lleva una moto en Barcelona / MA

ELEVADO A LA GENERALITAT

En este punto, el afectado se encuentra con otro "despropósito". Paralelamente a la resolución de la demanda, el hombre solicita a la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) de la Generalitat para reclamar el citado informe de viabilidad jurídica. Desde el organismo lo convocan a una videoconferencia con el Ayuntamiento para poner las cartas sobre la mesa. Un día antes de la llamada, en junio de 2022, el informe llega: "El contenido no tiene nada que ver con un informe de viabilidad jurídica. Se trata de otro documento tipo “respuesta desestimatoria a recursos” y no un informe sustentado en los conceptos legales que legitiman el procedimiento conocido como fotomulta", denuncia el afectado.

El documento, además, está redactado con fecha un día anterior al encuentro online, tal y como admitió la representante municipal. Por su parte, el Defensor de la Ciutadania niega que exista ningún informe, lo que refleja "su poca transparencia y sumisión total al Ayuntamiento".

POSIBLE DELITO PENAL

"Llevo luchando un año y medio", explica, hastiado, el afectado. El hombre tiene claro que las "trabas administrativas" hacen que mucha gente desista de reclamar un proceso "claramente ilegal": "Yo me he gastado el dinero, pero todo está hecho para que no lo hagas". Con todo, no atribuye toda la culpa a los gruístas: "Ellos obedecen órdenes".

Por otra parte, asegura que "podríamos estar hablando de un delito de usurpación de funciones públicas por parte de los operarios de la grúa. Es un delito del código penal". Menciona, también, las características de las fotografías: "Deben responder a un metraje concreto, no puede ser una imagen hecha por cualquier móvil". Lamenta, además, que el Ayuntamiento siga incurriendo en esta práctica: "Lo que me parece más grave es que se siga haciendo".

Por su parte, el consistorio, consultado por este medio, no se ha pronunciado sobre el problema descrito en estas líneas.