Okupas del centro de Santa Coloma impiden una reforma urbanística

El movimiento okupa en el mismo centro de Santa Coloma de Gramenet ya es una realidad más que normalizada en el municipio. Desde mayo de 2018, un grupo de personas okupa el edificio ubicado en calle Pedró, número 14, además de varios bloques delante de la Plaça de la Vila y un local de La Caixa. Según los habitantes, su objetivo es resistir y evitar que se lleve a cabo el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y la gentrificación que el proyecto supone.

El colectivo acusa a la alcaldesa Núria Parlon y al Ayuntamiento de actuar con intereses políticos y económicos para convertir el centro de la ciudad en una zona comercial y destrozar el barrio. Las activistas defienden el valor histórico y cultural de la zona y quieren que el vecindario se quede.

PROYECTO ENCALLADO

Las numerosas acciones que este grupo ha llevado a cabo han provocado la parálisis del PERI, aunque fuentes municipales aseguran a Metrópoli que el PERI avanza "a nivel de planeamiento urbanístico, licencias y demás". Desde el consistorio alegan que el proyecto se diseñó con el objetivo de evitar el deterioro de la zona, donde actualmente hay edificios en muy malas condiciones.

Otro de los objetivos, tal y como está reflejado en la página web del Ayuntamiento, es el de dotar al centro de la ciudad de más espacios y equipamientos de titularidad pública, más vivienda de todo tipo (pública y privada) y reconvertir la Escuela Manent.

Pintadas en una de las casas del centro de Santa Coloma / FACEBOOK

CENTRO SOCIAL OKUPADO AUTOGESTIONADO

Actualmente, el edificio de la calle Pedró se concibe como el CSOA La Ksa Estudi 9. Con un sitio web propio, lo definen como un espacio abierto a todas las personas que quieran participar, feminista, antifascista, anticapitalista, alternativo, autogestionado y libre de cualquier organización política, sindical o de cualquier otro índole. Por otra parte, el bloque de delante de la Plaça de la Vila ha sido cedido a la PAHV, a familias sin hogar.

En unas declaraciones a un medio local del municipio, los okupas señalan no querer ningún tipo de subvención ni permiso de ninguna institución pública, partido o sindicato para llevar a cabo su trabajo "político y social". A pesar de los numerosos requerimientos, el colectivo solo ha respondido a Metrópoli que llevan "toda la vida" en Santa Coloma y que están organizados en el CSOA desde hace cuatro años.

ACTUACIONES POLICIALES

La Policía Local de Santa Coloma y los Mossos d'Esquadra han actuado en diversas ocasiones para desalojar a los habitantes de los bloques okupados. La última tuvo lugar, parece ser, el 25 de marzo en la calle Josep Pedragosa i Banús, 2. Las mismas okupas explican en las redes sociales que creen que el desalojo no se consumó y que son "las legítimas habitantes de la casa".

Otro episodio de las mismas características se vivió el 19 de marzo en un edificio vacío desde hace nueve años, propiedad de un fondo buitre, según el colectivo. En todas las actuaciones, los okupas han denunciado públicamente la actuación desmesurada de la policía y los despliegues de efectivos excesivos.

Agentes de los Mossos en un desalojo este marzo / FACEBOOK

PSC Y CIUDADANOS, EN CONTRA

El grupo municipal de Ciudadanos ha expresado a este medio su indignación con la okupación que el grupo de jóvenes lleva a cabo desde hace cuatro años: "Es una vergüenza que el centro esté okupado, que hayan parado un proyecto urbanístico y que no haya ninguna reacción", señala Dimas Gragera, el portavoz del partido. "Hemos pedido en muchas ocasiones el desalojo inmediato y nos responden que el proceso va por la vía judicial". Gragera también se pregunta, indignado, que si hay okupaciones a 100 metros del Ayuntamiento, "cómo estarán los barrios...".

El consistorio, por su parte, hace una clara distinción entre las okupaciones que impiden sistemáticamente el desarrollo del planeamiento y la construcción de vivienda pública y aquellas que manifiestan vulnerabilidad social, "que están siendo tratadas con la sensibilidad que merecen para encontrar una alternativa habitacional". Respecto al desalojo, el Ayuntamiento asegura que las notificaciones administrativas "siguen su curso".