Colau, imputada por prevaricación y coacciones por defender a okupas

Nuevo varapalo judicial contra el gobierno de Ada Colau. La Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa por los delitos de coacciones y de prevaricación administrativa, según el auto judicial al que ha tenido acceso Metrópoli, por el caso del Bloc Llavors, que estuvo okupado y posteriormente desalojado en el sexto intento por los Mossos d'Esquadra en mayo de 2021. La propiedad es el fondo de inversión Vauras Investment, que a finales de 2020 acusó a Colau de connivencia con los okupas, aunque el caso fue archivado. 

Además de Colau, la denuncia va dirigida contra Marc Serra, concejal de Sants-Montjuïc; Lucía Martín, edil de Vivienda, y Fuensanta Alcalá, responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección. Colau y el resto de cargos municipales tendrán que declarar en calidad de investigados (la antigua imputación). La Audiencia Provincial, además, requerirá al consistorio los correspondientes expedientes administrativos y a Vauras "las resoluciones administrativas adoptadas que viene en tildar de prevaricadoras".

Así, a poco más de un año de las elecciones, previstas para el 28 de mayo de 2023, Colau y dos de sus cargos más relevantes, Serra y Martín, tendrán que sentarse ante la justicia en calidad de investigados. La primera edil de la ciudad ya declaró como investigada, el 4 de marzo, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por la concesión de subvenciones a entidades afines.

OKUPACIÓN DE SEIS VIVIENDAS EN SANTS-MONTJUÏC

El caso judicial se remonta a otoño de 2020. Ese año, Vauras se querelló contra Colau y los otros tres cargos municipales (los dos concejales son de Barcelona en Comú, como Colau) por la okupación de seis viviendas, propiedad del fondo de inversión, en la calle de Lleida, 38, conocidas como Bloc Llavors, en el barrio del Poble-sec.

Protesta contra el desalojo del 'Bloc Llavors' del Poble-sec / EFE

En el momento de iniciar el proceso judicial, Vauras decía que los desahucios se habían suspendido hasta cuatro veces, entre otros motivos, por la violencia del movimiento okupa con el respaldo y la connivencia del Ayuntamiento de Barcelona con los okupas. En aquel momento, la querella fue por coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o usurpación de atribuciones.

ADMISIÓN A TRÁMITE EL 22 DE ABRIL

La querella presentada originalmente fue archivada el 27 de noviembre de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona. Sin embargo, ahora, ha sido revocada parcialmente por la Audiencia Provincial, que ordena admitir a trámite la querella en lo que hace referencia al delito de coacciones y al delito de prevaricación administrativa, según el fallo del 22 de abril de 2022. El resto de delitos de la primera querella no han sido admitidos a trámite.

Vauras atribuye las presuntas coacciones a dos reuniones entre la empresa y el consistorio donde Martín supuestamente "habría reconocido abiertamente el apoyo del Ayuntamiento al movimiento okupa y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social", lo que el Ayuntamiento niega.

Pese a admitir el recurso de apelación, la Audiencia de Barcelona reconoce que Vauras no concreta qué expedientes y ni qué personas son las responsables de las resoluciones que dice que son prevaricadoras, de ahí que el fondo las deberá presentar ante la Audiencia. La falta de pruebas sobre esta acusación de prevaricación fue la mayor crítica que el fiscal y el juzgado de instrucción hicieron a Vauras. 

MULTAS POR VALOR DE 417.000 EUROS

En 2020, el gobierno de Colau sancionó al fondo Vauras Investment con 417.000 euros por no ofrecer alquiler social a los okupas, todos familias vulnerables, en cumplimiento de la Ley de Vivienda de Cataluña. Martín, concejal de Vivienda, valoró entonces las multas como proporcionales. "Hubiera podido llegar a 90.000 euros por unidad familiar", dijo.

La revisión de las multas impuesta por el Ayuntamiento también ha sido admitida a trámite por la Audiencia Provincial. Según la sala, las sanciones podrían ser la "espuria consecuencia" del consistorio contra el fondo por no acceder a ofrecer un alquiler social a los okupas.

ANULADA UNA MULTA

Hace unos días, Metrópoli ya informó que un juzgado de lo contencioso administrativo ha anulado una multa de 70.000 euros que el Ayuntamiento de Barcelona puso contra Vauras Investment por no ofrecer una alternativa de vivienda a un okupa en el barrio del Poble-sec. El hombre había entrado en el piso cuando esta empresa realizaba unas obras de reforma después de comprar el edificio en 2017. La sentencia, que el gobierno de Colau puede recurrir, obliga al consistorio a pagar las costas del procedimiento que podrían ser de varios miles de euros.