La renuncia de Badia, entre querellas y causas judiciales

Eloi Badia, concejal de Ecología en las listas de Barcelona En Comú, no seguirá al lado de la actual alcaldesa Ada Colau. Así lo anunciaba el pasado 18 de enero, cuando señalaba que el motivo de su renuncia es su próxima paternidad.

GOLPES JUDICIALES

El concejal de los comunes ha sido cuestionado desde algunos sectores por su gestión municipal a lo largo de los últimos ocho años, teniendo que hacer frente a varias querellas por su actuación al frente de la incineradora Tersa y la cesión de un inmueble municipal a un colectivo okupa. Además, sufre el desgaste tras haber intentado municipalizar la gestión del agua --intento fallido tras recibir varios reveses judiciales-- o implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para reducir la contaminación de la ciudad.

Planta de Tersa en Sant Adrià / TERSA

POLÉMICA SOBRE TERSA

Una de las principales controversias en la que se ha visto involucrado Badia es la gestión que ha llevado a cabo al frente de la incineradora Tersa. Como presidente de esta compañía pública recae sobre él una denuncia de la Fiscalía y de la plataforma Airenet por un presunto delito ecológico por superar los niveles de contaminación permitidos.

En materia de contaminación, el concejal y también vicepresidente del área de Ecología en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), también se ha visto afectado por la aplicación de la ZBE. Su diseño e implantación generó numerosas protestas de vecinos, entidades y plataformas, que rechazaban el ámbito de aplicación y el alcance de las exigencias a los vehículos.

A esto se suma las situaciones judiciales de los últimos meses. La primera en marzo de 2022, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que tumbó la ZBE al alegar que el ámbito geográfico de aplicación era excesivo. Por ahora, el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB han apelado esta suspensión al Tribunal Supremo, que debe pronunciarse próximamente de la legalidad de la ZBE.

El segundo vino en diciembre de 2022, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no cumplir con los altos niveles de contaminación y la falta de medidas correctoras en ciudades como Madrid y Barcelona.

OKUPAS

Otra de las principales polémicas ha sido su decisión de ceder la antigua comisaría de la Policía Nacional en el barrio de Gràcia, conocida como el Casal Tres Lliris, a una asociación okupa del barrio. El edificio, que fue okupado en noviembre de 2015 por la Associació de Joves de Gràcia, contó con el beneplácito del Ayuntamiento para que en 2017 esta asociación renovara por cuatro años más su estancia en este inmueble de titularidad pública.

Imagen del casal okupado Tres Lliris este miércoles / G.A

Sin embargo, el consistorio no tuvo en cuenta el vecindario, molestos y hartos sobre el incivismo de los okupas y que finalmente acabaron denunciando por malversación y prevaricación al consistorio ante la justicia, lo que implicó la apertura de un juicio contra Badia, quien declaró el pasado septiembre por estos presuntos delitos. Algunas informaciones indican que Badia autorizó que se destinaran más de 40.000 euros para reparar varios desperfectos del local para mejorar sus condiciones y la insonoridad del edificio.

GESTIÓN DEL AGUA

El asunto sobre la municipalización del agua se remontan a cuando el ejecutivo de Colau intentó tirar adelante a lo largo de la primera legislatura el proyecto de una multiconsulta que incorporaba una pregunta sobre la gestión del agua, pero al no contar con la mayoría suficiente en el pleno del consistorio, la propuesta no acabó tirando adelante.

Además, dicha consulta acabó siendo anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en noviembre de 2019 dado que la normativa no se sometió a un segundo periodo de exposición pública después de introducir modificaciones relevantes con posterioridad a su votación. Asimismo, el tribunal argumentó que las consultas locales deben ser autorizadas por el Gobierno de España, algo que no sucedió.

A todo esto, hay que sumar que el Tribunal Supremo avaló en una sentencia, también en noviembre de 2019, la creación de la empresa mixta entre Agbar y el AMB, ente presidido por Ada Colau. Así, se daba carpetazo a la posibilidad de que la gestión del agua en la ciudad pasará a manos municipales.

PUERTA A PUERTA

El sistema individualizado de recogida de residuos, conocido como “puerta a puerta” y que se introdujo en 2021 el barrio de Sant Andreu de Palomar a modo de prueba, también generó polémica. Numerosas han sido las críticas recibidas por parte de los vecinos, que han apuntado al concejal de los comunes como responsable de los problemas de esta medida, así como su obstinación por querer aplicar rápidamente el sistema de recogida sin el consenso necesario.

En la actualidad, vecinos continúan mostrando su rechazo mediante diversas manifestaciones, quejas en los consejos de barrios y protestas en actos protagonizados por el concejal. Su razón es que el “puerta a puerta” aumenta la suciedad en las calles, favorece la aparición de ratas. A raíz de las protestas vecinales y de la oposición, este sistema no se ha llegado a extender a otros barrios.

FUNERARIA

Otra de las medidas que anunciaron los comunes en la pasada campaña electoral fue la de proponer la creación de una funeraria pública, con el intento de desprivatizar el sector fúnebre en Barcelona. El ejecutivo de Colau intento vender el 15% que le quedaba sobre la empresa Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) motivando así, según denunciaron los críticos con esta medida, el efecto contrario que predicaron en la campaña de 2019 con la privatización total del sector.

El mantenimiento de cementerios municipales también ha sido motivo de disputa, llegando a provocar el derrumbe de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc en 2017. Esto hecho motivó una querella contra el concejal acusándolo de varios delitos, dado que el derrumbe ocasionó que los restos óseos de los difuntos quedaran al descubierto mezclándose entre ellos.

Grieta abierta tras el derrumbe de 144 nichos en el Cementerio de Montjuïc

Además de las carteras de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia es el concejal del distrito de Gràcia, así como el presidente del Institut Municipal de Parcs y Jardins de Barcelona. Precisamente, esta última empresa se vio afectada por una denuncia de acoso sexual. Por esta razón, el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona condenó en 2021 a la empresa municipal a indemnizar a dos trabajadoras que habían sufrido acoso machista.

A raíz de esta sentencia, el Síndic de Barcelona abrió una actuación de oficio para saber cuál es la situación actual en este organismo municipal con respecto a la desigualdad y la discriminación por razones de sexo, así como identificar qué acciones se han llevado a cabo para la prevención de situaciones de acoso. El sindicato CGT llegó a pedir la dimisión de Badia, ya que entendía que este actuó con pasividad y que ignoró las peticiones de reunión que se le hacían.

MÁS PROYECTOS CRITICADOS

Otro episodio fue cuando el Ayuntamiento eliminó el parque ubicado entre la Ronda de Dalt y la carretera de Sant Cugat para construir en su lugar dos bloques de 34 viviendas de carácter dotacional, un hecho que motivó la manifestación de los vecinos de Vallcarca y los Penitentes.

Panorámica de Baixada de la Glòria, una calle de Vallcarca con un gran desnivel / INMA SANTOS

También recibió críticas Badia por el proyecto de la Baixada de la Glòria, puesto que algunos vecinos ven limitada su movilidad en el barrio por lo que considran nulo mantenimiento e inversión en las escaleras mecánicas que les conectan los servicios básicos de la ciudad.