Un convoy de la L5 del metro en una estación, en Barcelona / TMB
Un convoy de la L5 del metro en una estación, en Barcelona / TMB

La ATM reclama al Estado que aumente su aportación para el transporte público

Pere Torres responsabiliza al Gobierno central por “congelar” la financiación, al contrario de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat

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Manel Manchón
Periodista

El transporte público se ha convertido en el centro de una batalla entre administraciones. Tras la petición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de subvencionar con mayor determinación títulos de transporte como la T-Usual, y las criticas por lanzar propuestas “populistas” por parte de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la ATM mira ahora al Gobierno central. El presidente de la Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres, reclama al Estado que incremente “de manera notoria” su aportación al conjunto del transporte público.

Torres, junto al secretario general del departamento de Vicepresidencia de la Generalitat, Ricard Font, ha considerado que la administración central no está colaborando con la misma intensidad a como lo hace el Ayuntamiento de Barcelona o la Generalitat.

Según Torres, la aportación del Gobierno a la ATM se ha reducido hasta los 109 millones para 2022, cuando el año anterior fue de 149 millones. “Muchos de los esfuerzos”, además, que debe realizar el transporte público, están fijados por el Estado, como las emisioones de gases o los estándares de calidad de aire. Sin embargo, la aportación económica es menor.

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La disyuntiva es clara, a juicio de Torres, o una mayor aportación de las administraciones públicas o una subida de las tarifas para los viajeros. El contraste lo marca, según la ATM, la aportación de las otras dos administraciones, que “han aumentado” la financiación.

Ricard Font ha añadido que la nueva ley del Estado para financiar el transporte no ha incorporado “nuevas aportaciones” a los sistemas de transporte público de Barcelona y de Madrid, las dos grandes ciudades españolas que deben prestar mayores servicios a los ciudadanos.

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