El amianto, un nuevo problema en la agenda de Colau

La gestión de la eliminación de los elementos de construcción que contienen amianto y que todavía existen en Barcelona es un problema que debe afrontar el Ayuntamiento de la ciudad de manera urgente. Esa es la petición que la Síndica de Geugues de Barcelona, Maria Assumciò Vilà, le ha hecho a la alcaldesa Ada Colau.

La Síndica ha cuestionado la forma en que el Ayuntamiento ha gestionado hasta ahora este asunto y ha hecho referencia a una queja presentada por un ciudadano en junio del año pasado por varios derrumbes del techo producidos en una nave abandonada en la calle Violant d'Hongria Reina d'Aragó, en el distrito de Sants-Montjuïc. El techo era de uralita, elemento que contiene amianto, por lo que resulta muy peligroso cuando se rompe y libera las fibras de amianto que son cancerígenas. Ni la actuación de los bomberos ni la de la Guàrdia Urbana fueron suficientes para que los responsables del consistorio tomaran las medidas adecuadas para paliar el peligro que suponía para los vecinos la existencia de amianto en dicha nave industrial.

Es más, en un Pleno Municipal se instó al Ayuntamiento a tomar de manera urgente cartas en el asunto, aunque la respuesta del los responsables municipales no llegó hasta marzo de 2017, cuando aseguraron que instarían a los propietarios de la nave a retirar los restos de la cubierta. Pero no fue hasta enero de este año, 19 meses después de las primeras denuncias, que se procedió al derribo de la nave, muy tarde en opinión de la Síndica.

Esta tardanza ha motivado la exigencia de la Síndica para que el consistorio estudie el contenido de la resolución de la Unión Europea que insta a los estados miembros a poner en marcha la elaboración de un censo de edificios públicos y privados en los que se detecte la presencia de amianto y a procede a eliminar de forma segura dichos elementos.

La respuesta de la Agencia de Salud Pública del Ayuntamiento a la Síndica ha sido traspasar la responsabilidad de este asunto a los distritos, asegurando que, ante la falta de regulación estatal, autonómica y municipal en este sentido, el control de la presencia de amianto queda delegado en los distritos ya que estos son los responsables de gestionar las actuaciones en el espacio público, en los edificios municipales y, además, disponen de las competencias sobre la salubridad de las viviendas.