Colau ningunea a la Guàrdia Urbana

El Ayuntamiento de Barcelona no tiene intención de personarse como acusación particular en el caso del guardia urbano herido en el ojo el pasado diciembre en la plaza de Catalunya durante una operación contra el top manta. Así lo aseguran representantes sindicales del CSIF y el sindicato SAPOL, mayoritario en la Guàrdia Urbana, y lo han confirmado fuentes municipales. Los sindicatos se muestran muy críticos con la gestión de Ada Colau al frente del cuerpo policial y por el hecho de que el Ayuntamiento no defienda a los agentes en casos como éste. En la actuación resultaron heridos cinco guardias. El resto sólo presentaban lesiones leves, la mayoría contusiones.

El pasado 16 de diciembre, el policía recibió una pedrada, presuntamente, de manos de un mantero. Casi tres meses después, el guardia urbano sigue de baja. Sufrió una lesión en la córnea y una rotura del tabique nasal. Próximamente, será operado del tabique, pero lo que preocupa es la evolución de la herida del ojo. El agente no tiene un diagnóstico definitivo, pero los pronósticos no son buenos y el guardia urbano "podría padecer una lesión crónica con una pérdida importante de la visión", dice el secretario de comunicación del sindicato CSIF, Eugenio Zambrano.

En concreto, la lesión que presenta el agente es una "midriasis permanente y anisocoria postraumática por culpa del golpe con rotura del esfinter de la pupila. También tiene un desprendimiento del vitreo que le produce una mancha negra", afirman fuentes policiales. El guardia urbano necesitará utilizar gafas claras y oscuras para el resto de su vida y está por ver si el policía puede volver a ejercer su trabajo.

DETENIDO Y PUESTO EN LIBERTAD

El mantero fue detenido por la Guàrdia Urbana el pasado 23 de enero, pero según el CSIF ya ha sido puesto en libertad. Desde el Ayuntamiento se concreta que "pasó a disposición judicial y quedó en libertad con cargos". Hasta la fecha no ha estado en la cárcel.

El Ayuntamiento no tiene intención de personarse como acusación particular, confirman fuentes municipales próximas a Colau, que aseguran que la Guàrdia Urbana tiene un convenio con un "relevante bufete de abogados" de la ciudad que defiende a los agentes y que representa al Ayuntamiento. El mismo portavoz también dice que se considera que de este modo ya está cubierta la representación municipal.  

Ojo herido por una pedrada del agente de la Guàrdia Urbana.

El enfrentamiento tuvo lugar en plena campaña de Navidad, ante la mirada de una multitud de ciudadanos, cuando alrededor de media docena de guardias urbanos de paisano, junto a una dotación de la Unidad de Soporte Policial (USP) intervinieron para impedir la venta ambulante ilegal en la plaza de Catalunya. Los manteros huyeron hacia el metro y saltaron las vías para recoger piedras. Acto seguido, cuando la policía estaba requisando el material que había quedado en la plaza, volvieron a subir y se enfrentaron a la Guàrdia Urbana, según la versión policial.

FUNCIONARIO PÚBLICO

El sindicato mayoritario en la Guàrdia Urbana, SAPOL, se dirigió directamente a Colau para solicitar que el Ayuntamiento se personase como acusación particular en este caso y otros de parecidos que puedan suceder, explica el secretario general del SAPOL, Manel García, que se muestra preocupado y pesimista por la evolución del ojo del policía y recuerda que el agente herido es un funcionario público del Ayuntamiento de Barcelona lesionado en acto de servicio.

El SAPOL recuerda que el pasado 14 de noviembre, el Ayuntamiento anunció que se personaría como acusación particular en el caso de Roger Español, el joven que perdió la visión del ojo por una pelota de goma de la Policía Nacional durante las cargas por el referéndum del 1-O. En aquel caso, el teniente de alcalde Jaume Asens dijo: "La agresión a Roger concentra en sí misma toda la brutalidad del 1-O". Para Asens, las cargas policiales del 1-O es el caso de violencia institucional más importante acontecido en Barcelona y, seguramente, en España y en Europa de los últimos 30 años.

El pasado 17 de febrero, cuando se cumplía media año de los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado 17 de agosto, Colau anunció que el Ayuntamiento se personaría como acusación particular por la masacre de la Rambla. Con esta personación, el consistorio busca ejercer las acciones penales y civiles que le correspondan como condición de perjudicado.