Ada Colau, presidenta del Área Metropolitana de Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

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Información municipal

Colau ficha al abogado que cortó las alas a Uber y Cabify

La alcaldesa ha contratado los servicios del abogado Baño León para salvar su plan hotelero

27 noviembre, 2020 08:31

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha contratado los servicios del abogado que frenó a Uber y Cabify para salvar su plan hotelero. La primer edil de la ciudad pagará al letrado y catedrático de Derecho Administrativo José María Baño León para que rescate nuevas licencias en el Tribunal Supremo después de que el TSJC lo anulara por completo en 2019.

Según ha avanzado Crónica Global, se trata de un contrato menor de 12.705 euros para la preparación de los recursos de casación del Ayuntamiento. Estos son necesarios porque el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat) fue derribado el año pasado.

FIN AL MERCADO DE VEHÍCULOS VTC

El abogado Baño León es socio fundador del despacho homónimo que vio la luz en 1992. Su gran victoria fue una sentencia del Tribunal Supremo en la que se blindó la proposición de una licencia de taxi por cada 30 vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que utilizan Uber y Cabify, en 2018.

El fallo, histórico porque ponía fin al mercadeo de permisos VTC, blindaba también la obligatoriedad de realizar el 80% de servicios en una única autonomía.

PLAN HOTELERO DE COLAU

Ahora Baño León se enfrenta a un reto complejo. Debe salvar mediante recurso de casación el Peuat, el plan hotelero impulsado por Ada Colau que limita las nuevas aperturas de alojamientos turísticos en Barcelona. El TSJC anuló el instrumento de planeamiento con argumentos hirientes para el Ayuntamiento. Detectó "falta de rigor".

Los magistrados estimaron varios recursos contenciosos de hoteleros que, cuando se aprobó el Peuat en 2017, se quedaron sin poder abrir nuevos alojamientos. Dos años después, los jueces dejaron aquel cerrojazo en nulidad, ya que carecía de "cantidades precisas y concretas" en indemnizaciones a los hoteleros y una "evaluación económica lógica y ponderada".