Collboni marca el ‘cambio’ frente a Colau con la regulación del alquiler de habitaciones

Alianzas en todas direcciones y que denotan los intereses contrapuestos. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, desea implicarse a fondo en una cuestión en la que se distancia con claridad de la alcaldesa Ada Colau: el alquiler de habitaciones. La intención del grupo municipal del PSC es regular ese sector, en línea con lo que defiende también Junts per Catalunya, Barcelona pel Canvi, Ciudadanos y PP, y en contra de dos fuerzas que han estrechado sus relaciones: comunes y ERC.

El pleno de la pasada semana en el Ayuntamiento de Barcelona ilustró esas diferencias, que para el PSC suponen un nuevo planteamiento en el último tramo del mandato municipal: “La intención es reforzar nuestras propuestas, porque no es incompatible formar parte de un gobierno de coalición y marcar una frontera en aquello en lo que no estemos de acuerdo”, señala una fuente socialista. Pero, ¿qué paradoja se ha producido?

Ernest Maragall, líder de ERC en Barcelona, en una imagen de archivo

Ada Colau cuenta ahora con el apoyo de los hoteleros, que no quieren saber nada de la regulación de las habitaciones de alquiler. Fuentes del sector señalan que la pregunta se debe trasladar al PSC y no a los hoteleros, porque no se entiende que “se quiera regular un nicho económico que está en manos de grandes fondos de inversión”. Lo que había sido una guerra entre el sector y la alcaldesa y líder de los comunes se ha transformado ahora en una complicidad a la que se ha unido el grupo de Esquerra Republicana. Los dos grupos, comunes y republicanos, votaron en contra de una proposición de Barcelona pel Canvi que abogaba por esa regulación, que contó con el voto favorable del resto de grupos.

DISPARAR LAS PLAZAS TURÍSTICAS

Existen fondos de inversión, admiten las fuentes consultadas, pero también numerosos particulares que necesitan alquilar esas habitaciones para complementar sus salarios o para tener un extra en las economías domésticas. El PSC, con Collboni a la cabeza, desea marcar una clara distancia en ese terreno con Colau, dentro de una estrategia que tomará intensidad a partir de marzo de 2022, cuando se celebrará una gran conferencia de ciudad para ofrecer el proyecto socialista sobre Barcelona.

Los hoteleros insisten en que si se quiere cambiar el modelo turístico de Barcelona, si “realmente” se desea un valor añadido para ese sector de la economía, entonces no tiene cabida la defensa de las habitaciones de alquiler. La liberalización del alquiler de habitaciones turísticas, se señala, ha sido “especialmente perjudicial” para determinados destinos turísticos, respecto a la calidad turística, pero también en referencia al entorno social. El Gremio de Hoteles, que preside Jordi Clos, ha hecho bandera de su negativa a esa regulación, justo en la línea de lo que defiende Ada Colau.

Janet Sanz, regidora de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona / EUROPA PRESS

Precisamente, la reacción de los comunes en el pleno municipal, a través de la teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, fue ilustrativa de esa posición. Su idea es que el alquiler de habitaciones puede alterar el mercado de la vivienda y disparar las plazas turísticas que ya ofrece la capital catalana.

¿IMPULSO PARA EL PSC?

El argumento contrario señala que el inquilino vive con el anfitrión y que, en ningún caso, se puede hablar de “apartamentos turísticos”. Lo señala el portavoz del grupo municipal de JxCat, Jordi Martí: “La inmensa mayoría de anfitriones son particulares que alquilan temporalmente alguna de sus habitaciones por la necesidad de un complemento en sus ingresos, que en la mayoría de los casos, son muy bajos”. El cálculo que JxCat ha realizado es que se trata de unas 7.600 habitaciones en Barcelona.

¿Cuál es la alternativa? Los hoteleros insisten en que regular esa actividad será algo imposible, y que son los fondos de inversión los que saldrán beneficiados o las plataformas tecnológicas. Pero los grupos municipales favorables a la regulación señalan que “las actividades ilícitas se deben prohibir, pero se deben regular las actividades legales a partir de la normativa de la Generalitat”, que cada ayuntamiento puede adaptar a sus características.

El caso es que, desde la vertiente política, se ha establecido una clara alianza entre los comunes y ERC, que se ha decantado por la prohibición de la actividad --a pesar de los tintes más liberales que también existen en el partido-- frente al PSC, que saca ahora la cabeza. Esa alianza, que se ha establecido en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, y también en las cuentas del consistorio, supone un reto para los socialistas, para diferenciarse, pero también para cobrar impulso si quieren recuperar la alcaldía de Barcelona en mayo de 2023.