El interventor del Ayuntamiento respalda la legalidad de las subvenciones de Colau

El interventor general del Ayuntamiento de Barcelona ha avalado este viernes ante el juez la legalidad de las subvenciones municipales que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, otorgó a entidades afines entre el 2016 y 2020.

Según fuentes jurídicas, el interventor del consistorio y un asesor de Ciutadans (Cs) han declarado este viernes como testigos ante el juez que investiga Colau por la concesión de subvenciones a entidades afines. Ambos testigos habían sido solicitados por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que presentó una querella contra la alcaldesa por estas subvenciones. En su declaración ante el juez, el supervisor ha respaldado la actuación de la interventora delegada del área de servicios sociales del consistorio, que no opuso reparos a la concesión de las subvenciones de forma directa. 

LA INTERVENTORA, EN EL PUNTO DE MIRA

Cuando declaró ante el juez, la funcionaria admitió que en su informe de fiscalización de las subvenciones de 2019 hizo varias observaciones en las que recomendaba que las ayudas se incluyeran en los presupuestos, pero según el interventor no podía oponer reparos --lo que habría obligado a paralizar los expedientes-- porque las ayudas cumplían con los requisitos legales exigibles.

También ha añadido que él mismo era el responsable de llevar a cabo, junto a su equipo, los informes de fiscalización de las subvenciones municipales. Después se elevaban a la Intervención General del Estado y al Tribunal de Cuentas, organismos que deberían haber abierto un proceso para investigarlas en caso de haber observado irregularidades, según ha dicho el interventor.

Por su parte, el asesor de Cs ha explicado que elaboró informes sobre las subvenciones investigadas en los que advertía de varias irregularidades y los entregó a la Asociación por la Transparencia, que no los ha aportado de momento a la causa.

CAUSA REABIERTA

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona acordó el pasado mes de julio sobreseer la causa contra Colau por las subvenciones municipales a entidades como el Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) al no ver indicios de delito.

DELEGACIÓN DE FUNCIONES

El juez instructor concluyó que no se podía atribuir ningún delito a Colau por las subvenciones a entidades con las que estuvo vinculada, dado que la alcaldesa había delegado sus funciones en la concesión de ayudas, no dio instrucciones al respecto y las mismas fueron aprobadas por el pleno municipal.

Tras el recurso de la acusación, la Audiencia de Barcelona obligó al juez a reabrir la causa por un posible delito en la concesión "recurrente y reiterada" de subvenciones plurianuales de concesión directa y "sin concurrencia competitiva" (es decir, a dedo) entre 2016 y 2020. 

Tras ello, a la asociación querellante se ha sumado otra acusación popular, la Asociación de Juristas Constitucionalistas por la Libertad, vinculada a uno de los abogados que presentó ante la Fiscalía la primera denuncia por las subvenciones.