Janet Sanz: una teniente de alcalde en el punto de mira

“La transformación de la ciudad de Barcelona no se hubiera podido hacer sin Janet Sanz”. La frase es de un veterano miembro de los comunes que conoce a la segunda teniente de alcalde desde hace muchos años, desde mucho antes que tuviese responsabilidades municipales. La ya veterana militante de ICV (ahora integrada en los comunes) vuelve a estar en primera línea de la polémica porque ha tenido que ir a declarar el pasado día 15 de marzo ante el juez, acusada de prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. Quien la acusa es una asociación religiosa, la de los Pares Paüls, y la empresa London Private Company, propietarios del antiguo hotel Casa Buenos aires que el consistorio quiere expropiar para construir viviendas sociales.

Desde los círculos municipales cercanos a Sanz afirman a Metrópoli Abierta que “es una barbaridad meterle una querella. En el Ayuntamiento son muy puristas en temas legales y van con mucho cuidado”. Desde la oposición, se desliza que “ojo, que parece ser que hay mensajes en los que presiona a los propietarios de Casa Buenos Aires y eso puede interpretarse como coacciones y amenazas”. El tema está encima de la mesa y la justicia ya dirá. De momento, Sanz ha hecho que el consistorio contrate al bufete de Olga Tubau (con ilustres clientes como el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, o David Madí) para su defensa.

A Tubau le pagarán todos los barceloneses, pero eso no es extraño. Fuentes municipales justifican que entre un bufete ajeno porque los servicios jurídicos municipales están muy especializados en temas administrativos. Y esto es un tema penal, por lo que se debe de buscar a un especialista. Nadie duda de que Tubau es una de las mejores penalistas de la ciudad.

LA ACUSAN DE PREPOTENTE

Lo que pone de manifiesto la acusación contra Sanz es su taranná como persona y como política. “En el trato personal es afable. No puedo decir lo contrario. Pero a nivel político siempre ha sido muy prepotente”, explica a Metrópoli Abierta un concejal de la oposición. Esa es la palabra clave. El portavoz de otro grupo municipal opositor resume: “Si hay que ponerle un adjetivo es el de prepotente. Es de formación justita y se piensa que es la mejor urbanista del mundo y que nadie hace ciudad como ella. Es de una prepotencia insultante”. Ambos reconocen que “en los últimos días, su prepotencia ha disminuido. Será porque le ha visto las orejas al lobo”.

De hecho, incluso desde la oposición reconocen que es terca y que entre ella y Ada Colau quieren inventarse otra ciudad. “Lo malo es que ideológicamente es muy floja. Funciona a partir de un ideario, a partir de muchos prejuicios. Por eso arremete sistemáticamente contra el coche y contra la actividad económica o insiste siempre en qué se puede hacer en el espacio público. Ella fue la culpable de que las terrazas se ampliasen en las calzadas, como solución para desplazar al coche. Siempre ha sido una de sus obsesiones, el coche. Y la otra, el tranvía. Ahora ha logrado que se apruebe le reforma de la Diagonal, en la que se enterrarán 400 millones de euros, 44 de ellos en este año. La remodelación de las Ramblas o de Via Laietana se quedarán sin hacer porque Sanz ha preferido poner en marcha el juguetito de su tranvía”, explica una fuente de la oposición.

La segunda teniente de alcalde, Janet Sanz, en una rueda de prensa del Ayuntamiento de Barcelona / ARCHIVO

PROYECTOS COMPARTIDOS

Otra fuente de los comunes, en cambio, apuesta por mirar las cosas con cierto distanciamiento. “Es cierto que sus actuaciones están ideologizadas, pero eso no es nada nuevo. No estamos viendo nada que no hayamos visto antes. Las superillas, por ejemplo, ya vienen de la época de los socialistas y cuando gobernaba Xavier Trias, su segundo, Antoni Vives, nos cantaba en cada reunión las excelencias de las superillas que quería hacer. O sea, ese es un proyecto compartido, pero quien lo ha llevado a cabo es el actual consistorio.”.

Esta fuente recalca que con el PSC en pleno apogeo “fue Antoni Santiburcio quien determinó que muchas calles de Sant Andreu iban a ser peatonales. Lo hizo y se armó gorda, pero al final resultó positivo. En eso estamos ahora”. Pero el hecho de sembrar las calles de bloques de hormigón, de trabas al tráfico y de pinturas de amarillo chillón ensuciando al suelo no parece bien a la oposición. Todo ello depende de la tenencia de alcaldía de Janet Sanz (es la concejala de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad), que hace oídos sordos a las críticas por esas iniciativas.

EL URBANISMO TÁCTICO

“Sanz y Colau practican lo que llamamos urbanismo táctico. Se trata de sembrar la ciudad de bloques de hormigón, de pintar las calles, de hacer superillas… Todo lo hacen de manera que la oposición no podemos presentar recursos. Ellos encargan los contratos directamente y ya está. Esos proyectos no pasan por el plenario ni por las comisiones. Lo presentan como medida de gobierno y va a contratación. Es una manera de evitar la fiscalización de la oposición, una manera de hacer enrevesada y contraria a cualquier transparencia”, critican desde la oposición.

Desde los propios comunes reconocen que Sanz tiene un defecto: es remisa a colaborar, ignora a las demás partes y hace lo que le viene en gana. “Es cierto que se han tomado decisiones y aplicado medidas que harían tenido que consensuarse, sobre todo en la época de la pandemia. No consultó al gremio de la hostelería, no consultó a las patronales ni a los sindicatos, ni a ningún actor social. Lo malo es que tira millas y llega un momento en que pierde el contacto con el mundo real y no tiene en cuenta o no evalúa otras opiniones. Es su gran defecto. Y, en estos momentos, no sabe quiénes son los interlocutores en cada situación”, explica una fuente interna del Ayuntamiento. Añade esta fuente otro dato a tener en cuenta: “A los funcionarios no se les consulta y se les tiene como enemigos. Se sienten desamparados”.

CASI 11 MILLONES EN CONTRATOS

Tanto es así que funcionarios críticos con su gestión han elaborado un informe provisional sobre actuaciones del área de la segunda tenencia de alcaldía. Entre el 1 de mayo y el 2 de septiembre del 2020, cuando comenzó la desescalada, las actuaciones de emergencia contratadas por su área llegaron casi a 11 millones de euros. En ese periodo, se abrieron 765 expedientes de emergencia, de los que 362 eran del Ayuntamiento y 403, de diferentes entidades municipales. De ellos. Sólo 24 expedientes fueron de obras. “De estos, seis se hicieron desde el Ayuntamiento. Uno corresponde a trabajos de carpintería para adaptar unos puestos de trabajo (que podría haber sido tratado como de suministro), y cinco son actuaciones para reparar los desperfectos causados en el Port Fòrum por el temporal Gloria a finales del mes de enero”, dice el informe.

Añade ese texto que “el resto, se hizo desde BIMSA y todas fueron para actuar con el fin de reducir el espacio de los coches, pintando de colores el pavimento o colocando new jerseys. Es lo que le llaman urbanismo táctico. El resto de contratación por el procedimiento de urgencias de BIMSA (suministros y servicios) estuvo relacionado con dichas pobras. El conjunto de obras y servicios contratados desde BIMSA fue de 8.785.573,75 euros. Presidida por Janet Sanz, su director general de Ángel Sánchez Rubio, imputado por el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el procedimiento 14/2018 (conocido como el caso 3%), mediante auto de fecha 30 de julio de 2020”.

Janet Sanz, en un acto con los medios de comunicación / EUROPA PRESS

40 EXPEDIENTES DUDOSOS

Recoge también ese informe el hecho de que desde el despacho del arquitecto jefe “se adjudicaron 3 contratos de servicios por valor de 1.840.975,72 euros y otro desde el Instituto del Paisaje Urbano y Calidad de Vida, también de servicios, por valor de 85.394,89 euros asociados a las obras ejecutadas por BIMSA. El arquitecto jefe, Xavier Matilla, es también gerente del Instituto del Paisaje Urbano y depende directamente de Janet Sanz”. Detalla el informe que los contratos citados “fueron adjudicados a la misma empresa, Brothers Control. Uno de ellos, por valor de 1.200.000 euros, que no figura en el cuadro general colgado en la página correspondiente de la web municipal, tiene el mismo número de contrato que otro de 173.200,61 euros”.

Esos tres contratos fueron para “servicios auxiliares de apoyo para el corte de calles”, es decir, para vallar las calles cerradas al tráfico determinados fines de semana del año pasado. Según la documentación en poder de Metrópoli Abierta, el contrato de 1,2 millones de euros, otorgado en mayo pasado, se justificó con un informe de una página de la Agencia de Salud Pública de Barcelona que decía que era preciso “aumentar el espacio público disponible para los viandantes”. El contrato de 85.394 euros fue otorgado a la firma Solucions Geogràfiques para realizar una “redistribución de terrazas en Barcelona”.

El informe mencionado recoge una decena de contratos adjudicados por la vía de urgencia que están plenamente justificados, pero incluye una cuarentena de contratos, por un monto total de 10,7 millones de euros, que presentan dudas respecto a su tramitación. Entre ellos, figuran obras por unos 8 millones de euros encargadas a un puñado de constructoras para realizar modificaciones en los espacios públicos y reubicar terrazas de la hostelería. Lo que no queda claro es si esas actuaciones deberían haberse tramitado normalmente y no por vía de urgencia, sin publicidad, sin competencia y directamente a la compañía señalada por los altos cargos municipales. Debe de ser fruto del tarannà de Sanz.