La reforma de la ordenanza de civismo divide a Colau y Collboni

El pleno municipal de Barcelona ha tumbado la proposición de Ciutadans para llevar a cabo un endurecimiento de la ordenanza de civismo de la ciudad con los votos en contra de ERC y los comunes, que se encuentra al borde de cumplir 17 años desde su aprobación.

Luz Guilarte, líder del grupo municipal de Ciutadans, ha afirmado que "el incivismo ha sido el caldo de cultivo para que se derive en inseguridad, el principal problema de los barceloneses". La edil ha recordado que "hay un problema de convivencia y de civismo que se está cronificando en todos los barrios", y ha instado a actualizar la ordenanza estableciendo las "multas económicas máximas que permita la ley".

ACTUALIZACIÓN

Jordi Coronas, regidor de ERC, ha recordado la necesidad de "actualizar" la ordenanza, ya que se ha demostrado "ineficaz para dar respuesta a la problemática de espacio público". Pese a ello, ha apostado por buscar una adaptación de la normativa a las "sentencias" de los últimos años y una "adaptación a la ley de seguridad orgánica".

Jordi Martí, edil de Junts, ha defendido el endurecimiento, haciendo hincapié en el "cumplimiento de las normas" por parte del Ayuntamiento y en la importancia de llegar al siguiente mandato con una "nueva ordenanza".

Josep Bou, concejal popular, ha expresado la preocupación de la formación por una regulación que "no sirve para dar cumplimiento a las necesidades de la Barcelona actual", y ha remarcado los problemas de "tolerancia indisimulada" por parte del gobierno municipal durante el pasado mandato con "los incívicos".

"ESTABLECER, REGULAR Y APLICAR"

Óscar Benítez, regidor de Valents, ha destacado que la clave es "establecer, regular y aplicar" la ordenanza actual hasta disponer de la nueva normativa, una posición compartida por la concejal Marilén Barceló, que trabaja junto al grupo municipal.

La edil ha lamentado que cada día el espacio público está "más degradado, con más suciedad y más botellones"

DISCREPANCIA EN EL GOBIERNO

El PSC y los comunes han manifestado un desacuerdo ante esta proposición. Los socialistas se han abstenido, mientras que los comunes se han posicionado en contra. Albert Batlle, concejal de Seguridad, ha recordado la importancia de la Mesa Ciudadana establecida este jueves y la importancia de que ésta cuente con la mayor participación posible. El edil ha apuntado que se puede "modificar la ordenanza", pero siempre con el "máximo consenso y medidas realistas y sólidas".

Marc Serra, regidor de Derechos de la Ciudadanía, ha expresado la postura contraria de los comunes a la propuesta de Ciutadans al no llevar "ninguna propuesta concreta más allá del endurecimiento de sanciones", un postulado que no comparte el grupo de Colau.

El concejal ha señalado que "se ponen muchas denuncias, pero solo se cobran el 30%". En este sentido, ha apuntado a los turistas, a los que ha acusado de "no pagar las sanciones en la mayoría de casos". También ha lamentado la "estigmatización" en el momento de sancionar a sintechos, y ha remarcado que "la reforma de la ordenanza no es cualquier cosa".

ORDENANZA POLÉMICA

Esta ordenanza ha estado siempre envuelta de polémica. Aprobada en diciembre de 2005 en el pleno municipal, con Joan Clos en la alcaldía, contó con el voto en contra de ICV, formación que formaba parte del tripartito municipal con el PSC y ERC. Los ecologistas entendían que la normativa perseguía problemas sociales, como la prostitución y la mendicidad. Por contra, el PP se abstuvo, pero defendía la tolerancia cero, y CiU apuntó que la convivencia no era "ni de izquierdas, ni de derechas".

En 2012, con Xavier Trias en la alcaldía y con el apoyo de Alberto Fernández Díaz, se impulsó el endurecimiento de la ordenanza mediante la prohibición total de la prostitución callejera. La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, criticó la medida acusando al consistorio de "hacer invisible el fenómeno, sin analizar a fondo un problema muy complejo en el que abundan los dramas humanos".

Las multas a los sintecho, que en un caso llegaron a un importe de 7.400 euros, también contó con la oposición de la síndica. En 2011, PSC y CiU llegaron a un acuerdo para sancionar a quienes fueran desnudos o semidesnudos en la vía pública, poscionamiento en el que ICV mostró la oposición hacia su socio de gobierno socialista.