Ada Colau, en un pleno / EFE
Ada Colau, en un pleno / EFE

Los socios de DESC percibieron cuantiosas ayudas de Colau

Una intrincada red de centros y cooperativas funciona desde un local de 1.000 metros cuadrados de la calle Casp 43

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Periodista

El generoso reparto del dinero público por parte de la alcaldesa, Ada Colau, y de su equipo fue denunciado por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución hace dos semanas. Pero los datos que comienzan a aflorar hacen suponer que el tema se irá agrandando con el paso del tiempo. La asociación denunció la sospechosa adjudicación de subvenciones al Observatorio DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, un proyecto de DESC fundado por Colau), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y a Enginyers Sense Fronteres (ESF), por lo que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto un expediente de investigación.

Los abogados denunciaron ante la Fiscalía que las cuatro entidades vinculadas a altos cargos de la Administración municipal se llevaron 3,4 millones de euros de las arcas municipales que es preciso investigar. Pero el vivero de empresas del grupo de DESC es mucho más amplio. 

GONZALO BOYE E IRÍDIA

Para empezar, los tentáculos de DESC van mucho más allá de las cuatro entidades denunciadas: sus socios son, entre otros, Gonzalo Boye, el abogado defensor de Carles Puigdemont, su compañera Isabel Elbal, el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), (sindicato con fuerte presencia en sanidad, educación y Administración pública), CCOO y el Centre de Drets Humans Irídia, el gabinete de abogados que suele defender a acusados de alborotos callejeros y denunciar a los policías antidisturbios. Los teléfonos de Irídia son repartidos entre los activistas independentistas antes de cualquier manifestación para que llamen a los abogados de este gabinete si son detenidos.

Este despacho es uno de los que el Ayuntamiento siempre tiene en cuenta el realizar informes sobre derechos humanos o libertades. Irídia y el IDHC, junto a otras entidades, fueron quienes redactaron un informe titulado Violación de derechos civiles y políticos. Cataluña. Septiembre y octubre 2017, donde se recogían rumores e inexactitudes de gran calado sobre la actuación de las fuerzas del orden durante la jornada del referéndum ilegal, a las que llegaron a acusar de agresiones sexuales a algunas mujeres que iban a votar pacíficamente.

Ada Colau y Eloi Badia / ARCHIVO
Ada Colau y Eloi Badia / ARCHIVO

El informe fue encargado por el área que manejaba el entonces teniente de alcalde Jaume Asens. A pesar de sus defectos, ese informe sirvió para confeccionar luego otros informes municipales que arremetían contra el Estado español defendiendo los posicionamientos independentistas. En la confección del informe base participó Anaïs Franquesa, muy vinculada a Irídia, IDHC y exsocia y amiga personal de Asens. Este último se encargó de entregar personalmente en el Parlamento Europeo, el 9 de noviembre del 2017, un informe incriminatorio contra el Estado español basado en el sorprendente informe de las entidades amigas. El teniente de alcalde aprovechó el viaje para reunirse también con el fugado Carles Puigdemont.

UN CHORRO DE SUBVENCIONES

Las entidades que pululan por el universo que oscila entre el radicalismo independentista y el izquierdismo casi decimonónico, sin embargo, se nutren, en parte, de fondos públicos sin ningún pudor. Y para ello echan mano tanto de subvenciones directas como de encargos para estudios o informes directos, pagados contra factura. En 2018, Irídia recibió dos subvenciones: una de 20.000 euros por el Proyecto Saidavi y otra de 4.200 euros por el proyecto Estereotipos de género en el ámbito judicial. En 2019, percibió tres por un monto de algo más de 61.000 euros y en el 2020, dos más por 29.500 euros, una de ellas de 9.500 euros para la “consolidación de su base social”.

El IDHC, por su parte se llevó una subvención de 15.000 euros en 2018, dos subvenciones por 52.557 euros en 2019 y una de 15.000 euros en 2020. El propio observatorio DESC se embolsó 54.035 euros de fondos públicos en forma de subvención directa en 2018, pero en 2019 obtuvo cuatro por casi 267.000 euros y en el 2020 se embolsó tres por un total de 404.817 euros. La pandemia, pues, le sentó bien.

Al margen de las subvenciones, Irídia, por ejemplo, tuvo otros encargos: en 2019, logró dos contratos públicos municipales por 25.821 euros. El IDHC también tuvo tres encargos en 2018 por 5.701 euros.

MUCHO MÁS QUE UN LOCAL

Pero lo cierto es que en la calle Casp 43 hay toda una galaxia de cooperativas y entidades que han recibido numerosas ayudas económicas durante los últimos años. "La sede de Casp 43 es mucho más que un espacio de coworking. Sus más de 1.000 metros cuadrados funcionan como comunidades de trabajo y de proyectos, y disponen de servicios muy variados: salas de reuniones, espacios de cotrabajo, cocina, terraza, biblioteca, huerto urbano, espacio de crianza, rincón de pasalibros, etcétera".

"En este local se hacen toda clase de charlas, cursos, presentaciones, talleres o asambleas, tanto de las entidades que están radicadas como de otras que alquilan las salas de manera puntual". Así define una cooperativa, Grup Ecos, el local de la calle Casp, 43, uno de los puntos neurálgicos de la política de reparto de subvenciones y contratos públicos del Ayuntamiento de Barcelona.

Sede del Observatorio Desc en la calle de Casp / CRÓNICA GLOBAL
Sede del Observatorio Desc en la calle de Casp / CRÓNICA GLOBAL 

Neurálgico porque en esa dirección precisamente tiene su sede el Observatorio DESC, la entidad en la que Ada Colau, la actual alcaldesa, había trabajado durante siete años antes de aterrizar en el consistorio. DESC, que cobraba una subvención anual para pagar los salarios de Colau y otros trabajadores que luego se pasaron a la Administración local, se ha visto beneficiada con ayudas de cientos de miles de euros los últimos años.

DIECISÉIS COOPERATIVAS

Sólo el grupo ECOS alberga en su interior las cooperativas Celobert Arquitectura, Calidoscoop, Arç, Coop de Mà, el medio Crític, Etcèteres (ETCS), iACTA Sociojurídica, I-Labso, Jamgo, Labcoop, L’Apòstrof, Nusos Activitats Científiques, Opcions de Consum Responsable, Quèviure, Sostrecívic y Missatgers Trèvol. Estas 16 entidades trabajan en cinco espacios compartidos, cinco locales diferentes, pero el principal es el de Casp 43.

La cooperativa ECOS, según los archivos municipales, tuvo tres subvenciones durante el 18 por diferentes proyectos como Mejora del espacio cooperativo compartido o Consumo responsable. En ese ejercicio, Celobert se llevó dos subvenciones de 4.320 y de 3.000 euros (en 2019, otras dos por 7.000 euros y en 2020, dos por 6.300 euros); Calidoscoop se llevó una por un estudio de economía social y solidaria; ETCS, otra de 5.000 euros, y iACTA se hizo con cinco por casi 14.000 euros (en 2019, otras cinco por 12.315 euros y en 2020 tres por 24.500 euros).

Crític se llevó cuatro por un total de más de 18.000 euros, incluyendo una de 3.600 euros para “la elaboración del plan estratégico” de la propia cooperativa (en 2019, dos por 5.750 euros y en 2020, dos más por 9.000 euros); Jamgo se llevó una de 3.600 euros (dos en 2019 por 5.850 euros y una en 2020 por 4.500 euros); Labcoop se llevó dos por algo más de 10.000 euros; L’Apòstrof, una de 8.680 euros; Opcions de Consum Responsable, tres por 20.400 euros (30.250 euros en 2019 por cinco proyectos y 59.350 euros por 13 proyectos en 2020); y Nusos otras 3 por 24.940 euros, de los que 5.040 euros fueron para subvencionar la elaboración de su propio plan estratégico (en 2019 obtuvo una subvención de 7.000 euros y en 2020, dos por casi 30.998,96 euros).

La directora del Observatorio Desc, Irene Escorihuela / ACN
La directora del Observatorio Desc, Irene Escorihuela / ACN

SUCULENTOS FONDOS

Un informe realizado por JxCat detallaba que en el año 2018 algunas de estas cooperativas habían recibido suculentos fondos en los últimos años. Destacaba, por ejemplo, las ayudas de 412.133 euros a ETCS, 322.770 euros a L’Apòstrof, 307.404 euros a Labcoop, 140.094 euros a Trèvol, 113.000 euros a Celobert, 66.000 euros a Jamgo, 60.120 euros a Consum Resposnable y 54.546 a I-Labso.

Precisamente esta última cooperativa, I-Labso, tuvo el año pasado un contrato de 9.537 euros para la “elaboración de documentos con los resultados de la satisfacción de los usuarios”, de la gerencia de Área 2030, además de otro contrato con la empresa Foment de Ciutat por 2.286 euros. Celobert se embolsó también 7.359 euros por un informe sobre el parque gestionado por el IMHAB y elaboró dos informes más en el último trimestre del año por 4.719 y 3.025 euros.

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