El activista Lagarder Danciu, conocido defensor de las personas sin hogar que levantó el centro okupado 'Casa Cádiz', en el que se da refugio a menores extranjeros no acompañados y otras personas desfavorecidas, se enfrenta a 11 de años de prisión por las acusaciones de abuso a un joven mayor de edad que llegó a España como mena (Menor Extranjero No Acompañado).
El juicio contra el activista, muy crítico contra el gobierno de Ada Colau, ha comenzado este martes en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía pide para él 11 años de prisión por dos delitos de abuso sexual, uno de ellos con penetración y el otro de forma continuada. El Ministerio Público pide también una indemnización de 20.000 euros por daños morales y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por un periodo de 15 años.
La víctima relató que llegó a España con 17 años sin la tutela de familiares adultos. Tras llegar a Barcelona, pidio refugio en la Casa Cádiz, que dirige Danciu y sirve a la vez como residencia del imputado. Dormían en la misma habitación y, presuntamente, se metía en su cama y le abrazaba por las noches. En una ocasión, le invitó a pasar unos días a Olot, donde presuntamente le habría forzado a desnudarse y el activista le habría practicado sexo oral sin su consentimiento.
La víctima relata también tocamientos en varias ocasiones, como en un baño de un tren en un viaje a Madrid. En todos esos casos, el joven, ya mayor de edad, aceptó por miedo a posibles represalias como quedarse sin hogar y desamparado, según el relato de la acusación.
RELATO DE LA DEFENSA
Por su parte, la defensa no niega las relaciones, pero asegura que eran siempre consentidas y que llegó a haber una relación afectiva entre ellos.También niegan una hipotética dinámica de poder porque, según el activista, la víctima tenía dinero propio y la documentación en regla. Tras una primera vista, el juicio ha quedado suspendido hasta el próximo 22 de diciembre, donde previsiblemente quedará visto para sentencia.
A lo largo de los últimos años, el activista ha denunciado a varias personas que vivieron en el centro autogestionado y que le acusaron de abusos sexuales. Les acusaba de difamación y pedía 9.000 euros y que se retractaran en las redes sociales.
