Las tragedias nunca obedecen a una única razón sino a una concatenación de circunstancias adversas y/o de malas praxis. La investigación judicial determinará las responsabilidades penales, si las hubiera, y las civiles, aunque dudo de que alguien asuma las políticas ante tanta incapacidad de gobierno en la gestión de la Alta Velocidad y en Adamuz o en la de proximidad en Cercanías.

Son ya demasiados los años en los que a Rodalies se la ha asociado con anomalías o averías. Con ocasión de la desgracia de Adamuz y Gelida y la eclosión en plenitud del caos en Cercanías, se desatarán las histerias para asignar responsabilidades y se apelará al histórico para eludirlas. Lo cierto es que durante años se han priorizado las inversiones en la Alta Velocidad frente a la movilidad próxima o se ha antepuesto la inauguración de obras e inversiones en nuevas infraestructuras frente al mantenimiento y a la seguridad de las ya en servicio.

El triunfalismo ferroviario del Gobierno ha alcanzado su cenit en los anuncios de hace unos días del presidente Pedro Sánchez de los bonos de tren ilimitados a 60 euros o con las proclamas de hace unas semanas del ministro Óscar Puente de que la Alta Velocidad se incrementará hasta los 350Km/h. En eso estaban.

En paralelo, los alcaldes y la Generalitat, (PSC), se prodigaban en publicitar que la movilidad se beneficiaría de bonificaciones renovadas a los usuarios del transporte público. La prioridad ha sido un electoralismo de corto recorrido frente a las necesidades de largo alcance. Se han relegado las obligadas y mayores inversiones para las mejoras de las infraestructuras, de la conservación eficiente y de las garantías de seguridad.

El Gobierno de España lo es desde hace ocho años y desde entonces ha contado con el respaldo de Junts, ERC y los comunes, que además forman parte del ejecutivo nacional. Son los mismos que desde hace décadas se han turnado al frente de la Generalitat.

El nacionalismo tornado en independentismo ha estado más pendiente de reivindicar la competencia de Cercanías que no de disponer de una infraestructura y una gestión competente. Su relato era y es inequívoco.

El caos deviene por la titularidad estatal del servicio y que si lo gestionara la Generalitat otros trenes sí funcionarían. Su simplificación absurda alcanza a la comparación con el funcionamiento de Ferrocarrils. Se soslaya que Rodalies es una infraestructura mucho más compleja en sus trazados u orografía y que los incrementos demográficos y de necesidades de movilidad, el número de usuarios, amén de las carencias ya referidas, han colapsado su funcionamiento.

El “procés” ferroviario conlleva la reivindicación de la extinción sobre raíles del Estado en Cataluña. El secesionismo ha condicionado sus apoyos al Gobierno de España a la cesión de Rodalies antes que a una eficaz inversión y a un adecuado mantenimiento que garantice el buen funcionamiento del servicio y en seguridad.

El proceso de deterioro de Cercanías es extenso en el tiempo y amplio en sus razones. Causas externas sobrevenidas como las meteorológicas extremas y otras ya endémicas como los robos de cables de cobre, el vandalismo en convoyes e instalaciones, sabotajes, etc., que reducen la operatividad y eficacia del sistema.

Pero hay unas causas capitales o determinantes: la falta de inversión y de sostenibilidad en condiciones de la red y en trenes, el deficiente mantenimiento, la insuficiencia de maquinistas o de otro personal de servicio y los excedentes de directivos de confianza política.

Lo sucedido se veía venir y debía acabar sucediendo y arrastra también el normal quehacer del servicio de autobuses o en el tráfico privado y en vías críticas como la AP7 o las Rondas y los accesos a Barcelona. Un dato: solo en el año 2024 hubo 475 incidencias graves.

Hay un proceso que seguir. La respuesta a tanto despropósito no es quien gestiona Cercanías, sino que el gestor sea eficaz y con suficiencia y acierto en el cuanto y donde se invierte y se mantiene.

También es cómo se subsanan las carencias y déficits con la máxima celeridad y en el obligarse a conseguir que los administradores sean los más competentes profesionales siendo nula su politización.

De no seguir esta vía no se alcanzará el destino final perseguido y Cercanías seguirá siendo sinónimo de “anomalías y averías-Renfe” y, como siempre, será el ciudadano de a pie el que paga las consecuencias.