El 4 de febrero de 2006, hace ya 14 años, la Guardia Urbana era requerida para que se personara en la finca del número 55 de la calle Sant Pere Mes Baix. Allí, de madrugada, se celebraba una fiesta multitudinaria ilegal organizada por okupas y otros afines antisistema, quienes habían accedido al inmueble rompiendo el precinto municipal que lo preservaba. Los cuatro agentes inicialmente intervinientes, en número insuficiente visto la cantidad de congregados en el lugar y sin material adicional de protección, debían impedir el acceso de más personas al abarrotado inmueble, así como las molestias a los vecinos.

Así lo hicieron durante tres horas, hasta que una veintena de sujetos atacaron a los cuatro guardias urbanos y les agredieron lanzándoles todo tipo de objetos, y un indeseable arrojó una piedra que alcanzó al policía Juan Salas en la frente. El agente perdió el sentido y cayó al suelo fracturándose el cráneo, tras lo cual otro miserable siguió agrediendo al policía, que yacía inconsciente en el suelo. Todo ello sucedía mientras, desde el inmueble okupado, una jauría de antisistemas jaleaba las agresiones y arrojaban más objetos contra la patrulla policial.

El agente Juan Salas, que cumplía con su deber, casado y padre de cuatro hijos de corta edad, fue víctima de una agresión tan cobarde como salvaje y de resultas de la misma padeció gravísimas lesiones quedando entonces en estado vegetativo. Por estos hechos diversas personas fueron acusadas y condenadas y, entre éstas, el autor del lanzamiento fatal de la piedra que provocó las lesiones al agente Salas.

El condenado por arrojar la piedra se llama Rodrigo Lanza, a quien no le faltó nunca soportes políticos ni jurídicos de abogados como Gonzalo Boye, letrado hoy de Carles Puigdemont, o de Jaume Asens, exconcejal y ahora diputado en el Congreso. Tampoco le fallaron entidades que se decían defensoras de derechos debidamente subvencionadas por el Ayuntamiento de Barcelona, ni un Síndic de Greuges preocupado por el agresor, que no por el agredido. Así, no es de extrañar que hasta el Ministerio de Justicia concediera un indulto parcial al condenado Rodrigo Lanza que le paliara la pena y pudiera ser puesto en libertad y salir de prisión antes de lo previsto.

Por si fuera poco, el 17 de enero de 2015 el Canal 33 de la televisión pública de Cataluña emitía el documental “Ciutat Morta”, relativo a lo sucedido aquella fatídica madrugada del 4-F y el devenir judicial posterior. El documental era un alegato de defensa de los condenados por la vil agresión al agente de la Guardia Urbana e incluía un relato que cuestionaba hechos, versiones policiales y la propia actuación de la Justicia en su fase de instrucción, en las sentencias recaídas en la Audiencia Provincial y Tribunal Supremo, cuando no del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya solo faltaba para culminar la ignominia que un jurado designado por el consistorio otorgara al citado documental uno de los premios “Ciudad de Barcelona”, siéndole entregado en acto solemne en el Saló de Cent del Ayuntamiento un 10 de febrero de 2015.

Es curioso comprobar como tantos defensores de la libertad y de la presunción de inocencia se apresuraban a condenar a la Justicia por su actuación en el caso del 4-F mientras aplicaban, siempre que podían, la certeza de culpabilidad a agentes de policía en su cometido profesional. Pero todos ellos enmudecieron el 8 de diciembre de 2017. ¿Qué sucedió aquel día? Un hombre fallecía en un bar de Zaragoza tras ser agredido por un individuo que resultó ser Rodrigo Lanza, la persona condenada por lanzar la piedra fatal contra el agente Juan Salas en Barcelona. Su comportamiento violento ya no era una excepción, se reiteraba, y su nueva agresión envilecía a quienes lo defendieron antaño. Lanza ha sido condenado por estos hechos conocidos como “el crimen de los tirantes” por portar la víctima esta prenda con la bandera de España. Fueron calificados por la Audiencia Provincial de Zaragoza como un delito de lesiones y homicidio y penado a 5 años de prisión, en una sentencia que al ser recurrida deberá ser el Tribunal Supremo quien dicte resolución definitiva.

Mientras tanto, aún quedan asignaturas pendientes de aquel 4-F y entre ellas que se dé cumplimiento al acuerdo municipal del 30 de enero de 2015. En aquel plenario consistorial se aprobó por mayoría mi propuesta, que constataba la parcialidad del documental “Ciutat Morta” y se expresaba el pleno respaldo institucional a la Guardia Urbana, al agente, a su familia, y a las resoluciones judiciales. Aún es de esperar que el Ayuntamiento exija un relato alternativo a aquel documental emitido por el Canal 33, una televisión pública, y que ponga de nuevo la verdad en su sitio. Sin embargo, nadie espera que quienes defendían a Rodrigo Lanza rectifiquen y pidan perdón. Si indigna que un inocente entre en prisión, que no es el caso, debe serlo que un culpable estuviera en la calle.

Han pasado ya 14 años, hoy es 4-F, y el agente Juan Salas nunca se recuperará de forma plena de la agresión sufrida. Su fuerza interior, sus convicciones y fe, una familia unida y que le arropa, y ver crecer a sus cuatro hijos seguro han sido acicates vitales para él. Dicen que quienes le han visitado recientemente en su casa constatan como año tras año evoluciona para bien, y que incluso juega al dominó. Dicen que hasta puede acompañarte a la puerta para despedirse y dar un abrazo con tímidos pasos valiéndose por sí mismo, y fundirse en un abrazo con el visitante mientras esboza una traviesa sonrisa en su cara. Juan Salas dio la cara por esta ciudad y la tiene bien alta, a otros aún no se les ha caído de vergüenza e indignidad.