Una justicia muy cara

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Actualizado: 08/09/2023 23:01 h.
Francesc Arroyo

Francesc Arroyo

Periodista

Artículos de opinión del periodista Francesc Arroyo para Metrópoli Abierta, en los que el periodista opina sobre la actualidad de Barcelona

La sentencia sobre las obras de Consell de Cent son una clara muestra de para qué sirve el aparato judicial: para nada. Toda la estructura de la Justicia, de arriba a abajo, es un desastre. La sentencia ordenando deshacer lo hecho y pagado se hace pública el mismo día que el Poder Judicial, con el Supremo a la cabeza y la Fiscalía en la cola, muestra sus vergüenzas en público en la inauguración del año judicial. Dicen que nada funciona, pero nadie dimite, porque la culpa siempre es del otro. Son juristas, pero parecen nacionalistas quejosos e indolentes.

En el caso de Barcelona, y a falta de que los recursos a instancias superiores corrijan a la juez que ha emitido la sentencia, de momento quedan bajo sospecha los servicios jurídicos municipales que avalaron la legalidad de los proyectos antes y después de su aprobación por el consistorio que encabezaba Ada Colau. Los políticos pueden equivocarse y tomar decisiones ilegales. Para evitarlo, el Ayuntamiento tiene un equipo de abogados que, si la juez tiene razón, se han columpiado por incompetentes o porque buscaban dar la razón a sus mandos en ese momento. Y es que para eso se encargan los informes jurídicos: para que le den a uno la razón.

Lo grave es que el ciudadano puede castigar al político que decide mal, pero no puede ni siquiera saber el nombre de los juristas que colaboraron en el desaguisado. Mucho menos exigirles responsabilidades. Pero si fueran ellos quienes tuvieran razón y la juez la equivocada, tampoco a ella le pasaría nada. Ni siquiera se le piden explicaciones por la distancia temporal entre la demanda y la sentencia. Ha dado tiempo a hacer todo el trabajo. Y a pagarlo. ¡Menos mal que no era un caso de vida o muerte! Hasta la sanidad pública funciona mejor que la Justicia.

Además de Barcelona Oberta, la entidad que ha conseguido la sentencia favorable, el que fuera arquitecto municipal, Josep Anton Acebillo, presentó otra denuncia con argumentos similares: la reforma era una modificación encubierta del Plan General Metropolitano, y debía atenerse a los trámites que exige esa modificación. Fue archivada. ¡Cómo para creer que el derecho es una ciencia!

En el aparato judicial, desde los jueces del Constitucional hasta el último picapleitos, nadie es nunca responsable de nada. Cada uno interpreta la ley a su manera. Los abogados, en función de quién les paga; los jueces, con frecuencia, dan la impresión de que buscan contentar a quien puede promocionarles. Muy marxistas todos, en versión Groucho: esta es mi verdad, si no le gusta tengo otras.

Frente a la Justicia, el ciudadano está totalmente indefenso. ¡Y más aún frente a la injusticia! 

El ciudadano solo paga. Paga las minutas de los abogados (más procuradores y una larga lista heredada de cuando la gente no sabía ni leer ni escribir). Paga los costes de las obras. Paga los costes de las reformas a los que obliga la sentencia. Paga los recursos para conseguir otra sentencia. Y paga los sueldos de jueces y fiscales, esos mismos que amenazaron con una huelga salarial, disfrazada de mejora del servicio. ¡Como si les importara!

Habrá recurso, pero también cabría pedir aclaración de sentencia, una figura prevista para cuando los afectados no entienden lo que dice el juez. Tal vez lo adecuado sería devolver al magistrado a las aulas de primaria, pero no; se le pide que aclare lo que él mismo ha hecho oscuro y, si hace al caso, que explique cómo se aplica la sentencia, porque deshacer lo hecho es una pasta que no siempre se tiene. Hay un precedente. Un tramo de la autopista Rubí-Terrassa fue adjudicado a una empresa. Otras recurrieron. Los tribunales les dieron la razón, la adjudicación era ilegal y había que empezar de nuevo. Solo había un problema, como en el caso de Consell de Cent, las obras ya estaban terminadas y en funcionamiento. La sentencia nunca se ejecutó. Nadie, nunca, pagó por ello más que las minutas de los abogados. Las de los demandantes las pagaron ellos; las de quienes defendieron al Gobierno catalán las pagaron todos los catalanes. Igual que los sueldos de los jueces que tardaron años en emitir sentencia.

¿Qué queda ahora? Esperar a los nuevos recursos y seguir pagando. Amén.

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