Este martes en Barcelona nos despertamos con la triste noticia de la muerte de una familia, de la muerte de cuatro personas, dos de ellas menores, por culpa de un incendio.

La desgracia se ha originado en el local que ocupaban como vivienda en la céntrica Plaza Tetuán de  Barcelona.

La familia que vivía ahí había ocupado un local que, anteriormente, había sido una oficina bancaria. Son innumerables las familias que viven ocupando locales o viviendas. La mayoría de ellas son de propiedad privada, muchas de ellas pertenecen a entidades bancarias. Pero también hay muchas que pertenecen a instituciones públicas, mayoritariamente al Ayuntamiento de Barcelona.

Una vez ha saltado la noticia nuestra alcaldesa se desplazó hasta el lugar de la desgracia, cosa que es de agradecer, para interesarse de lo acontecido y tener mayor información. Pero lo que hizo posteriormente en la rueda de prensa fue de un cinismo y de un populismo impropio de la persona que ostenta el cargo de mayor importancia de nuestra ciudad.

Nuestra alcaldesa echó las culpas de lo ocurrido a las entidades bancarias, en concreto a la entidad propietaria del local que “se trata de una problemática general que existe en la ciudad, con varias sucursales bancarias donde la propiedad, tras abandonarlas, se desentiende por completo”. 

Es cierto que quien primero se debe preocupar del mantenimiento de las fincas de su propiedad es el propietario, pero no entiendo cómo puede la alcaldesa Ada Colau echar la culpa de lo sucedido al propietario, en este caso una entidad bancaria, por considerar que ha desatendido el local cuando en un pasado reciente también hubo un incendio, en un edificio propiedad del Ayuntamiento (Torre del Fang), que también llevaba tiempo ocupado y que la suerte llevó a que no hubiera víctimas mortales.

¿Se quejó entonces Ada Colau de su propio Ayuntamiento y se echó la culpa a sí misma por “desatención” del local? Rotundamente no.

Lo que debería hacer el gobierno de la ciudad es empezar a atender todos aquellos edificios, todos aquellos locales, todas aquellas viviendas que son propiedad del Ayuntamiento y que están degradándose día sí día también, y en los cuales viven personas, viven familias, algunas con contrato y algunas sin contrato, pero todas con un elemento en común: su deficiente mantenimiento que podría provocar una desgracia como la de este martes en cualquier momento.

No quisiera escuchar que por culpa de la desidia de los responsables políticos de nuestro Ayuntamiento llega una desgracia como la de ayer, ni en un local de propiedad privada ni mucho menos en un local de propiedad municipal.

Es reprochable que nuestra alcaldesa aproveche una desgracia como la sufrida este martes para atacar todo aquello que le molesta, y como no iba a ser de otra manera, la propiedad privada.

En mayo de 2016, como consejero del Distrito de Sarrià Sant Gervasi, formulé una pregunta al Gobierno de Ada Colau en el que solicitaba que me contestaran el número de ocupaciones existentes en el Distrito, tanto de propiedad pública como de propiedad privada. La respuesta fue la siguiente: seis públicas y 44 privadas.

Animo a los partidos políticos representados en el Ayuntamiento a que pregunten lo antes posible cuál es número de propiedades ocupadas de titularidad municipal y que se haga una auditoría (de todas, las ocupadas y las que están con contrato) para saber el estado de conservación en el que se encuentran y así poder prevenir futuras desgracias.

El Ayuntamiento, antes de dar lecciones, debe de dar ejemplo.