El Govern de la Generalitat ha designado Presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona al hasta ahora diputado de ERC LLuis Salvadó. Entre las distintas consideraciones que pudieran versarse sobre este nombramiento, hay una razón que no se encontrará: potenciar uno de los principales motores económicos de la ciudad. Y eso nos lleva a emitir un “S.O.S., naufragio en el Puerto”.

No seré yo quien polemice sobre la persona elegida y sus controversias por ser uno de los promotores del referéndum ilegal y por lo que deberá responder ante la Justicia. Tampoco lo haré por la particular opinión del nuevo Presidente portuario, que no tabernario, sobre lo expresado por él respecto a los atributos físicos de la mujer que han de ser necesarios para que una fémina sea nombrada consellera. Sin embargo, si quisiera constatar algunos aspectos.

El Puerto es esencial en el progreso de Barcelona. Comparte importancia con otros tractores económicos como el aeropuerto o el Consorcio de la Zona Franca y es imprescindible que todos ellos, y con las instituciones, promuevan acciones concertadas desde una cogobernanza para exprimir al máximo el potencial de nuestra ciudad.

En toda decisión de gobierno, y más aún si ésta es de cariz económica, debe generarse un clima de confianza institucional, de seguridad jurídica, de colaboración público-privada, de conocimiento de la ciudad, de rigor profesional e incluso de solvencia política. No obstante, el nombramiento portuario dista mucho de encajar en lo citado.

Los atributos del designado obedecen a una dimisión del anterior presidente que ha sido motivada, no por su gestión en el ente, sino por su militancia en Junts per Catalunya y tras abandonar esta formación el Govern de la Generalitat. Su sustituto es tributario de su afiliación al ya único y más que minoritario partido, ERC, que gobierna Cataluña y desde su lealtad a un proceso independentista ilegal.

La atribución de la nueva autoridad no responde a que sea preciso dotar al Puerto de un nuevo impulso estratégico y de mejora de su gestión. Tampoco se le atribuye al nombrado su idoneidad para extender las actividades industriales, arraigar la presencia de cruceros y turismo de más calidad o diseñar un mejor encaje urbano en la ciudad. 

En este contexto el silencio de la alcaldesa es atronador. Y lo es porque antaño su elocuencia era ácida ante otros nombramientos de máximos responsables de los principales motores públicos de la ciudad. Ada Colau calla no por complacencia, sino por su propia precariedad política al necesitar de ERC, el partido de Salvadó, para aprobar los presupuestos municipales. Tampoco debe olvidarse que los republicanos son los socios imprescindibles de los podemitas-comunes y de Pedro Sánchez para mantenerse en el Gobierno de España. Es decir, importa todo menos lo que debe importar: Barcelona.

El Puerto barcelonés sigue siendo de titularidad del Estado, aunque a su presidente lo nombre la Generalitat. Lo sucedido pone de manifiesto que no sería descabellado promover una reforma de la Ley que regula estas infraestructuras en nuestro país cuando los nombramientos se subordinan a intereses partidistas, a cambios legislativos penales o a acomodos e inacciones vergonzosas vinculadas al proceso ilegal independentista.

Para la secesión, Barcelona es solo una herramienta al servicio del separatismo, mientras el independentismo, desde la Generalitat y sistemáticamente, niega a nuestra ciudad la financiación, los servicios y la inversión que le corresponden en justicia y por población.

El Puerto debe ser entendido como un elemento de progreso y acicate económico de la ciudad. Debe encarar y disipar cuestiones muy relevantes: la reforma del Port Vell, su encaje de ciudad, nuevas actividades económicas, las estadías de cruceros, el exprimir su potencial industrial desde el entendimiento institucional y la colaboración con el sector privado y otros agentes imprescindibles con el sector público con inversiones estratégicas y enlaces ferroviarios y viarios, el desdoblamiento de la Ronda litoral, la seguridad interior que es competencia de la policía portuaria y de la Guardia Civil y con los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana en la perimetral, la decisión final sobre el Hermitage, la Marina 92 de esta década, etc. 

El Puerto no es una agencia de colocación ni de agitación política partidista o entre gobiernos. Es la Barcelona que necesita de grandes consensos, sentido de la responsabilidad y sentido de ciudad.