El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGE) ha advertido de que la proposición de ley para limitar las llamadas compras especulativas de vivienda, registrada por Comuns y pactada con el Govern socialista, vulnera varios artículos del Estatut catalán y de la Constitución española.
Según el dictamen, al que ha tenido acceso EFE, la tramitación por lectura única no permite la participación de entes de representación local, y el texto vulnera las competencias del Estado en materia de bases de las obligaciones contractuales, los derechos a la propiedad y a la herencia, la libertad de empresa y la seguridad jurídica.
El dictamen, que no es vinculante y fue solicitado por Junts y el PPC, cuenta con la unanimidad de los miembros del CGE.
La proposición de ley, que el Parlament acordó tramitar por lectura única con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP, plantea que los ayuntamientos puedan limitar el número de viviendas que puede tener una persona en las calificadas como zonas tensionadas y condiciona su adquisición a que se destine a vivienda habitual (o a una segunda residencia, con condiciones).
Reproche por la lectura única
El CGE señala que la lectura única -con la que se acortan los plazos de tramitación- vulnera en este caso el artículo 138 del reglamento del Parlament y el 23.2 de la Constitución.
Recuerda que, según la doctrina establecida por el propio CGE, se requiere cumplir con los requisitos de "naturaleza" y "simplicidad" para optar por este procedimiento legislativo. Se recomienda reformar el reglamento del Parlament en este mismo sentido.
Imagen de archivo del Parlament de Cataluña / CG
El hecho de que el Consell de Governs Locals y entidades municipalistas no hayan podido participar en la elaboración de la proposición de ley, asimismo, vulnera el artículo 85 del Estatut.
Invasión de competencias estatales
El dictamen censura ya el primer artículo de la proposición de ley y todos los preceptos vinculados a este, puesto que no respeta el artículo 129 del Estatut y vulnera el 149.1.8 de la Constitución, relativo a las bases de obligaciones contractuales, y afecta a "la regla básica de la autonomía de la voluntad y la libertad de pactos".
Los límites a la propiedad previstos en la iniciativa, asimismo, vulneran el derecho a la propiedad privada y a la herencia (artículo 33 de la Constitución): se contempla "un vaciamiento de la utilidad individual de la propiedad" y "una carga individual excesiva o desproporcionada", denuncia el dictamen.
Viviendas en el Poble-sec
Libertad de empresa y seguridad jurídica
De acuerdo con el CGE, el texto también es contrario al artículo 38 de la Constitución, ya que impone "un sacrificio absoluto de la libertad de empresa de todas las personas físicas que quieran operar en el sector de la vivienda" y es una "injerencia excesiva" en cuanto a lo que pueden hacer las personas jurídicas.
A la proposición de ley, asimismo, le falta "certidumbre y previsibilidad", lo que contraviene el artículo 9.3 de la Constitución, esto es, el principio de seguridad jurídica.
Propietarios y constructores celebran el dictamen
La Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (Apce) ha exigido la "retirada inmediata" de la proposición de ley tras conocer el dictamen.
El presidente de Apce, Xavier Vilajoana, ha asegurado que "es demoledor y deja claro que esta proposición de ley no se aguanta ni por las formas ni por el contenido".
Por su parte, la asociación de propietarios Som Habitatge ha celebrado la conclusión del Consell de Garanties y ha reclamado al Govern de Salvador Illa que "recapacite y retire la proposición de ley para abrir un debate riguroso con todos los agentes implicados".
Xavier Vilajoana, presidente de la APCE
Los comunes revisarán el texto
La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha rechazado el dictamen y ha asegurado que lo estudiarán "en profundidad" con los expertos que avalaron la propuesta.
"Creemos que no se ha entendido que no limitamos la adquisición, sino el destino de la vivienda", ha expresado en un mensaje en X.
Albiach ha afirmado que abordarán los siguientes pasos con el Sindicat de Llogateres y los grupos que creen que se debe limitar la compra especulativa. "Seguiremos explorando los márgenes legales para hacer de la vivienda en Catalunya un derecho y no un activo financiero", ha defendido.