Este septiembre se cumplirán ocho años desde que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó la reserva del 30% de vivienda protegida en las promociones de obra nueva y las grandes rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados.
Una medida que se esperaba que generara más de 300 viviendas asequibles por año, pero que deja una cruda realidad: solo 34 pisos protegidos.
Jaume Collboni llevó la reforma de esta norma por bandera durante la campaña electoral de 2023 y acercó posiciones con Junts, el partido mayoritario en el consistorio, tras proclamarse alcalde.
Las negociaciones avanzaron, con propuestas consensuadas --según los partidos políticos-- con el sector privado y el tercer sector. Pese a ello, en verano de 2025 el alcalde decidió “meter en un cajón” la modificación porque el partido independentista se levantó de la mesa, tal y como explicó a Metrópoli.
“Respeto la posición de Junts. Seguimos, en todo caso, muy sorprendidos porque creo que hicimos un esfuerzo de aproximación de posiciones muy equilibrado que, incluso, tenía el apoyo del tercer sector. Lo que me corresponde hacer como alcalde y como gobierno municipal tras esa decisión de Junts es aparcar la propuesta del 30% y ponerla en un cajón porque no ha sido posible llegar a un acuerdo”, zanjó el alcalde.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
Frenazo a la vivienda libre y rehabilitaciones
Fuentes municipales han confirmado que a día de hoy se deberían haber construido 2.000 pisos con el 30%, pero la realidad es que solo se han hecho 23 de obra nueva y 11 grandes rehabilitaciones.
“El balance del 30% demuestra que las buenas intenciones no siempre llevan asociados buenos resultados”, han apuntado.
Un aspecto “problemático”, según el gobierno municipal, ya que la vivienda social es más necesaria que nunca para garantizar el tan aclamado “derecho a quedarse” de Jaume Collboni.
En todo caso, tanto las fuentes consultadas como los principales interlocutores del consistorio lo tienen claro: no se debe tumbar la medida, sino perfeccionarla para que funcione.
Bloques en Barcelona en una imagen de archivo
En el último pleno municipal del curso político, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, aseguró que el Ayuntamiento había hecho “todo lo posible” para reformar el 30% durante este mandato y que no va a renunciar hasta tener una medida efectiva.
El concejal de Junts, Damià Calvet, le reprochó al PSC que no cerrara ningún acuerdo con ellos para modificar la normativa. “Tal vez [el gobierno municipal] estaba demasiado secuestrado para mejorar las condiciones que, en sentido contrario a las nuestras, les exigían sus socios, los comunes y ERC", apuntó Calvet.
Vivienda protegida
Paradójicamente, el parque de vivienda pública ha continuado su aumento sin tener en cuenta el 30% gracias a los esfuerzos de Barcelona por incrementar la construcción.
“En Barcelona sí que hay grúas. Hay en la Marina de Prat Vermell, en el 22@, en La Sagrera…”, aseguró Collboni durante un acto en Foment del Treball, en respuesta al presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, quien había lamentado la falta de grúas en la ciudad para levantar nueva vivienda.
Y es que el mandato de Jaume Collboni ha estado marcado por una fuerte apuesta por la producción de vivienda social. La previsión es que en 2027, al finalizar sus cuatro años en la alcaldía, se alcancen hasta 10.000 nuevas viviendas y un total de 15.000 en 2030.
Demandas del sector inmobiliario
No obstante, las principales asociaciones inmobiliarias de Catalunya continúan apremiando a Barcelona para que modifique el 30% y permita que la vivienda libre también crezca en la ciudad, pues las inversiones están “paralizadas” ante la inseguridad.
Así lo afirmó el presidente de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Josep Antoni Martínez, este julio durante la presentación del estudio de Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya (Pimec) que concluía que la crisis de la vivienda afectaba a la competitividad de las pymes.
En una mesa redonda, recordó que en los años 80 la producción de vivienda protegida era habitual y rentable, “no especulación”, y permitió generar muchas residencias sociales.
“¿Os imagináis que en Barcelona los restaurantes tuvieran que poner obligatoriamente una carta? ¿O que el 30% de la ropa tuviera que venderse…? Claro que se puede regular, pero no puede hacerse de forma genérica porque eso frena la inversión”, argumentó.
En esta línea, el presidente de la Associació de Promotors de Cataluña (APCE) expresó recientemente en este digital las consecuencias de la inseguridad jurídica para los promotores en la ciudad.
“Cuando una actuación deja de ser viable, simplemente deja de construirse. Y cuando una promoción no llega a ejecutarse, desaparecen todas las viviendas planificadas, las de precio libre y las de precio asequible”, afirmó el presidente de la entidad, Xavier Vilajoana.
Xavier Vilajoana, presidente de la APCE
Collboni entrará así este septiembre en el último curso político de su mandato con el runrún del 30%. Un proceso que se prevé largo, no solo desde el punto de vista de las negociaciones, sino para tramitarlo hasta su aprobación final.