El caso de Maricarmen ha devuelto el drama de los desahucios al centro de la prensa. Esta semana, Sílvia, vecina de Gràcia y con una discapacidad reconocida del 36%, también fue desalojada en la calle Sardenya, 357, en medio de una concentración de unas 40 personas, entre las que estaba la exalcaldesa Ada Colau.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los lanzamientos judiciales practicados en los últimos 10 años en la ciudad de Barcelona han bajado un 56%, de los 3.098 registrados en 2015 a los 1.373 de 2025, los datos disponibles más recientes.
Pese a este fuerte descenso, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como el impago del alquiler o la expiración de los contratos, siguen representando ocho de cada 10 del total.
Además, las familias barcelonesas destinan de media el 41% de sus ingresos al alquiler, según el último estudio de Idealista.
Lanzamientos practicados en juzgados de primera instancia e instrucción en Barcelona
Escudo social
Durante esta última década, se han introducido distintas medidas de protección para hacer frente a los desahucios. En un principio, estuvieron dirigidas a determinados casos de ejecuciones hipotecarias de personas en situación de vulnerabilidad, en el contexto de la crisis financiera de 2012
A partir de 2020, en plena pandemia, la protección se amplió a determinados casos relacionados con el alquiler. El Real Decreto-ley 11/2020 introdujo la posibilidad de suspender lanzamientos de personas vulnerables que no dispusieran de una alternativa habitacional.
Manifestación en contra del desahucio de Maricarmen
Esta medida, que ha sido prorrogada en sucesivas ocasiones, sigue vigente hasta el 31 de diciembre de este año. No obstante, tras una modificación de principios de este año, no se aplica en el caso de los pequeños propietarios que se declaren vulnerables o de menos de dos viviendas.
“El derecho a quedarse”
Los desahucios son procedimientos judiciales y, por tanto, es competencia del Gobierno central legislar para que los juzgados apliquen la normativa en cada caso y ejecuten o no los lanzamientos.
Por su parte, las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden desarrollar políticas de vivienda y medidas de protección.
En los últimos años, el Gobierno municipal de Jaume Collboni ha impulsado una serie de iniciativas orientadas a defender el “derecho a quedarse” en la ciudad de todos los barceloneses, como topar el precio del alquiler, eliminar los pisos turísticos y aumentar el parque de vivienda pública.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la presentación del Board 2030
Además, el Ayuntamiento dispone del Servicio de Intervención y Mediación en situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones (SIPHO).
Fuentes municipales explicaron que este servicio medió en el caso de Sílvia, la mujer que desde 2013 residía en la calle Sardenya y a quien la empresa Bossant 2001 le negó sistemáticamente incluirla en el contrato después de que su pareja abandonara la vivienda, incluso tras la intervención del consistorio.
Desahucio en la calle Saradenya de Barcelona
Nuevas medidas de protección
Los casos de las mujeres desahuciadas en Madrid, Barcelona y L’Hospitalet han sacudido también el debate político. Este viernes, 25 de septiembre, se ha conocido que Junts y el Gobierno del PSOE negocian vetar los lanzamientos de inquilinos vulnerables que residan en pisos propiedad de fondos de inversión.
De hacerlo, la iniciativa se incluiría en el decreto que el ejecutivo de Pedro Sánchez elabora a contrarreloj de cara al Consejo de Ministros del próximo martes.