Alivio en el barrio de la Sagrada Família. La Justicia ha puesto fin a un conflicto iniciado en el verano de 2023 y que se ha prolongado durante casi tres años. La okupa, de origen coreano, que convirtió la vivienda en la que residía en un piso turístico ilegal, deberá marcharse por orden del juez.
La sección civil del Tribunal de Instancia de Barcelona ha estimado íntegramente la demanda de la propiedad y ha condenado a la inquilina a restituir la posesión de la finca de la calle de la Marina, 318, y dejar el piso “libre, vacuo y expedito” a disposición del dueño.
Además, el magistrado advierte que, si no abandona la vivienda voluntariamente, se procederá al lanzamiento y la condena en costas.
Piso turístico ilegal
El piso pertenece a un jubilado que se fue a vivir a Málaga y dejó la gestión de su vivienda a una inmobiliaria.
Según explicó una de las vecinas del edificio a Metrópoli, Júlia Rosell Saldaña, los primeros arrendamientos no dieron problemas.
El conflicto comenzó en verano de 2023, cuando la inmobiliaria le alquiló la vivienda a un coreano que la destinó a piso turístico ilegal para conciudadanos del país asiático y la llegó a anunciar en portales coreanos.
La ida y venida de maletas generó un problema al resto de vecinos de la finca, que se quejaron en incontables ocasiones y emprendieron acciones para frenar la actividad ilegal en el inmueble, como colgar carteles de advertencia a los turistas que llegaban, que muchos no sabían que se trataba de un negocio no autorizado.
Cartel colgado por los vecinos de la finca de la calle de la Marina, 318, para denunciar alquileres ilegales
El negocio fracasa
Al cabo de unos meses, el inquilino pidió ayuda a otra ciudadana coreana para la gestión del piso turístico, pero el negocio fracasó.
Fue entonces cuando el inquilino decidió cesar la actividad y echar a la mujer. No obstante, ella se negó a marcharse y el conflicto entre ambos escaló a tal punto que la coreana terminó presentando una denuncia contra el inquilino, lo que motivó que los Mossos d’Esquadra lo detuvieran.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2024 y, desde entonces, la mujer okupa el piso de la calle de la Marina.
Amenazas y agresiones a vecinos
Los vecinos relataron cómo la mujer aumentó la presión sobre ellos a medida que pasaba el tiempo. Al cabo de unos meses de okupar el apartamento, les comenzó a amenazar, insultar e incluso agredir físicamente.
El miedo llegó a tal punto que una vecina se vio obligada a mudarse.
Rosell explicó a este digital cómo la inquilina se paseó algunas noches con un martillo y golpeó las cerraduras de sus puertas.
Imagen pixelada de la okupa con el martillo
Las cámaras de seguridad del edificio también captaron cómo la mujer manipulaba presuntamente el contador para cortar el agua al resto de los apartamentos.
Lanzamiento
El Tribunal de Instancia ha puesto fin este febrero al largo calvario que han sufrido en la pequeña finca. No obstante, la inquilina todavía tiene plazo para alegar.
En el caso de que la sentencia sea firme, las autoridades deberán evaluar si la okupa es vulnerable o no, ya que el magistrado no se pronuncia al respecto todavía.
Según el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, el llamado escudo social que protege a los inquilinos vulnerables frente a desahucios se prorroga hasta finales de este año, con la excepción de que el propietario de la vivienda tenga menos de tres viviendas.