Los vecinos de la calle de la Marina, 318, en el barrio de la Sagrada Família de Barcelona, ya pueden respirar tranquilos. La comitiva judicial ha ejecutado el lanzamiento de la inquiokupa que llevaba tres años causando conflictos en la finca.
No solo la transformó la vivienda en un piso turístico ilegal, sino que amenazó, insultó e incluso agredió físicamente a los vecinos del bloque.
El pasado febrero, la sección civil del Tribunal de Instancia de Barcelona estimó íntegramente la demanda de la propiedad y condenó a la inquilina a restituir la posesión del piso y a dejarlo “libre, vacuo y expedito” a disposición del dueño.
Tras ocho meses de espera, el juzgado ejecutó el lanzamiento el pasado lunes, 6 de octubre. La comitiva judicial llegó pasadas las 12:00 horas del mediodía y le comunicó a la inquilina, de origen coreano, que debía abandonar el apartamento. Tras una larga discusión, la mujer salió del piso en el que había permanecido desde 2023 con ropa de calle y al menos tres maletas y una mochila. “Se acabó”, le dijeron los de la comitiva.
Una vez se fueron los funcionarios, la mujer llamó a todos los interfonos del inmueble, intentando que algún vecino le abriera la puerta porque supuestamente se había dejado el móvil en la vivienda. Sin embargo, los vecinos la llamaron al dispositivo y vieron que ya lo llevaba encima.
La okupa del barrio de Sagrada Família de Barcelona a las afueras del bloque de viviendas
Después de pasar unas horas recorriendo arriba y abajo la calle de la Marina, tratando de encontrar la manera de colarse, finalmente se marchó. Sin embargo, según ha podido saber Metrópoli, ha vuelto a contactar con algunos vecinos, que le han informado de que, tal y como establece la sentencia, todo lo que dejó en el piso --entre ello, aparentemente, una planta de marihuana-- se considera "abandonado".
Una de las residentes, Júlia Rosell Saldaña, explica a este medio que estos últimos meses la inquiokupa, que ya conocía la resolución firme del tribunal, les hizo “la vida imposible” a los vecinos de la vivienda debajo de la suya.
“Les tiraba cosas al patio interior como basura, les llamaba al timbre a las tantas de la noche y les molestaba a menudo”, afirma.
Además, el propietario de la vivienda, Alfonso, confirma que han desaparecido muebles como el sofá, la televisión o algunas camas. “Aunque dentro de lo que podría haber hecho, está bastante bien”, admite.
La okupa del barrio de Sagrada Família de Barcelona a las afueras del bloque de viviendas
El inicio del conflicto
Alfonso compró el piso en el año 1992 y cuando se jubiló se fue a vivir a Málaga, dejando la gestión de su piso a una inmobiliaria.
Los primeros arrendamientos no dieron problemas. El conflicto comenzó en el verano de 2023, cuando la inmobiliaria le alquiló la vivienda a un ciudadano coreano que la destinó a piso turístico ilegal.
La ida y venida de maletas generó un problema al resto de vecinos de la finca, que se quejaron en incontables ocasiones y emprendieron acciones para frenar la actividad ilegal en el inmueble, como colgar carteles de advertencia a los turistas que llegaban, que muchos no sabían que se trataba de un negocio no autorizado.
Al cabo de unos meses, el inquilino pidió ayuda a otra ciudadana coreana para la gestión del piso turístico --la okupa--, pero el negocio fracasó. Fue entonces cuando el inquilino decidió cesar la actividad y echar a esta mujer.
No obstante, ella se negó y el conflicto entre ambos escaló a tal punto que la coreana terminó presentando una denuncia contra el inquilino, lo que motivó que los Mossos d’Esquadra lo detuvieran.
Amenazas
Los hechos ocurrieron en marzo de 2024 y, desde entonces, la mujer okupa el piso de la calle de la Marina. En todo este tiempo, la mujer amenazó al resto de residentes, les insultó e incluso agredió físicamente.
Algunas noches, la coreana se paseó con un martillo y golpeó las cerraduras de sus puertas.
Las cámaras de seguridad del edificio también captaron cómo la mujer manipulaba el contador presuntamente para cortar el agua al resto de los apartamentos.
Imagen pixelada de la okupa con el martillo
De nuevo, al mercado del alquiler
El conflicto ha durado dos años y medio, tiempo en el que Alfonso ha tenido que asumir gastos y no ha cobrado lo que necesitaba para complementar su pensión, pues también reside de alquiler en la ciudad andaluza.
Ahora, asegura, quiere volver a poner el piso en alquiler, aunque cambiará de inmobiliaria y endurecerá las condiciones para evitar volver a ser víctima de okupación, además de pagar un buen seguro. “No quiero deshacerme de él porque necesito el dinero”, explica.
Rosell, por su parte, que reside con su madre, cuenta cómo puede disfrutar del silencio por fin. “La Justicia es lenta, pero cuando actúa, actúa”, anuncia.