La sensación de impotencia en los diferentes barrios de Barcelona ante la delincuencia generalizada ha disminuido, por lo menos un poco, esta semana.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, 12 de febrero, la esperada Ley contra la Multirreincidencia, una reforma del Código Penal impulsada por Junts y apoyada por PSOE, PP, Vox y PNV que cambia radicalmente las reglas del juego para los delincuentes habituales que han hecho del robo su "oficio" en Barcelona.
El fin de los hurtos de "bajo coste"
Hasta ahora, robar un móvil de menos de 400 euros se consideraba un delito leve que se saldaba con una multa que pocos pagaban.
Con la nueva ley, la acumulación de tres hurtos, independientemente de su valor, podrá conllevar penas de entre uno y tres años de prisión.
Un detenido durante un 'Pla Kanpai' en Badalona
Agravante
La clave para Barcelona es la especial atención que la norma presta a los dispositivos electrónicos. El robo de teléfonos móviles pasa a ser un supuesto agravado, ya que se entiende que no solo se sustrae un objeto, sino el acceso a datos personales, bancarios e íntimos de la víctima.
Esto permitirá que los ladrones de smartphones, responsables del 45% de los robos en la ciudad, terminen entre rejas mucho antes de lo que lo hacían hasta ahora.
La "orden de alejamiento" del barrio
Una de las medidas más celebradas por el tejido comercial es la capacidad que ahora tendrán los jueces para dictar órdenes de alejamiento de barrios o zonas específicas. Si un carterista actúa de forma reiterada en determinadas calles o entornos, el juez podrá prohibirle legalmente pisar esas zonas.
Esto da un arma jurídica letal a los Mossos d’Esquadra y a la Guardia Urbana, que hasta ahora se veían obligados a detener a las mismas personas día tras día en el mismo metro cuadrado de acera.
Imagen de archivo de una detención de mossos durante un operativo en Barcelona
Más jueces para Barcelona: el plan de choque
La ley no llega sola. Conscientes de que el sistema judicial en Barcelona está al borde del colapso (con esperas de hasta 14 meses para juicios rápidos), el Gobierno ha pactado un aumento de la planta judicial.
Barcelona recibirá una inyección de nuevos jueces entre 2026 y 2027 para garantizar que esta ley no se quede en papel mojado y que los multirreincidentes entren en prisión de forma efectiva y rápida.
Una ciudad al límite
Los datos no dejaban margen para más esperas. En el último año, apenas 260 personas acumularon más de 1.700 detenciones en la capital catalana. La "impunidad" que denunciaban figuras como Albert Batlle o Jaume Collboni tiene ahora un contrapunto legal sólido.
Aunque la reforma ha dividido a los socios del Gobierno (Sumar y Podemos han votado en contra alegando que no reducirá la delincuencia), en Barcelona el consenso es casi total: era una reforma de "supervivencia" para el comercio y la convivencia.