La Comisión Europea ha presentado este miércoles, 9 de septiembre, la Ley de Vivienda Asequible, un reglamento que fija por primera vez en el derecho comunitario los criterios para declarar una "zona bajo tensión de vivienda" y dota a los ayuntamientos de herramientas blindadas para limitar el alquiler vacacional.
El nuevo texto regulatorio busca poner fin a la incertidumbre legal y a la cascada de litigios judiciales que suelen afrontar los consistorios cuando intentan frenar la actividad de las plataformas de alquiler de corta estancia. La Unión Europea valida de esta forma la intervención pública en el mercado inmobiliario cuando este no garantiza el acceso a un hogar.
Pese a ello, la comisión fija un marco normativo que debe cumplir con los principios de "proporcionalidad y temporalidad" de máximo cinco años de duración.
Frenar la escalada de precios
El objetivo prioritario del Ejecutivo comunitario es ofrecer un estándar de seguridad jurídica a los ayuntamientos que decidan limitar el alquiler vacacional o la adquisición de inmuebles que no se destinen a residencia habitual. Con un incremento medio del precio de la vivienda superior al 60% en la UE desde 2013 --cifra que en España escala hasta el 72%--, la Comisión legitima la acción pública cuando el libre mercado falla en garantizar un hogar asequible.
"No estamos en contra de los alquileres de corta duración por principio, pero vemos en muchas ciudades que esto se ha convertido en un verdadero problema que expulsa a los vecinos de sus hogares", ha defendido el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.
Viviendas en Barcelona
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Teresa Ribera, ha destacado la importancia de fijar una base regulatoria compartida.
"Cuando el mercado falla a la hora de ofrecer algo tan fundamental como un hogar asequible, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar", ha subrayado.
Condiciones
Para que una ciudad o distrito pueda acogerse a estas restricciones como 'zona bajo tensión de vivienda', la ley comunitaria establece que el precio medio de la vivienda debe equivaler a al menos ocho veces la renta disponible per cápita de la zona.
Esa desproporción debe haber experimentado un incremento sostenido a lo largo de la última década.
Viviendas en el Poble-sec
Además, las proyecciones deben indicar que la tensión del mercado no se aliviará de forma natural en los tres años siguientes.
Una vez declarada la zona tensionada, los gobiernos locales podrán restringir dos ámbitos muy concretos: la oferta de alquiler turístico y la adquisición o uso de inmuebles que no vayan destinados a residencia habitual.
Las medidas tendrán una duración máxima de cinco años y deberán demostrar que la actividad turística impacta de forma directa en los precios y en la escasez de oferta residencial.
El encaje del modelo Barcelona
Aunque el reglamento valida la potestad de los municipios para intervenir en el sector turístico, los portavoces de la Comisión han aclarado que la norma no actúa como un aval automático ni tampoco como un veto para las regulaciones aprobadas con anterioridad.
La directiva solo aplicará a las medidas que se diseñen tras la entrada en vigor del texto, dejando intactas las competencias que cada Estado miembro ejerce en materia de vivienda.
Collboni
Este punto resulta especialmente sensible para la estrategia del Ayuntamiento de Barcelona. La capital catalana mantiene en marcha un plan para no renovar y extinguir las más de 10.000 licencias de pisos turísticos de la ciudad de cara a noviembre de 2028, tal como anunció el mismo alcalde, Jaume Collboni.
Sin embargo, la propuesta de Bruselas puede suponer el veto anunciado por el edil socialista, ya que sostiene que cualquier medida restrictiva de las libertades comunitarias del mercado interior debe ser acotada en el tiempo a un periodo máximo de cinco años, sujeta a revisiones periódicas y limitada exclusivamente a las zonas que justifiquen el impacto directo de esta actividad.