Junts ha reclamado al gobierno municipal de Jaume Collboni que abandone la pugna judicial por el plan urbanístico de Gràcia que anuló el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hace un par de semanas y que el Ayuntamiento anunció que iba a recurrir, una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) aprobada durante el mandato de Ada Colau en 2022 y que mantiene el bloqueo de decenas de viviendas potenciales en el distrito.
El grupo municipal ha exigido, en cambio, que se redacte un nuevo planeamiento que recoja las demandas de los vecinos, agentes sociales y económicos y el resto de partidos del consistorio.
Freno a las rehabilitaciones
La regidora de Junts Carme Lleó ha recordado en un comunicado que, cuando esta modificación se aprobó, ya alertaron de que perjudicaba la propiedad y supondría un freno a las rehabilitaciones de vivienda en Gràcia.
La sentencia del TSJC, que tumbó la medida por su inviabilidad económica, constituye una "grave situación de inseguridad jurídica y pueden dar lugar a demandas de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento", ha avisado Lleó.
Jordi Martí Galbis (Junts) en la entrevista en la Cadena Cope
Carga para los propietarios
La modificación para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia rebaja el umbral de aplicación de la reserva del 30% de vivienda protegida de las parcelas de mínimo 400 metros cuadrados --en lugar de 600, como en el resto de la ciudad--.
También establece que los locales en planta baja que se transformen en vivienda se destinen obligatoriamente al parque de vivienda protegida, así como que, en el caso de pisos de 160 metros cuadrados o más que se dividan, al menos la mitad de las unidades resultantes se destinen a protección oficial.
Iniciativas que tanto el sector inmobiliario catalán como el TSJC han concluido que suponen una carga singular para los propietarios, ya que la administración no contempla otorgar ayudas o indemnizaciones.