La tensión entre la Guardia Urbana de Badalona y el gobierno de Xavier García Albiol ha llegado a un punto de no retorno.
El sindicato PSU ha emitido un duro comunicado esta semana denunciando una situación de inseguridad y abandono que, según afirman, pone en riesgo la integridad de los agentes y de la propia ciudadanía.
El detonante final ha sido un hecho insólito que avanzó Metrópoli: el robo de la moto de un agente que estaba estacionada en el aparcamiento de la comisaría.
"Falta de control"
Para el sindicato, este suceso es la prueba definitiva de la "falta de control" en unas dependencias donde, meses atrás, ya se detectó el acceso de personas no autorizadas.
Los agentes califican las condiciones de trabajo como "pésimas", con duchas averiadas desde hace meses y un vestuario femenino tan reducido que obliga a las policías a cambiarse en los pasillos.
Comisaría Guardia Urbana Badalona
Un Gobierno "sin regidor de Seguridad"
La PSU carga contra la gestión política de Albiol, definiendo a su ejecutivo como el "menos dialogante" de la historia reciente. Denuncian que el Ayuntamiento lleva meses sin un regidor de Seguridad titular y que la responsable de Recursos Humanos no se reúne con los sindicatos desde hace más de un año.
A esta falta de interlocución se suma el mal estado de la flota de vehículos, cuyo mantenimiento deficiente supone, según el comunicado, un peligro tanto para los policías como para los usuarios de la vía pública. "Si no se actúa de inmediato, acabará ocurriendo una desgracia", advierten con contundencia.
Sospechas sobre el ascenso del superintendente
El sindicato también pone el foco en el reciente nombramiento de Óscar Parada como Superintendente, un proceso que tildan de estar "diseñado para una persona concreta".
Parada fue el único aspirante que se presentó al examen, después de que otros cinco candidatos denunciaran el proceso ante la Oficina Antifrau de Catalunya por falta de transparencia.
El "caso antenas"
La PSU califica de "llamativo" que Parada fuera un testigo clave a favor de Albiol en el conocido "caso de las antenas".
Según el sindicato, la oposición para el cargo se resolvió justo después de la absolución del alcalde. Ante lo que consideran una "dejación de funciones", exigen una inversión real en instalaciones y medios antes de que la situación derive en responsabilidades políticas mayores.