El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha dado el primer paso formal para reabrir la emblemática piscina del Poliesportiu Ricart, cerrada desde septiembre de 2014 por graves deficiencias estructurales y fugas de agua.
La novedad ahora es que el consistorio ha abierto el concurso público para licitar la redacción del proyecto básico, ejecutivo y el estudio de seguridad y salud para la remodelación integral de la instalación.
Según la información pública al respecto consultada por este medio, la licitación del servicio de arquitectura e ingeniería sale a concurso por un presupuesto base de 178.035,27 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de cinco meses. Los equipos interesados tienen de plazo hasta el próximo 4 de octubre para presentar sus propuestas técnicas.
Reducción de profundidad
El contrato toma como base el anteproyecto arquitectónico elaborado por el despacho Soldevila Soldevila Soldevila Arquitectes en febrero de 2023, que prevé una inversión global en las obras estimada en tres millones de euros (2,09 millones de presupuesto de ejecución material).
El plan de intervención contempla una transformación profunda de la zona acuática para adaptar el complejo a la normativa y exigencias actuales.
Exterior del Poliesportiu Ricart por la parte del paseo de la Rambleta
Entre las actuaciones, se contempla reducir la profundidad del vaso actual de la piscina a una cota de entre 1,20 y 1,80 metros, eliminando desniveles y mejorando la accesibilidad. Además, se renovarán por completo las redes de desagüe, depuración e iluminación.
Reforma de vestuarios
Las obras también contemplan nuevos vestuarios. Estos se reubicarán y renovarán totalmente y se construirán seis nuevos vestuarios de equipo, uno de árbitros y una enfermería en la planta sótano para dar servicio al pabellón polideportivo.
Por último, también se rehabilitará la fachada para mejorar el aislamiento térmico con una estructura metálica contra la corrosión y el fuego, y se instalarán placas fotovoltaicas en las cubiertas junto a tecnología LED en todo el recinto.
Financiación de la Diputació para 2027
La redacción del proyecto ejecutivo se desplegará en distintas fases a lo largo de cinco meses (un mes para el documento básico, dos meses para el proyecto ejecutivo y validaciones intermedias).
La financiación del proyecto se enmarca en la tramitación anticipada condicionada a los fondos asignados a Sant Adrià en el Programa General de Inversiones 2024-2027 de la Diputació de Barcelona.
La previsión municipal contempla que la redacción y aprobación formal del proyecto se complete de cara al ejercicio 2027, permitiendo licitar posteriormente las obras y poner fin a más de una década de parálisis en el equipamiento deportivo.
Reclamación vecinal
El cierre de la piscina en 2014 supuso un duro varapalo para la vida comunitaria y deportiva de Sant Adrià. Durante más de 12 años, miles de usuarios, escolares y clubes acuáticos se vieron obligados a desplazarse a municipios colindantes o a saturar el CEM Marina Besòs --que años más tarde también sufrió graves desperfectos por el temporal Glòria--.
La pérdida del equipamiento provocó continuas protestas de entidades vecinales, que calificaron históricamente el abandono del Ricart como uno de los mayores ejemplos de deterioro del patrimonio público local.
Exterior del polideportivo Ricart de Sant Adrià
Choque político
En el plano político, el equipamiento ha sido objeto a lo largo de los años de intensos choques en el Pleno municipal. El gobierno municipal del PSC ha defendido de forma continuada la reapertura de la piscina como una "prioridad indispensable" para el municipio, atribuyendo la dilatada demora a la complejidad técnica del edificio, los elevados costes económicos de la rehabilitación y la necesidad de encajar la financiación a través de subvenciones supramunicipales.
Por su parte, la oposición --ERC, Sant Adrià en Comú y PP-- ha fiscalizado duramente la parálisis durante los últimos tres mandatos. Especialmente los republicanos han tachado la instalación como "la gran olvidada" del PSC, criticando los sucesivos retrasos en la tramitación de los pliegos de contratación y denunciando que el abandono prolongado ha encarecido significativamente la factura final de las obras.