La Comisión Territorial de Urbanismo del Ámbito Metropolitano de Barcelona ha aprobado definitivamente este jueves, 17 de septiembre, una nueva regulación impulsada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para flexibilizar la reserva de aparcamiento, tanto en el espacio público como en los edificios.
Se trata de una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que establece reservas máximas para coches dentro del área de las Rondas de Barcelona para desincentivar la movilidad en vehículo privado y fomentar el uso del transporte público.
"La modificación no pretende prohibir el vehículo privado ni limitar el aparcamiento, sino que plantea un cambio de paradigma y adapta su uso a las necesidades de cada municipio y a sus condiciones de accesibilidad y movilidad", ha tranquilizado el vicepresidente del AMB, Antonio Balmón.
Todo ello, en consonancia con el polémico Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), que recibió su segunda aprobación inicial en febrero de este año.
Antonio Balmón
La modificación afecta a un total de 28 municipios con los que se ha trabajado conjuntamente: Barcelona, Badalona, Badia del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana y Viladecans.
En el caso de la capital catalana, la Sucomisión de Urbanismo también validó definitivamente la normativa el pasado julio.
Saturación
El AMB reconoce las distintas realidades de cada ciudad. Por ello, la regulación divide el territorio en tres, según la accesibilidad al transporte público.
Por una parte, los municipios delimitados por la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral; por otra, los que están por fuera pero que todavía cuentan con buena conexión; y finalmente, el resto del ámbito.
En la memoria urbanística se explicaba que las reservas de aparcamiento más elevadas exigidas hasta ahora se localizaban en las ciudades centrales como Barcelona, donde, precisamente, ha bajado la tenencia de turismos.
En cambio, las localidades más periféricas o con tejidos urbanos densos y sin parkings privados sufrían una saturación del espacio público, lo que bloqueaba mejoras viarias como la ampliación de aceras, la pacificación del tráfico o la creación de zonas verdes.
Aparcamiento que desaparecerá en Porta / METRÓPOLI - RP
Vivienda social
Otro de los puntos claves de la normativa es que incentiva la construcción de vivienda social.
Los ayuntamientos metropolitanos trasladaron al AMB que era urgente diferenciar las exigencias entre las viviendas libres y las protegidas, ya que la obligatoriedad de construir aparcamientos en los sótanos de las viviendas protegidas o en los alojamientos dotacionales podía suponer un incremento de los costes de producción y condicionar la viabilidad de los proyectos.
Además, destacaban que estas plazas no se acaban ocupando por los futuros residentes y suelen ser vendidas o alquiladas a terceros.
Para solucionar la problemática, el nuevo PGM ajusta las reservas de aparcamiento a los usos y a las tipologías de edificación, determina reservas mínimas obligatorias para bicis y vehículos de movilidad personal (VMP) y suprime la exigencia de un mínimo de plazas de coche.
Promoción de Viviendas Esplugues
Permutas frente al auge de las motos
La reforma también se adapta a una petición consensuada entre los 28 municipios regulados bajo la normativa, pues mientras el coche va a la baja, el parque de motocicletas se ha duplicado en la mayoría de las localidades en los últimos veinte años.
Ante esta presión, la nueva normativa ofrece flexibilidad a los promotores permitiéndoles permutar plazas de coche por plazas de moto, con el objetivo de dotar de más estacionamiento subterráneo a las motocicletas y retirarlas de las aceras.
La reforma permitirá transformar de forma voluntaria hasta un máximo del 25% de la totalidad de las plazas de coche calculadas para el edificio, aplicando una equivalencia de tres plazas de moto por cada plaza de coche sacrificada.