El Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona ha condenado al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca a pagar tres millones de euros a la promotora inmobiliaria Camier Dos Mil, S.L.
La sanción tiene su origen en un largo litigio sobre la gestión urbanística del sector 21, el área donde se ubica el centro comercial Atrium.
El origen de esta condena se remonta a principios de los años 2000, momento en el que se desarrolló la zona urbanísticamente. Desde entonces, el sector ha sido el epicentro de un conflicto entre el Ayuntamiento, los propietarios y los promotores urbanísticos.
El centro comercial había quedado abandonado, y había generado quejas vecinales por ser un foco de inseguridad.
La cantidad que deberá abonar las arcas municipales corresponde a 2,2 millones de euros de principal, a los que se suman 800.000 euros en concepto de intereses acumulados desde que se dictó la primera sentencia en enero de 2018.
Marc Giribet (ERC), alcalde de Sant Andreu de la Barca
Plan de choque
Ante este impacto extraordinario en las finanzas locales, el alcalde del municipio, Marc Giribet, ha anunciado un plan de choque para "cumplir con la resolución judicial, y al mismo tiempo, minimizar el impacto en las finanzas municipales".
El próximo jueves 24 de septiembre, el Pleno municipal someterá a votación una modificación del presupuesto para poder efectuar un primer pago inmediato de 700.000 euros.
Para cubrir el importe restante, el consistorio presentará un plan de ajuste económico que le permitirá solicitar financiación al Ministerio de Hacienda, asumiendo así el pago a través de un préstamo a largo plazo.
Obras anticipadas y reparcelaciones anuladas
Para entender la magnitud de esta condena hay que remontarse a abril del año 2000, cuando el Ayuntamiento y la empresa Anmamaisa SA --en cuya posición se subrogó posteriormente Camier Dos Mil SL-- suscribieron un convenio para transformar el Sector 21.
Centro comercial Atrium en Sant Andreu de la Barca
En este ámbito se ejecutaron obras de forma anticipada: el derribo de antiguas naves industriales, el soterramiento y canalización del Canal Sedó, y la construcción de un vial con aparcamiento subterráneo.
Todo ello se hizo antes de que se completara el procedimiento de reparcelación, el instrumento que debía determinar cómo se repartían los costes de estas obras entre los propietarios del suelo. En paralelo a esta transformación, el Centro Comercial Atrium abrió sus puertas en 2004.
El conflicto estalló a la hora de determinar quién debía asumir el coste de esas obras adelantadas. El proyecto de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento en 2006 fue anulado por los tribunales entre 2009 y 2010. Un segundo intento de reparcelación en 2011 también acabó en los juzgados.
Finalmente, en enero de 2018, el Juzgado Contencioso Administrativo número 8 anuló los actos administrativos y reconoció el derecho de Camier Dos Mil a ser indemnizada con 2,2 millones de euros por las obras adelantadas.
Edificio del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
Llamamiento a la unidad política
En una declaración institucional celebrada este lunes, tras convocar a todos los grupos políticos del consistorio para informarles de las medidas, el alcalde Marc Giribet ha exigido "responsabilidad" al resto de formaciones frente a esta crisis heredada.
Giribet ha instado a todas las fuerzas políticas a que "asuman las responsabilidades que les corresponden y sean capaces de poner los intereses de Sant Andreu de la Barca por delante de cualquier otro interés".
En un mensaje, el alcalde ha remarcado la necesidad de mirar hacia el futuro. "Es el momento de dejar de formar parte del problema y pasar a formar parte de la solución", ha asegurado.
"Esta factura no es de un gobierno, es una factura que deberá afrontar la ciudad y la respuesta debe estar a la altura de lo que Sant Andreu necesita", ha añadido.