El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha exigido este miércoles a los comunes que le pidan perdón después de que la Fiscalía de Barcelona archivara la denuncia presentada contra él por un presunto delito de odio relacionado con el desalojo del antiguo instituto B9, el pasado diciembre.
"Intentan conseguir en los juzgados lo que no logran en las urnas", ha expresado Albiol en rueda de prensa. El edil popular también ha criticado que el partido recurra a "las penurias y las miserias de la gente" para impulsar sus acciones políticas.
Denuncia de Jaume Asens
El pasado 24 de diciembre, el eurodiputado de los comunes, Jaume Asens, presentó una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol por la posible comisión de cuatro delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa.
El ministerio público archivó estas diligencias de investigación que tenía abiertas tras la denuncia presentada por el eurodiputado al considerar que los hechos no son constitutivos de delito.
Albiol defiende la legalidad del desalojo
El procedimiento judicial estaba relacionado con el operativo del 17 de diciembre de 2025, cuando los Mossos d'Esquadra desalojaron el antiguo instituto B9 de Badalona, convertido en un asentamiento por más de 400 personas, en su mayoría migrantes.
Albiol ha defendido durante su intervención de este miércoles que el Ayuntamiento actuó conforme a la legalidad y ha negado que el desalojo respondiera a motivos de "xenofobia ni de racismo". Según el alcalde, la intervención pretendía defender la dignidad de los vecinos de la zona, que, asegura, llevaban tres años sufriendo problemas de incivismo y delincuencia.
Imagen de archivo del desalojo del B9 en Badalona
El dirigente popular también ha recordado que la resolución judicial que autorizó la entrada en el inmueble ya había respaldado la actuación municipal. Tras esta decisión, Albiol ha defendido que su modelo de gestión se traslade al Congreso de los Diputados para abordar la okupación ilegal y la migración irregular conflictiva.