El acceso a la vivienda y la tensión del mercado inmobiliario continúan marcando la agenda política e institucional en Catalunya. Barcelona en Comú ha exigido al Ayuntamiento de la capital que actúe de inmediato contra las compras especulativas en la capital catalana.
La presidenta de Barcelona en Comú (BComú), Gemma Tarafa, ha instado al alcalde, Jaume Collboni, a convocar "de forma urgente" una mesa de trabajo conjunta. El objetivo principal de este nuevo espacio será establecer y aplicar la limitación de las compras especulativas de vivienda en la ciudad, una medida que emana del reciente acuerdo de presupuestos alcanzado entre los Comuns y el Govern de la Generalitat.
A través de una carta formal, Tarafa ha solicitado que esta mesa aborde a la mayor brevedad los trámites, estudios e informes necesarios. La intención de la formación es que este trabajo desemboque en la aprobación de un nuevo plan especial urbanístico, impulsado directamente desde el consistorio.
Una vivienda en Barcelona en una imagen de archivo
En su misiva, la líder de BComú ha recordado que el próximo pleno municipal tiene prevista la aprobación de una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para sentar la premisa de que las viviendas de Barcelona son para vivir, no para hacer de ellas un negocio.
Sin embargo, Tarafa ha advertido de que la modificación del MPGM "no será suficiente", por lo que considera imprescindible "remachar el clavo" y culminar el proceso con el diseño de dicho plan especial para que Barcelona asuma el liderazgo y sea la primera ciudad catalana en aplicar estas restricciones.
Veto a la especulación
El Govern de Salvador Illa y los Comuns han alcanzado un acuerdo para los Presupuestos de la Generalitat de 2026 que convertirá a Catalunya en la primera comunidad autónoma en limitar la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas.
A través de la Ley de Urbanismo, la medida prohíbe a los grandes tenedores --cinco o más inmuebles-- adquirir pisos que no sean para su domicilio habitual o para destinarlos al alquiler regulado, mientras que permite a los pequeños propietarios comprar exclusivamente para uso propio, una única segunda residencia en otro municipio, o para arrendamiento con precios topados.
Obras de construcción de viviendas en una imagen de archivo
Este pacto, que eleva la partida presupuestaria de vivienda a 1.200 millones de euros e involucra a los ayuntamientos en su aplicación directa, busca oxigenar el mercado inmobiliario priorizando en todo momento la función social y residencial de los inmuebles.
Apertura del 'Bo Lloguer Jove' en marzo
Mientras el debate sobre la especulación sube de tono en el Ayuntamiento, a nivel autonómico la Generalitat busca aliviar la asfixia económica de los inquilinos de menor edad.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, anunció este jueves que en la primera quincena de marzo se abrirá la nueva convocatoria del Bo Lloguer Jove (Bono Alquiler Joven).
Esta línea de ayudas, dotada con una partida de 29 millones de euros financiados por el Ministerio de Vivienda, consistirá en la concesión de una cuantía fija de 250 euros mensuales durante un periodo máximo de dos años.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante un acto en Montcada i Reixac (Barcelona)
Para poder acceder a este balón de oxígeno, los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos estrictos: residir en Catalunya, ser menores de 35 años y acreditar una fuente regular de ingresos que no supere el límite de 25.200 euros anuales.
Pisos compartidos
La Generalitat ha detallado las particularidades para los pisos compartidos, una realidad muy habitual en áreas tensionadas. Si conviven varios jóvenes en una misma vivienda y solicitan la ayuda de forma individual, los ingresos económicos se calcularán de manera individualizada. Del mismo modo, en el caso de los alquileres de habitaciones, solo se computará el sueldo de la persona solicitante.
Para que la ayuda sea efectiva en el área metropolitana de Barcelona, el precio del alquiler mensual no podrá superar el tope máximo de 900 euros para un piso completo o de 450 euros en el caso de arrendar una habitación. Además, los beneficiarios estarán obligados a justificar el pago aportando los recibos correspondientes donde figuren los datos del inquilino, el arrendador, el concepto y el importe abonado.