Dos manifestaciones distintas, porque sus impulsores no fueron capaces de llegar a un acuerdo. La ANC por la mañana y entidades, sindicatos, --con apoyo de ERC--, por la tarde. Poca cosa. Movilización mínima. En los dos casos, aunque la de la ANC fue, casi, ridícula.

El independentismo lleva semanas buscando una ligazón entre los despropósitos del servicio de Rodalies –la falta de inversión histórica se paga ahora, aunque coincida con un plan a medio plazo— y un proyecto político que se ha visto que no ha servido para nada y que se quiere resucitar.

El intento causa sonrojo. Y la ciudadanía no ha respondido. Debería ser una señal para que los dirigentes independentistas, --el papel de Lluís Llach al frente de la ANC no merece ya ningún adjetivo—reaccionen y asuman que no se puede vivir del engaño permanente.

La movilización de la tarde de este sábado tenía un mayor sentido. La ciudadanía puede y debe expresar el enfado por un servicio que no está a la altura. Pero también debe tomar conciencia de las decisiones que toma. Lo explica de forma diáfana el catedrático de organización de empresas, Benito Arruñada, en su libro La culpa es nuestra. Porque los políticos acaban llevando a cabo lo que los electores reclaman o desean a corto plazo.

Y los partidos catalanistas antes –hoy independentistas—pusieron el acento durante años en el AVE, y no tanto en el ferrocarril convencional. Tenemos hoy, por tanto, el fruto de políticas que se habían aplaudido: la conexión por AVE de las cuatro provincias catalanas.

El intento burdo, y parece que estéril, del independentismo para aprovechar el momento a costa del desastre de Rodalies de Renfe, provoca vergüenza ajena. Esa es la realidad.

Otra cosa es ver cómo se puede asegurar una inversión a medio y largo plazo, sostenida en el tiempo, que mejore y consolide un servicio de ferrocarril que resulta complemente esencial para el futuro de Catalunya. Y eso sólo podrá pasar por un pacto de país, en Catalunya, y en colaboración con Renfe, a partir de la empresa mixta liderada por el Govern de la Generalitat que se ha creado.

Decir que el Estado trata de “forma colonial” a Catalunya muestra o una gran ignorancia o mala fe. Porque los gobiernos españoles –a los que se debe presionar para que cumplan con los acuerdos y ejecuten las partidas presupuestarias—actúan a partir de las demandas y de las necesidades políticas que se encuentran en el Congreso de los Diputados. Ni más ni menos.

El servicio de Cercanías de Renfe, o si se quiere el servicio del ferrocarril convencional, no se ha cuidado en España en los últimos decenios. No sólo en Catalunya. En Andalucía las carencias también son enormes. El Estado no es un ente que lucha en contra de Catalunya, como quiere hacer ver el independentismo, que ya ha demostrado con creces sus fracasos y el enorme engaño colectivo de los últimos 15 años.

El Estado, que engloba al conjunto de administraciones y gobiernos –el presidente de la Generalitat es el representante del Estado en Catalunya—tiene presupuestos, partidas para diferentes cuestiones. Las ejecuta en función de lo que sucede en cada ejercicio. Hay crisis económicas periódicas, que paralizan inversiones previstas, porque las prioridades se sitúan en otros ámbitos. Y hay políticas con más brillo que otras.

España, en su conjunto, se ha equivocado al apostar con tanta determinación por la alta velocidad. Y los dirigentes, tanto del PSOE como del PP, lo saben. Ahora es complicado dar marcha atrás. Pero el interés en los próximos años se deberá situar en el transporte más cercano, en los desplazamientos de trabajadores, profesionales, estudiantes o turistas alrededor de las grandes ciudades como Barcelona.

Lo que se juega Catalunya en los próximos diez años es ni más ni menos que su futuro como país competitivo en su región de influencia, en el sur de Europa. La construcción de más vivienda –protegida y en el mercado libre—la inversión económica en empresas tecnológicas, la reindustrialización o los servicios de logística—sólo se podrán llevar a cabo en un radio amplio, alrededor de la región metropolitana de Barcelona. Y sin un transporte público seguro y eficaz todo eso será imposible.

La solución no está, en ningún caso, en pedir la “vía de la independencia”. Está en la colaboración leal, y también en la exigencia responsable y en la presión constante frente a los gobiernos centrales. Con todos detrás, sería más factible.

Con la división y los mensajes pueriles, como los de Llach, lo que se consigue es un sentimiento de vergüenza ajena, de hacer ver que no ha pasado.