Hace unos días en la prensa de Barcelona se publicó un artículo que empezaba con la frase de que “Catalunya sigue lejos de los objetivos de reciclaje fijados por Europa”, y que “el desarrollo de estos modelos (sistemas), que ha crecido en los últimos años, se ha visto ralentizado ligeramente por la cercanía de las próximas elecciones municipales”.
El artículo y otras informaciones me llevan a una serie de reflexiones, o más bien de realidades.
La primera es patente: el calendario político marca mucho más que el bienestar de los ciudadanos. Es un hecho que difícilmente se puede cambiar.
La segunda y en la que me quiero centrar, pues aquí sí se pueden plantear mejoras si existe voluntad política (y que ojalá algún partido político recoja el guante) es la asfixia verde: Cómo la Agenda 2030 ha convertido a Cataluña y Barcelona en el laboratorio de la hiperimposición fiscal.
Bajo el paraguas y la “nunca criticable” (si no quieres ser tildado de negacionista climático) sostenibilidad, el bolsillo de los contribuyentes españoles y de manera dramática el de los catalanes y barceloneses está experimentando un cambio radical y difícilmente reversible, a no ser que haya un cambio en la manera de actuar de los que nos gobiernan.
Lo que comenzó en 2020 como una declaración de intenciones alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, se ha consolidado en 2026 como una maquinaria fiscal implacable.
La llamada "fiscalidad verde" nació como un incentivo para la transición ecológica, pero en manos de unos gobernantes talibanes del cambio climático se ha transformado en un mecanismo de recaudación asfixiante para los ciudadanos y las empresas.
Desde el inicio de la Agenda 2030 no han parado de crearse nuevos tributos y nuevas tasas, tanto a nivel nacional como autonómico y municipal. En muy pocos años, en España hemos visto, por ejemplo, cómo se creaban e implementaban nuevos tributos de corte directo como el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables, el gravamen sobre el depósito de residuos en vertederos o el Impuesto sobre Gases de Efecto Invernadero.
Si a estos le sumamos la tasa de basuras obligatoria municipal por ley estatal, que prohíbe explícitamente a los ayuntamientos subvencionar este servicio con otros ingresos, la estocada a los recursos económicos de los hogares españoles es definitiva.
Pero, esta “estocada” ¿es igual para todos los españoles?
No, no lo es. Y no lo es independientemente de la renta (cosa que podría ser lógica), sino que sobre todo depende de la comunidad autónoma y el municipio donde se viva. Y es aquí donde Cataluña, y por ende Barcelona, se lleva la palma en cuanto a la presión fiscal que sufrimos los ciudadanos y empresas locales.
Si España es el tablero de juego de la Agenda 2030, Cataluña es su laboratorio más agresivo. La comunidad autónoma ostenta el récord histórico de poseer el mayor número de tributos propios del país. Con un agravante estadístico demoledor: cerca del 60% de estos impuestos exclusivos son de carácter medioambiental.
Un catalán, a igualdad de renta con un madrileño o un andaluz, paga significativamente más por el simple hecho de residir en su comunidad.
Tributos como el Impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos penalizan la movilidad de las clases medias y trabajadoras que no pueden costear la transición hacia un vehículo eléctrico. A esto se suman, por ejemplo, el Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas (aquí es igual la renta de cada individuo) o las subidas de los cánones del agua.
Y si hablamos de Barcelona…Barcelona se ha convertido en una de las ciudades con mayor presión fiscal por habitante de España, rozando ya los 1.000 euros anuales de media en tributación municipal de carácter directo. El Ayuntamiento de Barcelona ha optado por la vía de la asfixia económica para cumplir con los ratios europeos.
El ejemplo más flagrante es el incremento escalonado del 30% anual en la Tasa de Recogida de Residuos Comerciales, una medida que ahoga al tejido PYME y al comercio de barrio.
En paralelo, la Agenda 2030 urbana ha justificado un aumento sin tregua del recargo turístico municipal que, si bien se vende como un peaje al visitante, erosiona la competitividad del principal motor económico de la ciudad.
Desde la llegada a la alcaldía de Ada Colau hasta ahora, nuestros gobernantes han utilizado la bandera de la sostenibilidad para engrosar las arcas públicas castigando de forma implacable la capacidad económica real de los ciudadanos y las empresas de nuestra ciudad.
El criticar, o simplemente dar visibilidad a esta realidad te convierte de facto en un despiadado negacionista climático y en un asesino de la biosfera delante del “woquismo climático”.
Creo que exponer esta realidad no es negar que haya que hacer políticas para mitigar el cambio climático, pero ante el castigo fiscal que estamos sufriendo los barceloneses (sí, mi ciudad) existen alternativas mucho menos gravosas y totalmente probadas en otras ciudades de nuestro entorno occidental: podemos y debemos pasar del castigo fiscal a la bonificación inteligente.
Es una auténtica falacia hacernos creer a los ciudadanos de que la única forma de cumplir con la Agenda 2030 es pagar más. Europa demuestra que existe un camino alternativo y mucho más justo: la fiscalidad de incentivo positivo.
En lugar de recaudar mediante multas encubiertas y tasas lineales, ciudades de referencia internacional han demostrado que premiar las buenas conductas es más eficiente que penalizar las necesidades básicas.
Vamos a poner diferentes ejemplos que se podrían implementar en Barcelona (trasladables también a otros lugares) y que ayudarían a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 a la vez que no significarían quebrantos en las economías de los hogares y de las empresas, al menos en aquellas que pudieran cumplir con esos objetivos:
En Flandes, Bélgica, existen los llamados Sistemas de Pago por Generación Real por el que los ayuntamientos deben abandonar las tasas de basura fijas y generalizadas. Mediante el uso de contenedores inteligentes con tarjeta de identificación ciudadana, se establece un tramo exento o un "crédito gratuito" de residuos al año por hogar.
Aquellos ciudadanos que demuestren separar correctamente el plástico, el vidrio y el papel verían bonificado su recibo hasta la exención total del recargo de basuras, premiando el esfuerzo del vecino en lugar de castigarlo de antemano.
En Lombardía, Italia, nos encontramos con las bolsas inteligentes (o identificadores por Chips): bolsas vinculadas a la tarjeta sanitaria del ciudadano que permiten al software municipal monitorizar quién reduce drásticamente su bolsa de rechazo (basura común). Aquellas familias eficientes reciben descuentos directos automáticos de hasta un 30% en la tasa de residuos del año siguiente.
Ciudades como Berlín o Múnich en Alemania permiten que los bloques de pisos y comunidades de vecinos “autogestionen su eficiencia”: si un edificio demuestra altos índices de reciclaje se permite sustituir sus contenedores de rechazo por unos más pequeños o espaciar la recogida de esa fracción, lo que se traduce en una bajada drástica e inmediata en la factura de la comunidad de propietarios.
Otro ejemplo sería el Sistema de Depósito y Recompensa Directa que se está implantando en las ciudades de Noruega o Alemania, por el que en los supermercados se instalan máquinas de retorno de envases. Al introducir un envase de plástico, lata o vidrio, el ciudadano recibe el reembolso de una “fianza” depositada en la compra. El reembolso puede ser en efectivo o mediante vales de compra inmediatos.
Hay más ejemplos, pero ya sólo con alguno de estos y, poco a poco, ir implantando los mismos u otros similares o más novedosos o imaginativos, esa asfixia verde que sufrimos dejaría de apretarnos como lo está haciendo ahora.
Para acabar deberíamos hacer una pregunta a nuestros gobernantes: las propuestas de la Agenda 2030, ¿son para mejorar el planeta o para asfixiar al ciudadano?
Se está demostrando que el incentivo económico positivo logra tasas de recuperación mucho mayores que aquellas que se consiguen con la presión fiscal.
La Agenda 2030 no tiene por qué ser sinónimo de confiscación. Es hora de exigir a los gobernantes del Ayuntamiento de Barcelona, y por ende de la gran mayoría de municipios, que dejen de utilizar el medio ambiente como la coartada perfecta para cuadrar sus presupuestos y empiecen a aplicar la tecnología para devolver el dinero a los ciudadanos que sí cumplen con el planeta.
Sr. Collboni (y resto futuros candidatos a la alcaldía de Barcelona), ¿toman nota?