El último Barómetro Semestral realizado en Barcelona mantiene a la inseguridad como el segundo problema más grave percibido por los ciudadanos, sólo superado por el principal y mayor problema que es el acceso a la vivienda. La inseguridad ha sido un clásico desde la llegada a la alcaldía de Ada Colau, y probablemente volverá a serlo de aquí a un año.

Las ciudades no se vuelven inseguras de un día para otro. Tampoco recuperan la confianza ciudadana mediante ruedas de prensa o campañas institucionales. La seguridad es, en gran medida, una cuestión de credibilidad, y Barcelona no es una excepción.

Durante los años de gobierno de Ada Colau, el debate sobre la inseguridad adquirió una dimensión peculiar. Mientras una parte creciente de la ciudadanía expresaba preocupación por los hurtos, por la okupación, por el comercio ilegal, por la violencia de las nuevas bandas y por los demás delitos, el discurso colauista se centraba en explicarlo exclusivamente como consecuencia de las desigualdades sociales, y a la vez relativizaba el problema.

El error político fundamental no fue negar que existieran delitos, el error fue transmitir la impresión de que quienes denunciaban esos problemas estaban exagerando y manipulando la realidad. No se dieron cuenta de que cuando los vecinos observan fenómenos que consideran evidentes y las autoridades insisten en que el problema es menor de lo que parece, comienza a romperse un vínculo esencial: la confianza.

Y la realidad tiene una característica incómoda: siempre acaba imponiéndose.

La realidad fue que con Colau los manteros no solamente seguían ocupando determinados espacios, sino que los incrementaron en nuevas zonas. Los vecinos seguían denunciando conflictos derivados de ciertas ocupaciones, sobre todo de aquellas que se pueden escribir con “k” de oKupación.

Los comerciantes continuaban alertando sobre hurtos y robos. Los propios cuerpos policiales, especialmente la Guardia Urbana, expresaban públicamente su preocupación. Y mientras todo ello ocurría, el mensaje oficial seguía insistiendo en que Barcelona continuaba siendo una ciudad segura, y que eran precisamente los cuerpos de seguridad los que creaban la inseguridad con sus “desproporcionadas” actuaciones.

Y aunque en una pequeña parte del discurso probablemente había algo de razón, políticamente hablando ya había poco que hacer: la cuestión ya no era la seguridad, la cuestión era la credibilidad.

El mensaje que recibió la ciudadanía fue devastador: quienes debían garantizar la seguridad y quienes debían dirigirla desconfiaban mutuamente. El resultado fue una erosión progresiva de la autoridad institucional.

La realidad es que la credibilidad resulta sorprendentemente fácil de perder, mientras que recuperarla. Eso es precisamente lo que está comprobando hoy Jaume Collboni.

Desde su llegada a la alcaldía se ha producido un evidente cambio de tono. Se habla más de seguridad, se respalda más claramente a los cuerpos policiales y se reconoce con mayor naturalidad la existencia de problemas de convivencia. En consecuencia, se abordan más los problemas porque se reconoce que existen esos problemas. Sin embargo, los ciudadanos no juzgan únicamente lo que escuchan hoy, sino lo que llevan años observando.

Por eso el reto que ha tenido el alcalde de Barcelona durante estos tres primeros años de mandato ha consistido en convencer nuevamente a los ciudadanos de que las instituciones eran capaces de identificar los problemas, describirlos con honestidad y actuar sobre ellos sin filtros ideológicos.

¿Lo ha conseguido?

Visto los resultados del último Barómetro y vista la evolución de este, parece que la percepción prácticamente es la misma que desde el inicio del mandato.

Collboni ha estado y está en una posición interesante: probablemente no se le ve como el responsable del problema, sino como alguien que heredó un déficit de credibilidad cuya corrección es mucho más lenta que su deterioro, aunque a la vez se le ve también como aquel socio de gobierno de Colau durante sus dos mandatos, y con el agravante de que las responsabilidades en seguridad dependían de su partido.

¿Y qué pasará el próximo año?

Lo que vuelve a estar en juego es el modelo de ciudad, o así se planteará por parte de los diferentes partidos políticos (nada nuevo).

Es probable que las próximas elecciones municipales en Barcelona no se decidan por la movilidad, el urbanismo o la limpieza, sino por un par de cuestiones mucho más básicas: la vivienda (el primer y principal problema observado) y la seguridad (del que estamos hablando ahora).

Y en concreto sobre este ¿Quién ofrece una explicación más creíble sobre lo que ha ocurrido en la ciudad durante los últimos diez años?

El gobierno de Collboni intentará convencer a los ciudadanos de que es posible recuperar el orden sin romper el modelo de ciudad abierta y diversa que ha caracterizado a Barcelona, esa ciudad “olímpica y universal” que construyó Maragall.

La izquierda populista y la independentista seguirán defendiendo que la inseguridad no puede separarse de las desigualdades sociales, y que sólo la mayor igualdad llevará a la seguridad deseada.

La derecha tradicional, tanto la constitucionalista como la independentista, seguirán defendiendo que el problema es más de orden que de desigualdades sociales.

Y fuerzas como Aliança Catalana o VOX insistirán en que el origen del problema está precisamente en que durante demasiado tiempo se evitó relacionar inmigración, integración y delincuencia.

La batalla política no será únicamente sobre estadísticas policiales. Será una batalla sobre la interpretación de la realidad. Porque cuando una sociedad pierde la confianza en el relato oficial, deja de preguntarse cuántos delitos se producen y empieza a preguntarse quién está diciendo la verdad.