La campaña contra los peajes se levantó en Catalunya por cuestiones políticas, por el agravio comparativo respecto a otras comunidades españolas. Todo ello convenientemente adobado por el populismo independentista.
El discurso no se hizo en torno a la desmesura de las ganancias de las concesionarias, que convertían en beneficios netos más del 40% de los ingresos; un robo técnico aún más flagrante cuando se trataba de un servicio público ofrecido por una empresa privada, pero muy intervenido y, en teoría, controlado.
No, el relato fue netamente populista. Por eso, hubo quien aun viendo el disparate jugó al mutismo cobarde. Es lo que le ocurrió a Artur Mas, pese a que los autores de aquella barbaridad eran sus hermanos pujolistas.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament
Salvador Illa ha levantado la liebre ante la contundencia del desastre de la AP-7 y ante la constatación de que todo el mundo está de acuerdo en que fue un error. Nadie se ha opuesto, a lo sumo se han establecido condiciones otra vez populistas, como ha hecho Oriol Junqueras, que se sumó a aquel movimiento y lo rentabilizó todo lo que pudo.
Cabe suponer que el Govern ya tiene aquilatada una salida con Madrid, que tampoco está libre de pecado en este asunto. Primero, accedió a las pretensiones del no vull pagar y, luego, ha jugado su particular partida del gato y el ratón con Bruselas para escurrir el bulto.
Del compromiso inicial de arbitrar una solución tipo viñeta en 2023 a la promesa de reinventar el transporte ferroviario y aproximar la tasa de tráfico de mercancías a Europa. Seguimos por debajo del 5%, frente al 17% de la UE. El objetivo es alcanzar el 10% en el 2030, cuando la Unión espera estar en el 30%.
En fin, que todo apunta a que el populismo continuará mandando en la política de movilidad. Cuando oigo a Manel Nadal citar a España y a la extracción de recursos de Cataluña desde el propio Govern de Illa pierdo la esperanza.
Manel Nadal, director general de Movilidad de la Generalitat
En un momento en que el todo el mundo sufre la presión de la desregulación y la privatización, cuando algunos gobiernos sensatos tratan de enfrentar esos embates con medidas como la alemana sobre las pensiones, en nuestro país seguimos entregados a la demagogia.
Visto con la perspectiva de cinco años, parece claro que el problema no era el peaje, sino su cuantía: el modelo bicoca que se había creado para asegurar el negocio de las concesionarias sin pensar en el largo plazo.
La misma perspectiva debería servir para reabrir el debate del peaje de entrada a Barcelona, donde sus habitantes pagan más por la vivienda y por el mantenimiento de los servicios municipales que sus vecinos; además de respirar peor aire.
Interior del túnel de Glòries, el cuentagotas de la entrada norte de Barcelona / AJ BCN
En 2020 el consistorio optó por desistir con excusas peregrinas como la existencia de otros peajes. Se aplicó la zona de exclusión para vehículos contaminantes, que penaliza a la gente con menos recursos y que deja de tener sentido en la medida en que el parque móvil se electrifica. Un parche.
Frente a quienes defienden la reducción de los recursos y de las prestaciones del Estado, otros proponen una pequeña contribución por parte de los beneficiarios. No hablan de educación o salud, sino de cuestiones como la movilidad, el medio ambiente.
Un mínimo pago por uso que expulsaría, por ejemplo, a quienes meten sus viejos trastos en la autopista para ir al pueblo de al lado y ahorrarse las tres rotondas que se encuentra para hacer esos cinco kilómetros. Una forma de poner orden.