La idea ha ido cobrando forma en los últimos meses. Las afirmaciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en relación a la necesidad de construir ciudades más densas, para generar una mayor oferta de vivienda, se podrían concretar si se alcanza el consenso político.

Lo que tenemos ahora es una proposición de ley pactada por los socialistas y por los comunes. Los dos grupos apuestan por aumentar la edificabilidad de los inmuebles, por reconvertir oficinas y hoteles en vivienda y por subdividir grandes pisos. Lo que reclaman es que se pueda incrementar el parque de vivienda protegida en los municipios tensionados, que son, en realidad, la mayoría de los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona.

Se tratará de vivir más juntos y en edificios más altos. Sobre el papel es una mejora para todos. Se genera más vivienda, y los servicios alcanzan un mayor rendimiento cuando se concentran en una población que vive en un territorio cohesionado.

Pero, ¿querrán los alcaldes que se lleve a cabo un plan intensivo en esa dirección? La densidad en un municipio como L’Hospitalet, por ejemplo, es de las más altas de Europa. Su alcalde, David Quirós, está más preocupado en cómo rehabilitar muchos edificios de determinados barrios de su ciudad que en generar más y más vivienda. Y como Quirós muchos otros alcaldes que reciben la presión de sus vecinos.

La disyuntiva, en muchos casos, es bastante clara: los vecinos votan cada cuatro años y lo hacen en función de los servicios que reciben y de las demandas atendidas o no por parte de sus representantes políticos. Lo ha señalado de forma descarnada el exalcalde de Barcelona, Joan Clos, en una entrevista en Metrópoli.

Los alcaldes deben priorizar y las mayores peticiones que reciben en los últimos años pasan por zonas verdes, espacios para respirar, mejoras en los centros de atención primaria o centros de día para la población más mayor.

¿Entonces? La competencia, como recordaba Clos, sobre la vivienda la tiene la Generalitat. El plan, por tanto, lo debe elaborar el Govern de Salvador Illa, pero no puede hacerlo sin contar con los solares que ofrezcan los municipios.

Eso ya se ha comenzado a hacer, pero no masivamente, porque no todos los actores implicados desean que las ciudades metropolitanas sean cada vez más densas. Al contrario. El signo de los tiempos camina en dirección contraria.

La batería de medidas que el grupo parlamentario que apoya al Govern de Salvador Illa y los comunes han pactado forma parte del acuerdo alcanzado sobre los presupuestos de 2026. Y se pueden aplicar sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

Hay urgencia por dar respuesta a las necesidades del mercado, con muchos jóvenes que se ven en la tesitura de salir del ámbito metropolitano para acceder a una vivienda. Pero la cuestión de la densidad podría ser un muro insalvable.

La idea es incrementar en un 20% la edificabilidad residencial, superando, si es necesario, la altura reguladora. Y se contempla aumentar hasta un 20% la densidad prevista en suelos urbanos no consolidados y urbanizables.

Lo que está sobre la mesa exige, por tanto, un gran pacto entre el sector y todas las administraciones implicadas. Y las diferencias, por ahora, son importantes. Nada se podrá hacer, en primer lugar, sin los alcaldes, que se deben al interés general, sí, pero también deben defender los intereses de sus vecinos, los que viven hoy en cada municipio y que mañana tendrán el voto para decidir si los actuales ediles siguen o no en sus cargos.