No es nada nuevo si digo que el acceso a la vivienda en Barcelona —y en Catalunya en general— se ha convertido en una carrera de obstáculos difíciles de salvar. Mientras el precio del alquiler bate récords año tras año, la compra es un lujo inalcanzable para las clases medias y para los jóvenes.

Ante este escenario, el debate político sigue atrapado en un bucle de recetas intervencionistas que no solo no solucionan el problema, sino que lo agravan exponencialmente.

En lo único que parece que todos se ponen de acuerdo es en que faltan viviendas para tanta demanda...

Sin embargo, la solución a la escasez de oferta no requiere inventar la pólvora, sino recuperar la audacia de una propuesta formulada hace dos décadas por un socialista... ¿atípico? Joaquim Nadal.

Si retrocedemos en el tiempo y nos vamos a mayo de 2004, en el marco de Tribuna Barcelona en el Hotel Ritz, el entonces consejero de Política Territorial i Obres Públicas de la Generalitat lanzó una tesis que aún hoy en día haría reír a la mayoría: un Plan Parcial residencial bien coordinado podía —y debía— tramitarse y aprobarse en un plazo de seis meses.

Su visión culminaría en el diseño del Pacte Nacional per a l'Habitatge (2007) y en la creación de las Áreas Residenciales Estratégicas (ARE), herramientas urbanísticas supramunicipales diseñadas para saltarse la asfixiante burocracia local y poner suelo finalista en el mercado de forma exprés.

La propuesta de Nadal destaca como una anomalía pragmática y brillante dentro del socialismo y, sinceramente, todos aquellos políticos que tanto ayer como hoy se ríen de tal propuesta, mejor sería que se volvieran a sus casas y dejaran paso a otros.

El Conseller entendió un principio económico elemental que la izquierda actual ha olvidado: el problema de la vivienda es, fundamentalmente, un problema de oferta. Si la Administración estrangula la producción de suelo con plazos de aprobación que a menudo superan los cinco o diez años, el resultado inevitable es la escasez y el encarecimiento del producto final.

Las ARE de Nadal eran un torpedo directo a la línea de flotación de esa inercia burocrática, una liberalización procedimental que buscaba una colaboración público-privada masiva para inundar el mercado de suelo edificable.

Desgraciadamente, el estallido de la crisis financiera de 2008 congeló el crédito y sepultó aquellos planes antes de que pudieran dar sus frutos. Fue una trágica oportunidad perdida.

Recuperar hoy el espíritu de aquel plan, adaptado a la necesidad actual de simplificación normativa y seguridad jurídica y apoyado con unas medidas fiscales que abarataran el coste de la construcción y la transmisión de la vivienda, seguramente sería un gran impulso tanto para la construcción como también la forma más directa de bajar los precios mediante el estímulo real de la oferta.

Frente a la valentía de aquel enfoque, la parálisis y la falta de ambición, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años resulta clamorosa.

El consistorio dispone de competencias urbanísticas suficientes para ser el motor del cambio, sin embargo, ha optado por el repliegue regulatorio en lugar de liderar una gestión del suelo ágil y proactiva que facilite la edificación. Ha faltado audacia política para romper con los corsés administrativos tradicionales y ha faltado ambición para aliarse de forma decidida con el promotor privado.

Pero es que, además, esta falta de coraje municipal se ha visto agravada por un giro radical hacia políticas profundamente erróneas en la última década por parte tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat.

El acceso de los ciudadanos a la vivienda ha retrocedido, fundamentalmente por el signo ideológico de las leyes. El empeño en legislar mediante el control de precios de los alquileres, las moratorias hoteleras y urbanísticas, y la imposición de reservas obligatorias del 30% para vivienda social en suelo urbano consolidado, han generado el efecto contrario al deseado.

Las consecuencias de este intervencionismo eran predecibles: el capital huye, la inversión en nueva edificación se desploma y miles de propietarios retiran sus inmuebles del mercado de alquiler tradicional por temor a la inseguridad jurídica y a la okupación. Al destruir los incentivos del mercado, las administraciones han contraído la oferta de forma drástica, empujando a los ciudadanos a un entorno mucho más competitivo y excluyente.

La paradoja es flagrante. Mientras un consejero socialista a principios de siglo proponía desatascar la maquinaria del suelo en seis meses para producir vivienda, los gobernantes contemporáneos prefieren perseguir al propietario y sobre regular el sector.

Va siendo hora de abandonar el dogmatismo restrictivo que ha empobrecido a los ciudadanos y mirar atrás sin complejos. Recuperar el urbanismo exprés, la agilidad burocrática y la visión de altura que en su día defendió Joaquim Nadal es una vía ambiciosa y valiente que, tanto Barcelona como Catalunya, necesitan para volver a edificar su futuro.