El Born debía, y aún puede, convertirse en el primer APEU de la ciudad y así demostrar que la colaboración entre comerciantes y administración funciona. Para ello solo hace falta que unos dejen de querer beneficiarse gratis… y que otros dejen de poner obstáculos.

Hay una escena demasiado repetida en Barcelona: uno detecta un problema, otro encuentra una solución y, justo cuando toca ponerla en marcha, aparecen las administraciones para decir a los anteriores que "quietos parados", que todavía no es posible. Con las APEU llevamos casi una década así. Mientras tanto, el comercio se organiza como puede.

La Associació d’Amics del Passeig de Gràcia, por ejemplo, ha anunciado que pagarán asistencia jurídica a las víctimas de robos y hurtos en los establecimientos de su zona.

Teniendo claro que es una buena iniciativa --y de gran impacto mediático-- nos deja, a la vez, una incómoda pregunta: ¿dónde está la colaboración público-privada en un problema tan grave como la seguridad?

Llevamos casi diez años hablando de las APEU, las Áreas de Promoción Económica Urbana, la versión catalana de los BID (Business Improvement Districts) que funcionan desde hace décadas en ciudades como Londres o Toronto.

Brevemente, y para el que no sepa a qué nos referimos con estas "áreas o distritos" de promoción económica, decir que son aquellas zonas comerciales (incluidos también los despachos profesionales) que se organizan, planean y priorizan ámbitos de actuación y calculan las necesidades económicas para llevarlo a cabo. Como los que, inicialmente, se benefician son toda la "comunidad" económica de la zona del proyecto, todos deben de contribuir a financiarlo. Es razonable.

Pues bien, después de casi diez años de haber empezado a trabajar las APEU en Barcelona, después de haber realizado un par de pruebas piloto (en Sant Andreu y en El Born), la casa sigue por barrer.

¿Quién o quiénes han sido los culpables de que sigamos, si no todavía en el punto de partida, en las primeras casillas de la "partida"?

Dos culpables claros, cada uno con sus "razones": comerciantes y administraciones, y un tercero inducido, a veces por el primero a veces por el segundo: las asociaciones de vecinos y su miedo a que su barrio se convierta en un centro turístico comercial.

Empecemos por los comerciantes, no por grado de culpabilidad, simplemente porque es el primero "nombrado" anteriormente.

El sistema tradicional de las asociaciones de comerciantes tiene una pequeña trampa. Una parte de los comerciantes paga una cuota y organiza campañas, iluminación, promoción, actividades o servicios. Los demás, estén asociados o no, disfrutan igualmente de buena parte de los beneficios, y el problema es el recurrente "que pague otro".

Las APEU nacen precisamente para terminar con esta situación: si una mayoría suficientemente amplia vota y aprueba la constitución de una APEU, todos los establecimientos incluidos contribuyen. No porque pagar les divierta, sino porque una actuación colectiva necesita financiación colectiva.

Y aquí hay que decir algo que quizá no guste a algunos comerciantes: no se puede reclamar constantemente más seguridad, más promoción, más limpieza, más actividades y más atractivo comercial y, cuando llega la factura, esconderse detrás de la persiana.

La colaboración público-privada significa que cada parte contribuya económicamente en las soluciones, no significa en absoluto que el Ayuntamiento lo pague todo.

Pero la Administración, segundo “actor”, tampoco puede esconderse. A pesar de que durante las pruebas piloto se dijo por activa y por pasiva de que los comerciantes no querían pagar, la realidad no fue así, pues tal y como recogió un informe jurídico municipal de 2019, la financiación de los pilotos debía proceder del Ayuntamiento porque no existía aún el instrumento adecuado para imponer las cuotas.

La Ley catalana 15/2020 resolvió, poco tiempo después, gran parte del problema, con lo que nos encontramos en la situación de que las reglas existen y que la excusa jurídica ya no sirve.

Estamos en 2026, y en Barcelona seguimos sin disponer del reglamento municipal necesario para que el primer APEU sea una realidad.

¿Qué parte del problema está en el proyecto y qué parte está en quien tiene que permitir que el proyecto funcione?

Una Administración debe regular, garantizar, controlar y defender el interés general, pero no debería convertirse en una carrera de obstáculos para quien intenta hacer algo. La función de la Administración es buscar soluciones a los problemas, no buscar problemas a las soluciones.

¿Y si miramos cómo están funcionando en Londres o en Toronto?

Las APEU, los BID, ya están inventados, no son experimentos ni teorías académicas, los ayuntamientos recaudan las cuotas y las organizaciones empresariales gestionan sus propios proyectos. Y lo mejor o la clave de todo es que funcionan. Y funcionan porque, probablemente, estos comerciantes saben perfectamente qué es lo que quieren conseguir.

Los comerciantes no necesitan promesas de que su zona será mejor, lo saben. Lo que necesitan saber es cuánto pagarán, qué acciones priorizarán y realizarán y cuáles serán los resultados. Si la propuesta es concreta, la cuota deja de ser considerada como un nuevo impuesto y pasará a convertirse en una inversión.

Y para acabar con los "culpables", no nos podemos olvidar de los vecinos.

Las asociaciones vecinales han mostrado, generalmente, su posición contraria al modelo comercial que representan las APEU (como por ejemplo el colectivo Ciutat

Vella no está en venda). Sus temores van desde que piensan que el espacio público será gestionado por asociaciones de comerciantes hasta que "las mejoras" acaben contribuyendo a una mayor gentrificación. Son preocupaciones legítimas, y precisamente por eso no deberían resolverse rechazando el modelo, sino mejorándolo.

¿Y por qué no incorporar a las asociaciones vecinales y a las entidades del barrio a un órgano consultivo del APEU? Tanto en Londres como en Toronto los vecinos también son consultados y escuchados. Es una buena manera de demostrar que colaboración público-privada no significa "comerciantes contra vecinos".

El modelo es muy sencillo: comerciantes que pagan y gestionan; Ayuntamiento que regula, garantiza y presta los servicios públicos que le corresponden; y vecinos que participan, fiscalizan y ayudan a definir qué actuaciones son compatibles con la vida del barrio.

Hoy parece que los APEU no son una prioridad para los ejes comerciales, probablemente debido al cansancio de años de lucha, pero sigue siendo --al menos para el que escribe esto-- una buena herramienta y solución para revitalizar zonas comerciales.

Quizá habría que plantearse que, cuando un "invento" funciona, como ocurre con los BID en otras grandes ciudades de Europa y América, lo mejor es adaptar el mismo a las singularidades particulares del lugar, tocando lo menos posible la "maquinaria" (regulación).

He empezado el artículo diciendo que El Born debía, y aún podía, convertirse en el primer APEU de la ciudad, y acabo el mismo diciendo que El Born tiene una oportunidad y que tiene todos los ingredientes para convertirse en el primer APEU de Barcelona, pero hay tres condiciones: la primera corresponde a los comerciantes (dejar atrás el "que pague otro"), la segunda corresponde al Ayuntamiento (dejar atrás el "ya lo estudiaremos") y tercera corresponde a los vecinos (dejar atrás todos sus "miedos al capitalismo").

¿Apostamos por los APEU?