El sindicato de inquilinas (Sindicat de Llogateres, en Barcelona) tiene muy buenas intenciones. Que haya vivienda para todos es un deseo justo, digno, equitativo y saludable. Incluso solidario. Lo que no parece tener es claridad terminológica y analítica. Para empezar, no es un sindicato. Un sindicato es una asociación de trabajadores definidos por su posición objetiva en el mundo económico: carecen de capital y tienen que vender su fuerza de trabajo a un empleador, a veces también llamado capitalista.

La sindicación les da la fuerza que proporciona la unidad.

Otra confusión tiene que ver con su visión sobre el origen del problema de la vivienda.

Desde luego no es específico de los jóvenes. Salvo que sean pobres. Los ricos, jóvenes o viejos, logran fácilmente pagarse un techo. O lo hacen sus padres.

Sus discursos sugieren que el principal problema son los propietarios o, como poco, algunos especialmente codiciosos: los fondos buitres. No es así: el conflicto de la vivienda deriva de que es un bien necesario sometido a los vaivenes del mercado y regido por sus leyes, que hace que constructores e inversores busquen el máximo beneficio en el menor tiempo posible.

Esto rige para la vivienda y también para los que especulan con el pan, el agua, la energía eléctrica, la telefonía, el gas y, últimamente, la derecha lo potencia hasta en la sanidad y pretende hacerlo con las pensiones. En cuanto tenga mayoría parlamentaria.

A este sistema, que no orienta la actividad económica a satisfacer necesidades sino a producir lucro, se le llama capitalismo.

No llamarle así es uno de los problemas que dificulta encontrar una solución viable.

En su versión más cruda, el actual neoliberalismo que postulan el PP y Junts defiende que la única solución es que los gobiernos no intervengan en el mercado. Es el laissez faire, laissez passer de los fisiócratas del siglo XVIII.

Junts, ya se sabe, no ha evolucionado desde 1714. El PP, simplemente, no ha evolucionado.

Ya se ha visto el resultado: carestía, gente sin techo y desahucios, que son caras de la misma moneda.

Esta misma semana se han manifestado en Barcelona ganaderos y campesinos. Pedían para sus productos “un precio justo”. ¿Cómo se determina eso? Y ¿quién lo hace?

En la economía de mercado la cosa está clara: el precio justo es el máximo que pueda obtenerse por el producto porque quien lo compra, después de todo, es porque tiene ese dinero o está en condiciones de tenerlo.

Hay otras formas de enfocar la producción de bienes. Una consiste en abolir la propiedad privada. Eso, hoy por hoy, está muy lejos de ser posible en Barcelona, España, Europa y Occidente, en general.

Queda la intervención de los poderes públicos regulando el mercado. Al menos los productos esenciales. A ese sistema mixto de propiedad privada e intervención reguladora se le llama desde hace tiempo socialdemocracia. Es el que intentan llevar a la práctica, no siempre con éxito, el Gobierno saliente de Pedro Sánchez -empujado por sus socios de Sumar-, el de Salvador Illa y también Jaume Collboni en la ciudad de Barcelona.

Un ejemplo de sus resultados: entre 2014 y 2024 el precio del alquiler en Barcelona subió un 70%. El pasado año, tras declarar la ciudad zona tensionada, bajó un 4,7%.

Las voces agoreras de casi siempre vaticinaron que esa medida, más el anuncio de no prorrogar las licencias a los pisos turísticos, haría que los propietarios retirasen sus pisos del mercado y, por lo tanto, el precio del alquiler se disparase. No ha ocurrido y, a fecha de hoy, hay 1.700 viviendas más en alquiler que antes de tomar estas medidas.

Probablemente será un empuje en la misma dirección el aumento de hasta un 150% del IBI a los 10.000 pisos turísticos que hay en la ciudad. Nota: no es un 150% universal, sólo afecta a los grandes tenedores, es decir, los propietarios de más de cuatro viviendas dedicadas a esta actividad (el 60% del total). Para los que sólo tienen una (3 de cada 10), el aumento es del 50%.

Este impuesto generará unos siete millones para las arcas municipales y se dedicará a vivienda social.

Esto no soluciona del todo el problema, pero parece claro que no está en manos del alcalde nacionalizar el suelo y acabar con uno de los elementos que más contribuyen a disparar especulativamente el precio de la vivienda. Pero si el todo no es posible, bien está que se acometa una parte.

Salvo Irene Montero y sus amigos de Podemos (ahora asociados al independentismo de ERC) casi todo el mundo sabe que un porcentaje del todo es bastante más que el ciento por ciento de nada. No es extraño que su comportamiento deje a tanta gente anonadada.