Marcelino Madrigal es un experto en redes que informó a la policía la semana pasada de que algunas plataformas digitales convocaban manifestaciones y algaradas para el sábado en Barcelona. Ha contado que nadie le hizo caso, que nadie le devolvió la llamada. Y, luego, pasó lo que pasó.
Los medios de comunicación sí le han prestado atención: ha salido en todas partes para explicar sus descubrimientos y para citar a Descartes --“Si no está en nuestro poder el discernir las mejores opiniones, debemos seguir las más probables”-- a propósito de qué hacer ante la duda.
Las redes volvieron a convocar disturbios para el lunes por la tarde en Sants, y a la plaza de Espanya acudieron muchos policías, pero ningún manifestante.
No es la primera vez ni será la última que los rumores, los bulos, incluso los avisos discretos nos ponen a prueba y consiguen sembrar la incertidumbre. Es materialmente imposible cubrir todas las sospechas, los indicios, las posibilidades de disturbios que circulan por las redes; y sus promotores lo saben. Ahora, tenemos la vista puesta en el sábado próximo, y no solo en Barcelona.
Concentración en favor de Ceuta en la plaza Sant Jaume de Barcelona
A pesar de que en 2021 se produjo una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta, el 30 y el 31 de julio pasados la llegada de casi 80.000 inmigrantes cogió por sorpresa a los servicios aduaneros españoles.
Se ha desatado una gran polémica en torno a la falta de información –o de respuesta-- por parte de la Administración española. La movida, que se organizó a través de las redes sociales desde plataformas oscuras, pilló con el paso cambiado al Gobierno.
Es cierto que la irrupción de hace cinco años tuvo lugar tras la autorización del tratamiento hospitalario en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, algo que molestó a Rabat. Y también que esta primavera Pedro Sánchez viajó a Argelia, el país que facilita a Ghali un pasaporte diplomático para viajar, lo que sin duda tampoco sentó bien en la corte de Mohamed VI.
Pasividad
Aun y con esos antecedentes, las huellas de la convocatoria digital de julio no dispararon las alarmas en los servicios secretos españoles. Por distintas razones, se consideró que aquello apenas se diferenciaba de otros llamamientos similares; como los que se produjeron después, en pleno agosto.
El resultado es una nueva fuente de incertidumbre en torno a algo que la mayoría considerábamos estable, o al menos sometido a tiranteces habituales que no pasaban de ajustes arancelarios o dificultades para el paso fronterizo de ciudadanos marroquíes residentes en Europa.
Imagen de una manifestación masiva de estudiantes en París el 24 de octubre
La policía y la justicia investigan a los cerebros de los sucesos de Barcelona. Hacen lo mismo que en Francia, Italia, Polonia, Albania y hasta en 12 países europeos donde hay una base social para la protesta salvaje y donde se producen algaradas similares.
Se busca a los promotores, y puede que se dé con ellos. Pero conviene tener presente la sofisticación del terrorismo de nuestros días, cuando incluso hay servicios secretos que contratan a elementos desvinculados de sus países respectivos para que actúen como mercenarios. Sin otro vínculo que el dinero, y tampoco de sumas que permitan su trazabilidad.
Todo apunta que habrá que conformarse con saber a quién beneficia y a quién perjudica la nueva kale borroka. Podría decirse que el objetivo de estos movimientos, la desestabilización, se ha logrado; ha sido un éxito.
Ahí están los comerciantes y los restauradores con sus quejas, como si fueran las únicas víctimas, pese a que fueron avisados de la información que tenía la policía en las horas previas a los altercados.
A quién beneficia
Es evidente que la derecha y la ultraderecha españolas tratan de aprovechar los disturbios porque entienden que les pueden favorecer. Lo que no parece tan obvio es que la dirección del PP ignore que la violencia callejera impulsa mucho más el voto de los ultras que el de los conservadores, que en realidad ayudará más a Vox en su carrera por el sorpasso o por el reemplazo, como prefiere distinguir Iván Redondo.
Alberto Núñez Feijóo tiene previsto visitar hoy Barcelona para reunirse con los comerciantes, ofrecerles apoyo y anunciar su propósito de endurecer el Código Penal: quiere capitalizar a fondo el rendimiento político de los disturbios. Pese a que con ello contribuya objetivamente a la incertidumbre que promueven los alborotadores porque lo hace a costa de responsabilizar a unos adversarios políticos que están al margen de los disturbios.