La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona acoge desde este lunes, 9 de febrero, uno de los juicios más complejos de los últimos años: el del crimen de Sant Andreu de la Barca.
En el banquillo de los acusados se sienta el único sospechoso de haber acabado con la vida de un hombre el 11 de mayo de 2020, en un caso que desafía a los investigadores debido a una ausencia total de pruebas físicas: no hay cadáver, no hay arma del delito y el vehículo de la víctima sigue desaparecido.
Un ajuste de cuentas por drogas
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el móvil del crimen fue una deuda económica derivada del tráfico de marihuana.
El acusado y la víctima mantenían una relación personal y comercial que se había deteriorado gravemente desde 2019 debido a los impagos del procesado. Tras varios intentos fallidos de contacto, la víctima logró que el acusado le respondiera al teléfono el día de los hechos.
Audiencia Provincial de Barcelona en imagen de archivo
Ambos se citaron en una nave industrial alquilada por el sospechoso en Sant Andreu de la Barca con el objetivo de saldar la deuda.
Según el Ministerio Público, la última señal de vida de la víctima fue una llamada perdida que realizó al acusado al llegar a la nave para que le dejara entrar con su coche. A partir de ese momento, su teléfono se apagó y nunca más se supo de él.
Sin rastro del coche ni del móvil
La tesis de la Fiscalía sostiene que el acusado terminó con la vida de su socio de forma "no determinada" dentro del recinto.
Posteriormente, el investigado habría abandonado el lugar en su furgoneta con destino a Gavà, portando consigo el móvil del fallecido para deshacerse de él en un lugar indeterminado.
A día de hoy, la desaparición es absoluta. No se ha recuperado el coche con el que la víctima llegó a la cita, ni su terminal telefónico, ni lo más importante: sus restos mortales.
A pesar de este "vacío" de pruebas físicas, el Ministerio Fiscal mantiene la acusación de homicidio basándose en la sólida cadena de indicios y en las desavenencias previas que amigos de la víctima confirmarán durante el juicio.
Penas y testigos
Por estos hechos, la Fiscalía solicita una condena de 15 años de cárcel, además de cinco años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la familia del fallecido.
El juicio, que contará con un jurado popular, se alargará hasta el próximo 23 de febrero. Durante las sesiones, está previsto que desfilen numerosos testigos y especialistas que tratarán de reconstruir las últimas horas de un hombre del que, seis años después, la tierra parece haberse tragado.