Un lío judicial ha congelado una investigación de una presunta trama criminal en Barcelona. El protagonista es el notario Sergi G.D, acusado de estafar a 20 personas vulnerables, como ancianos y personas con discapacidad o problemas psicológicos.
La causa principal por este fraude inmobiliario lleva un lustro rebotando de juzgado en juzgado, provocando la indignación de las víctimas, que siguen sin respuestas: el procedimiento se inició hace cinco años y los principales investigados todavía no han declarado.
Según El Periódico, las víctimas acudían engañadas creyendo que firmaban préstamos personales para obtener liquidez inmediata, aunque lo que realmente rubricaban ante el notario barcelonés era una opción de compra sobre su propia vivienda por un precio irrisorio.
Proceso laberíntico
Por si fuera poco, otorgaban un poder "irrevocable" para que el prestamista tuviera la opción de vender el inmueble de manera unilateral y sin previo aviso. Las informaciones policiales indican que todo pertenece a un "entramado de personas" y empresas que, con la connivencia del notario, "actúan de forma conjunta" para engañar a las víctimas.
La macrocausa penal comenzó a andar en 2021 en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, donde se fueron acumulando las denuncias debido al idéntico patrón de los fraudes. Sin embargo, las pesquisas encallaron de forma sistemática a pesar de la insistencia de la Fiscalía de Barcelona y de las acusaciones particulares.
Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo
A finales de 2025, buscando desbloquear la situación, el fiscal consiguió que la causa se traspasara al Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, que ya había investigado a la trama en 2018.
Este órgano reabrió el caso el pasado 28 de noviembre y aceptó unificar todas las denuncias, aunque tampoco se llegó a buen puerto.
'Carpetazo' de la Audiencia
Las defensas de los investigados han logrado asestar un duro golpe al caso. La Audiencia de Barcelona dictó una resolución el pasado 11 de mayo de 2026 que anula la prórroga de la investigación penal que Instrucción 32 había concedido en octubre de 2024.
El tribunal provincial determina que la instrucción debió concluirse obligatoriamente el 10 de octubre de 2024, haciendo que cualquier prueba, declaración o acumulación de nuevas denuncias posterior a esa fecha sea extemporánea y nula.
A expensas de los recursos presentados a contrarreloj por la Fiscalía, las acusaciones y el Col·legi Notarial de Catalunya, el caso regresa a la casilla de salida.
Exterior de la Audiencia de Barcelona, donde ha sido condenado el culturista
El juzgado solo podrá juzgar a la trama con las pruebas recabadas antes de octubre de 2024. Hasta la fecha, sólo han declarado dos de las casi veinte víctimas y las citaciones de los cabecillas han quedado suspendidas en el aire.
Al borde de la impunidad
La polémica aplicación del artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —que limita las fases de instrucción penal a 12 meses salvo prórrogas estrictamente justificadas— amenaza ahora con dejar el caso en la más absoluta impunidad.
Toda la estrategia de las acusaciones se basaba en demostrar la existencia de un patrón común y coordinado: víctimas vulnerables, sociedades interpuestas, precios de derribo y operaciones inmobiliarias irregulares formalizadas siempre ante el mismo notario, Sergi G. D.
Cuando el caso se blindó en Instrucción 3, ya se habían detectado al menos 17 operaciones bajo sospecha y se había ordenado tasar los inmuebles afectados.